miércoles, agosto 22, 2012

Probando Justicia

Publico esta nota con la intención de dar seguimento a una nota que fue publicada aquí hace tres años encabezada "En Huamuxtitlán, otro crimen de militares que es juzgado por militares".

 A veces, muy pocas veces, hay una semblanza de justicia en el estado de Guerrero y en nuestro querido México. Aunque esto no significa que habrá justicia, es un logro inmenso y abre la puerta para que la justicia deje de ser un espejismo de una simulación aquí en Guerrero, y se acerca más la posibilidad de que la justicia se alcance en nuestra región del mundo donde la justicia ha sido sólo un sueño guajiro por siglos (algunos dirían desde la llegada de los invasores europeos).

 

Inconstitucional, artículo de código militar

El Universal - 22 agosto 2012 

María de la Luz Gónzalez

Por ocho votos contra dos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo 57, fracción II, inciso “a”, del Código de Justicia Militar, que extiende la competencia de los tribunales castrenses a todos los delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas. 

El fallo se dio en la resolución del amparo que interpusieron familiares de Bonfilio Rubio Villegas, asesinado por militares en 2009, para que el juicio en contra del responsable de su muerte salga del fuero militar y, por ahora, sólo es aplicable a este caso concreto. 

Aunque la votación de ocho a dos basta para establecer jurisprudencia, por tratarse de amparo se requieren otras cuatro resoluciones en el mismo sentido, sin un fallo en contrario que interrumpa la secuencia, lo cual es previsible que ocurra en las próximas sesiones del debate sobre fuero militar en las que están pendientes aun 27 amparos. 

La fracción II del artículo 57 del Código de Justicia Militar, en la que se basaron los tribunales castrenses para conocer de estos asuntos, ha sido considerada inconstitucional o inconvencional por la mayoría de los jueces de amparo que remitieron los expedientes a la Corte. 

Los juzgadores ampararon a varios de los demandantes, entre ellos la sargento segundo Silvia Hernández Tamariz y 16 soldados del Noveno Batallón de Infantería de Jalisco, en contra de los autos de formal prisión que les dictaron jueces militares, por considerar que no eran competentes para conocer de sus respectivos procesos. 

El argumento de los jueces de amparo fue que el referido precepto es contrario al artículo 13 constitucional, que regula el fuero militar, y a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como al criterio fijado por la Corte al analizar la sentencia del caso Radilla, en el sentido de que el fuero militar no aplica en violación a derechos humanos. 

En el amparo resuelto ayer, el pleno confirmó la sentencia del juez sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en Cholula, Puebla, Carlos Alfredo Soto Morales, quien ordenó a un juez militar declararse incompetente en el proceso que se siguió al soldado Valentín Alejo Hilario por el homicidio culposo de Rubio. 

Los ministros Salvador Aguirre, Margarita Luna, Luis María Aguilar y Jorge Mario Pardo sostuvieron que para analizar la validez del artículo impugnado era suficiente el artículo 14 constitucional, sin incluir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, por ampliar el fuero de guerra a delitos ajenos a la disciplina militar. 

La ministra ponente Olga Sánchez Cordero propuso turnar el expediente un juez federal, porque el homicidio de Bonfilio Rubio Villegas fue cometido por un servidor público de la federación en ejercicio de sus funciones, como integrante en activo de las Fuerzas Armadas, pero José Ramón Cossío consideró que el caso corresponde a un juzgado del fuero común. 

La sentencia de amparo estableció que el artículo 57 del Código de Justicia Militar en la fracción impugnada no debe aplicarse en el futuro en perjuicio de los demandantes y que el expediente debería remitirse al Juzgado de Distrito del Estado de Guerrero.

lunes, agosto 13, 2012

Zihuatanejo a Medios

De veras, los medios sí merecen nuestro repudio, pero no hablo de Televisa u otro medio nacional sino los dizque periódicos locales de Zihuatanejo y Guerrero que publican más opiniones que hechos, y sin embargo van completamente ignorados por el dizque movimiento #YoSoy132 que supuestamente se queja de la "falta de democracia", o sea la parcialidad, en los medios.

Este lunes 13 de agosto 2012 dos notas me llamaron la atención por tipificar la falta de profesionalismo y la falta de sensibilidad de los medios, que en lugar de reportar aparentemente creen que tienen una misión de fomentar la anarquía y la falta de respeto a la democracia.

La primera nota aparece en casi todos los medios locales y se trata de unos contrapeñanietenses, unos de 132 y otros supuestamente no, que manifestaron durante la Carrera Televisa Ixtapa 2012. Pues la manifestación, que quizás representa la opinión y desde luego la mala educación de una puñada de residentes, recibió más atención en los medios locales que el evento mismo, que ni aparece en la sección de Deportes de varios de ellos. Pues, para empezar nosotros quienes trabajamos para atraer el turismo y quienes vivimos del ello nos habría gustado por lo menos una mención de la carrera, pero más importante es que en este mundo digital las notas locales ya son leídos en el extranjero y afecta nuestra imagen y en su turno nuestra industria turística. Por reportar sobre la pequeña manifestación, que ni importancia ni relevancia tiene, durante un evento mayormente turístico demuestra una clara falta de lealtad de los periódicos hacia la comunidad que les da sustento a su negocio. 

La otra nota que me molesta por no identificarse con la parte de la comunidad que respeta el Estado de Derecho y que apareció en varios medios zihuatanejenses hoy se trata de una manifestación por parte de unos supuestos invasores de tierras que aún no se han regularizado (afortunadamente). Se están quejando porque el nuevo titular de la dependencia estatal FIBAZI (Fideicomiso de la Bahía de Zihuatanejo)  quiere aplicar la ley, remover los invasores donde sea posible y no otorgar más cambios de uso de suelo que permitan la permanencia de los invasores en las tierras ajenas que ahora habitan. Aparte de los invasores mismos, creo que casi todos los habitantes de Zihuatanejo están de acuerdo con el nuevo director de FIBAZI. Pero lejos de exigir o por lo menos preguntarse sobre la aplicación de la ley, los periódicos toman el lado populista, me imagino pensando que así se venderán más ejemplares.

Están tan perdidas en su afán de opinar su política que parece no saber ni qué es ni cómo hacer su trabajo periodística. Pero sí aceptan pagos para publicar casi cualquier cosa por parte de particulares, ayuntamientos y políticos. Ya es más y más difícil encontrar reporteros profesionales con orgullo de su profesión. Parece que casi todos se prostituyen para llamar la atención a una audiencia menos educada y menos interesada en hechos reportados honestamente. Es parecido a lo que los 132eros acusan a Televisa y  a TVAzteca aunque en mi juicio muy personal ellos sí son medios bastantes profesionales en comparación con casi todos los demás que tenemos.

lunes, septiembre 05, 2011

La Hormiga y la Cigarra - una realidad mexicana

DOS VERSIONES DE LA MISMA HISTORIA

VERSIÓN CLÁSICA

La hormiga trabaja a brazo partido todo el verano bajo un calor aplastante. Construye su casa y se aprovisiona de víveres para el invierno.

La cigarra piensa que la hormiga es tonta y se pasa el verano riendo, bailando y jugando.

Cuando llega el invierno, la hormiga se refugia en su casita donde tiene todo lo que le hace falta hasta la primavera.

La cigarra, tiritando, sin comida y sin cobijo, muere de frío

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VERSIÓN MEXICANA

La hormiga trabaja a brazo partido todo el verano bajo un calor aplastante.

Construye su casa y se aprovisiona de víveres para el invierno.

La cigarra piensa que la hormiga es tonta y se pasa el verano riendo, bailando y jugando.

Cuando llega el invierno, la hormiga se refugia en su casita donde tiene todo lo que le hace falta hasta la primavera.

La cigarra, tiritando, organiza una rueda de prensa en la que se pregunta por qué la hormiga tiene derecho a vivienda y comida, cuando hay otros, con menos suerte que ella, que tienen frío y hambre.

La televisión organiza un programa en vivo en el que la cigarra sale pasando frío y calamidades, y a la vez muestran extractos del video de la hormiga bien calientita en su casa y con la mesa llena de comida.

Todo mundo se sorprende de que en un país próspero como el suyo dejen sufrir a la pobre cigarra mientras hay otros que viven en la abundancia.

Las asociaciones contra la pobreza, el PRD, el PT, AMLO,  los maestros y la Comisión de Derechos Humanos se manifiestan delante de la casa de la hormiga y la pintarrajean.

Los periodistas organizan una serie de artículos en los que cuestionan cómo la hormiga se ha enriquecido a espaldas de la cigarra... e instan al público a opinar en sus encuestas telefónicas y por internet, a través de una mañosa pregunta donde tienen qué escoger si son partidarios de la igualdad o de la discriminación. (Como la 'egoísta e insensible hormiga')

Respondiendo a las encuestas de opinión, el congreso se pronuncia por una Ley sobre la igualdad económica y una Ley Anti-discriminación.

Los impuestos a la hormiga son elevados notoriamente y por si fuera poco, se le asigna una altísima multa porque no se hizo cargo de la cigarra, en el invierno.

La hormiga decepcionada, empaca y termina por irse a otro país, donde su esfuerzo sea reconocido y pueda disfrutar libremente de los frutos de su trabajo... donde no se le juzgue ni se le castigue, cuando tenga éxito.

La antigua casa de la hormiga se convierte en albergue social para cigarras que irresponsablemente se reproducen, que esperan a que alguien llegue a donarles el alimento y los recursos para sobrevivir dignamente ellas y sus descendientes.

Al gobierno se le reprocha no poner los medios necesarios. Los partidos proponen una comisión de investigación pluripartidista, que costará 100 millones de pesos.

Entretanto la cigarra muere de una sobredosis de holganza, comida y cerveza. Los medios de comunicación comentan el fracaso del gobierno para corregir las desigualdades sociales y la injusticia económica..

La casa termina siendo ocupada por una banda de arañas inmigrantes.

viernes, julio 01, 2011

Justicia corrupta contra gente humilde de Barra de Potosí

Una vez más la corrupción y la avaricia atentan contra gente humilde de la Barra de Potosí. Primero fueron los buitres apestosos de Interad S.A. de C.V. con sus tácticas mafiosas quienes intentaron intimidar y despojar de su terreno del Cerro de Guamilule a la familia Garibo Vargas, batalla que los Garibo Vargas ganaron juridicamente. Ahora aparece otra escoria de la humanidad en la forma de José Luis Alejandro Espíndola López que pretende hacer lo mismo, aparentamente con la ayuda de un juez cuyo profesionalismo es sumamente cuestionable dados los antecedentes de este asunto. Parece que este juez prefiere ignorar las evidencias y los fallos anteriores sobre este asunto, pero el juez y el señor Espíndola López no pudieron ignorar a la gente indignada con machetes y piedras esperándoles el día jueves, 30 de junio del año en curso cuando intentaron despojar de su patrimonio a la familia Garibo Vargas. La lucha contra la corrupción está tomando lugar aquí en Zihuatanejo y en La Barra de Potosí, y tiene muchísimos militantes listos para luchar contra esta maldad.


Impide una familia con piedras y machetes su desalojo de un predio en Barra de Potosí


El Sur de Acapulco - 1 de Julio, 2011


Brenda Escobar - Barra de Potosí


Integrantes de la familia Garibo Vargas y de la Unión Campesina Democrática (UCD), con machetes y piedras impidieron que el juez segundo penal de Primera Instancia del Distrito de Azueta, diera posesión del cerro del Guamilule al presunto dueño que lo reclama como suyo, pese a que los Garibo Vargas han vivido en ese lugar desde 1961.


A finales de 2008, Isabel Garibo Vargas y su esposo Eulises Damián López fueron denunciados penalmente en la agencia del MP de Atención al Turista en Zihuatanejo por José Luis Alejandro Espíndola López, acusados por el delito de despojo del cerro del Guamilule, presuntamente propiedad del denunciante.


Desde 1961, la familia Garibo Vázquez tiene la posesión de este cerro, hecho conocido por todos los vecinos de Barra de Potosí y alrededores; a lo largo de los años, los Garibo y sus once hijos han sembrado palmeras y árboles frutales y han preparado el cerro para pastizales.


Desde julio de 2008, la familia Garibo Vargas, representada por la señora María Isabel, ha emprendido una lucha contra distintas personas, presuntos dueños de esas tierras, quienes pretenden despojarlos de las 148 hectáreas de tierra con vocación turística y privatizarla.


Uno de esos supuestos dueños son los socios que conforman la empresa Interad SA de CV, quienes para desanimar a los Garibo presuntamente les han enviado hombres que han quemado y destruido en tres ocasiones la casa que tenían en la parte más alta del cerro; la última vez, el 10 de julio de 2008.


Además de las agresiones a su patrimonio, la familia Garibo Vargas enfrentó en ese mismo año dos denuncias penales por el delito de despojo; una interpuesta por los representantes legales de la empresa Interad, y la otra, por el particular José Luis Alejandro Espíndola López, ésta última en noviembre de ese año.


El supuesto agraviado, Espíndola López, jamás ha tenido la posesión de esas tierras, amén que no es una persona conocida en la comunidad Barra de Potosí, la cual fue fundada a finales de los años 50.


En su momento, Isabel Garibo y su esposo presentaron copias certificadas de la denuncia por despojo que meses antes habían enfrentado por parte de la empresa Interad SA de CV, las cuales constan en la averiguación previa AZUE/PETA/047/2008 en la que le demostraron plenamente que desde 1961 la familia Garibo Vargas tiene la posesión del cerro.


Además, presentaron las copias certificadas de la causa penal 22/2009-2 de esa empresa, representada jurídicamente por Pedro Olea Bracamontes, en las que demostraron que el juez responsable de la causa negó la orden de aprehensión en su contra porque la empresa presuntamente agraviada –Interad SA de CV– no demostró que tiene la propiedad sobre el predio del que la familia Garibo tiene la posesión desde 1961.


También le exhibieron copias del informe que en su momento rindió el director jurídico de lo contencioso, José Arturo Monterrubio Nájera, y la subdirectora de Colonias Agrícolas y Ganaderas, ambos funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria; en el que informan que en esa dependencia no obra ningún título de propiedad del cerro, pero aún así el agente del MP que integró la denuncia determinó que había elementos para solicitar el ejercicio de la acción penal en contra de Garibo Vargas y de su esposo, por lo que consignó la denuncia al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia en el Distrito de Azueta, cuyo juez, Carlos Meza Román, giró una orden de aprehensión en contra del matrimonio el mes de abril pasado.


Garibo y su esposo, solicitaron que el expediente 40-2/2011 fuera enviado al Tribunal de Alzada en el puerto de Acapulco, para que una instancia superior volviera a revisar el caso, toda vez que en un juicio anterior ya habían sido juzgados y exonerados por el mismo delito, “pero en el camino perdieron el expediente durante dos meses, con la finalidad de darle tiempo al juez para hacer la diligencia que quisieron llevar a cabo hoy jueves”, dijo la señora Isabel.


Ayer jueves, el juez Carlos Meza, acompañado del segundo secretario de acuerdos de su tribunal, así como por el presunto propietario del cerro del Guamilule, sus abogados y varios policías preventivos del municipio de Petatlán, intentaron llevar a cabo la diligencia en la que le daría posesión de las tierras a Espíndola López, quien además llevaba a un matrimonio que aseguró son sus huerteros (cuidadores del cerro), que han vivido ahí durante mucho tiempo.


El juez y acompañantes fueron recibidos por unos 25 integrantes de la familia Garibo Vargas así como por miembros de la UCD encabezados por Bernardo Solís Radilla, quienes machete y piedras en mano, advirtieron a los recién llegados que “aquí no van a hacer nada”, al tiempo que Isabel Garibo le mostró a Meza Román un amparo que le concedió el Juzgado Cuarto de Distrito de Guerrero contra cualquier acción que él pretendiera hacer en ese lugar.


Durante unos 10 minutos, el abogado del supuesto dueño, José Luis Delgado, y los miembros de la familia Garibo sostuvieron una conversación ríspida, “vuélveme a amenazar de muerte como lo hiciste aquella vez que fuiste a mi puesto, vuélvelo a hacer aquí delante de todos”, lo retó la señora Garibo.


Luego de leer el documento, el juez se dirigió a sus acompañantes y les dijo que ese amparo le impedía llevar a cabo la diligencia, por lo que les recomendó que lo mejor era que se retiraran y así lo hicieron.


Isabel Garibo hizo un llamado al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Martínez Garnelo, “le pido que atienda personalmente este caso, no es posible que si ya fuimos enjuiciados y juzgados por el mismo delito y se nos declaró inocentes, este juez se esté prestando a corruptelas; porque no le puedo llamar de otra manera, se preste para perjudicarnos; somos gente pobre, pero honesta, de trabajo; no es posible que ese juez no conozca las leyes y le haya dado entrada a un asunto que es meramente agrario”.


Comentó también que “aquí hemos vivido y aquí vamos a seguir viviendo, para que de una vez lo sepa el juez y toda la gente que lo acompañaron, la próxima vez no vamos a ser tan tolerantes”.


Más información sobre este nota:

Empresario pretende desalojar a una familia que vive en el cerro del Huamilule - La Voz de Zihuatanejo, 30 de Junio, 2011

Denuncia actuación irregular del juez, la familia que posee El Guamilule, en Barra del Potosí - El Sur de Acapulco, 23 de Junio, 2011

Denuncia familia hostigamiento del MP de Azueta por la posesión de un cerro en Barra de Potosí - El Sur de Acapulco, 21 de Junio, 2011

lunes, junio 06, 2011

Ecocidio y corrupción en Barra de Potosí

Una vez más parece que el gobierno municipal de Petatlán se presta a la corrupción y hace caso omiso a su deber de representar los intereses de su municipio, poniendo sus intereses personales ante los intereses de su municipio. Aunque le fue señalado hace más de 2 meses que la constructora "Inmobiliaria Sol Ixtapa SA de CV" construía una carrereta a través de la selva, tapando un canal que fluye entre la Laguna de Potosí y la Laguna de San Valentín causando la sequía de Laguna de Potosí en perjuicio del patrimonio de la comunidad de Barra de Potosí y los demás pobladores colindantes a la laguna, aparentamente en violación flagrante de las leyes ambientales y seguramente haciendo un gran daño al ecosistema de la región, ni los dizque autoridades competentes ni los dizque representantes populares cumplieron con su deber de aplicar las leyes o representar a sus habitantes. Al contrario, parece que están en contubernio con los desarrolladores que están construyendo lo que ellos llaman "un desarrollo ecológico" llamado "Ecotouristic Development Laud" ("laud" por los quelonios que desovan en las playas cercanas). Pero obviamente no les interesa en lo más mínimo la protección de la ecología sino su destrucción y explotación para generar ganancias para pocas personas. Y una vez más parece que en lugar de cumplir con su deber de proteger el medio ambiente, PROFEPA se presta a la corrupción y protege los intereses de los desarrolladores, haciendo caso omiso también a su deber. Gobiernos que operan de esta manera merecen ser derrotados y sus cómplices encarcelados.

Minimiza la Profepa el daño ambiental a lagunas de Petatlán, acusa ex diputada federal

El Sur de Acapulco - 04 de Junio, 2011

Brenda Escobar - Zihuatanejo

Habitantes de la comunidad turística Barra de Potosí, denunciaron que el delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Guerrero (Profepa), Joel Ángel Tacuba García, ha minimizado el daño ambiental que la empresa Inmobiliaria Sol Ixtapa, SA de CV, ha hecho al canal natural que comunica a las lagunas Valentín y Potosí, “quién sabe con qué intenciones trata de hacer creer a sus superiores que este ecocidio no es de la magnitud con la que nosotros lo hemos venido denunciando”.

5 de Abril de 2011
5 de abril, 2011

4 de mayo, 2011
4 de Junio de 2011
4 de junio, 2011
Nivelando la carretera
nivelando

La ex diputada federal perredista y vecina de Barra de Potosí, Adriana Luna Parra, criticó que a dos meses de que los habitantes, pescadores y restauranteros de ese poblado han denunciado que el empresario e inversionista Víctor Alazraki, propietario de Inmobiliaria Sol Ixtapa, destruyó el canal natural por el que se comunican ambas lagunas en temporadas de lluvias, “el delegado Joel Tacuba se atreva a aseverar que es una obra reciente”.

Dijo que “sabemos de buena fuente que el delegado de la Profepa se ha atrevido a decir a sus superiores que la apertura de la carretera hacia la playa, cuya construcción ha destruido el canal al taponarlo con toneladas de tierra de tepetate y piedra bola no estaba hasta hace unos días, cuando le hemos presentado a la misma Profepa fotografías desde que empezaron a destruir esa parte del canal y que tienen más de dos meses, cualquier cosa contraria que diga Joel Tacuba es una mentira”.

Luego, Luna Parra señaló que el presidente municipal de Petatlán, Albino Lacunza Santos, junto con el director de Ecología, Alberto García Blanco, “han estado engañando al pueblo de Barra de Potosí, no cumplen con sus obligaciones porque tendrían que ser los primeros en estar exigiendo a la autoridad federal, en este caso, la Profepa, que frene este daño que le han hecho a las lagunas ordenándole a la empresa que retire toda la tierra que tiene tapado el canal”.

“Sin embargo, quién sabe qué extraños intereses tienen el presidente municipal y el director de Ecología, pues es evidente que hay una protección inmoral fuera de sus funciones de los dos hacia Víctor Alazraki; nosotros ahorita estamos esperando una respuesta congruente por parte del delegado de la Profepa respecto a la denuncia que han puesto algunos de mis vecinos contra la inmobiliaria antes de que nosotros acudamos a la misma dependencia pero ante un funcionario mucho mayor que sí esté interesado en defender el medio ambiente por encima de otros intereses porque nos llama la atención que pese a que se denunció ya con tiempo, no ha habido ningún resultado de su parte”.

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Para más información visita Save Barra de Potosí