Inconstitucional, artículo de código militar
María de la Luz Gónzalez
ZIHUATANEJO IS A SMALL BUT GROWING CITY ON THE COAST OF THE STATE OF GUERRERO, MEXICO THAT SHARES ITS DESTINY WITH THE TOURIST RESORT OF IXTAPA 5 KM AWAY.
María de la Luz Gónzalez
Parece que desde la carcel sigue operando con todo su crueldad el cacique guerrerense y ex-presidente municipal de Petatlán, Rogaciano Alba Álvarez alias "El Roga", para silenciar a una persona valiente quien tuvo la fortaleza moral de hacer lo correcto y denunciarlo por el asesinato de Digna Ochoa Plácido, la abogada defensora de los campesinos ecologistas incluyendo Teodoro Cabreras y Rodolfo Montiel. Pero peor aún es que parece que quien fuera el asesino intelectual aún tiene tanta influencia para controlar (o darles miedo) a elementos del ejército y a los policías estatales. La Guerra Sucia no ha terminado en Guerrero, y la dizque guerra contra el narco parece ser un buen pretexto para encubrir actos violentos al mando de caciques, influyentes y corruptos.
El Sur de Acapulco - 21 de Abril, 2011
Zacarías Cervantes - Chilpancingo
El campesino de la sierra de Petatlán Javier Torres Cruz, reconocido porque denunció en la Procuraduría del DF al narcotraficante Rogaciano Alba como autor del asesinato de la abogada Digna Ochoa, fue asesinado la tarde del lunes por sicarios, presuntamente al servicio de éste, que se encuentra preso por presuntos vínculos con el crimen organizado. Asimismo, se informó que su hermano, Felipe Torres Cruz, se encuentra herido al parecer de gravedad.
Las organizaciones no gubernamentales Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), condenaron ayer este crimen y demandaron al gobierno estatal y federal la investigación del caso y el castigo a los responsables.
Marcelina Torres Cruz, hermana del activista asesinado, confirmó ayer vía telefónica a la dirigencia de estos dos organismos que su hermano Javier, de 30 años, fue emboscado aproximadamente a las 5:30 de la tarde del lunes cerca de La Morena, municipio de Petatlán, de donde es originario.
Los organismos informaron que la versión de otro de sus hermanos, Alejandro, es que Javier, “de manera extraña”, se trasladaba por el lugar conocido como Puerto de la Mosca, que se encuentra entre las comunidades de La Morena y La Barranca, en la Sierra de Petatlán, cuando fue recibido a balazos por un grupo de hombres encabezados por uno de apellido Arreola, mismos que fueron identificados como “sicarios” al servicio de Rogaciano Alba, revelaron Tadeco y el Ccti.
Alba Álvarez, ex presidente municipal de Petatlán y ex presidente de la Unión Regional Ganadera de Guerrero, actualmente se encuentra preso en el penal de La Palma, acusado de delincuencia organizada, contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
La información que recibieron los organismos de los familiares de Javier Torres es que al enterarse de la emboscada acudieron en su auxilio, pero también fueron recibidos a balazos y en esta segunda agresión resultó herido su hermano Felipe.
Posteriormente, la familia Torres pidió auxilio a la Policía Estatal y al cuartel militar del 19 Batallón de Infantería, sin embargo denunciaron que les negaron la ayuda con el argumento de que “no querían meterse en problemas”, sin explicar con quién no querían tener esos problemas.
El asesinato de Javier Torres Cruz está precedido de constantes amenazas, agresiones y el asesinato de algunos de sus familiares por grupos caciquiles, según venían denunciando, entre ellos el de Alba Álvarez, que pretendían despojarlos de su tierra.
Javier Torres interpuso una demanda penal en contra Rogaciano Alba Álvarez, en septiembre de 2007, por el asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido.
Tadeco y el Ccti recuerdan que desde entonces, la seguridad de él mismo y su familia había venido siendo amenazada “y cada vez era más frágil”, especialmente después de su secuestro e intento de desaparición en diciembre del 2008.
Añaden que el 21 de diciembre del 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordó el otorgamiento de medidas cautelares para Javier Torres Cruz, las cuales fueron reclamadas por él mismo el 7 de agosto del 2009 ante el titular del Ministerio Público de Azueta, que se presentó en la comunidad de La Morena para tomarle su declaración ministerial sobre la Averiguación Previa AZUE/PETA/111/2008, “las cuales nunca le fueron otorgadas de manera dolosa”.
Asimismo señalan que recientemente la familia Torres había descubierto que atrás de un “alarmante deterioro del estado de salud de Javier, había un intento de envenenamiento por parte de su esposa Adela Mojica Villa, quien, a su vez, antes de huir de la comunidad, les manifestó que recibía órdenes de los Arreola”.
En el comunicado de los dirigentes del Tadeco y del Ccti, se señala que Alejandro Torres les manifestó que ayer (lunes) “es probable que Javier haya sido citado por su esposa en el lugar donde fue emboscado para ver a sus hijos y aclarar su situación conyugal”.
“El asesinato de Javier Torres Cruz es resultado de la estrategia de despojo y explotación de los grupos de poder económico y político, que en contubernio con los malos gobiernos, es decir, la verdadera delincuencia organizada, mantienen una guerra de exterminio de pueblos y comunidades en distintos lugares del país y en particular en la sierra de Guerrero”, denunciaron los organismos.
En tanto, señalan que el Ejército mexicano ha mantenido una presencia intimidante y violatoria de los derechos de las comunidades mediante incursiones y persecuciones constantes.
“Javier Torres se resistió hasta donde pudo, pero finalmente sucumbió a la represión de sus enemigos dirigidos por Rogaciano Alba Álvarez, encubiertos por el Estado; a la traición de su propia esposa víctima del chantaje y el terror de las amenazas contra su familia; al desprecio e indiferencia cómplice del Estado que nunca le otorgó las medidas cautelares solicitadas ni los servicios que su comunidad reclama para romper el cerco de la marginación”, exponen.
Acusan que Javier Torres es una víctima más de la criminalización de la lucha social y de la llamada guerra del narco, “de esa guerra de capitales oscuros donde el Estado ha tomado partido y el gobierno de Calderón es parte de los contendientes, coludido con los grupos de poder político y económico integrados en las cúpulas de los partidos y en los grupos empresariales”.
Señalan que Torres Cruz “ha sido liquidado, asesinado, pero la lucha contra el despojo, la explotación, la represión y el desprecio se mantiene viva en la Sierra de Guerrero”.
Finalmente, Tadeco y el Ccti demandan el cese del hostigamiento a la familia Torres, de La Morena, protección y otorgamiento inmediato de medidas cautelares a los sobrevivientes. Asimismo, que se castigue a los asesinos.
También que se investigue debidamente y se aclaren los hechos del 16 de febrero del 2010, que se deslinden responsabilidades, que se aclare la situación jurídica de los presos Anselmo Torres Quiroz y Huber Vega Correa y se castigue a los agresores y asesinos de Adolfo Torres Rosas.
Además, “que no se utilice el discurso de la lucha contra el narcotráfico para encubrir actos de hostigamiento e intimidación en contra de las comunidades de la Sierra de Guerrero”, y que se “transparente” la presencia militar en la región y se esclarezca la presencia de paramilitares con informes fidedignos de sus acciones y resultados.
Piden, a la vez, la salida inmediata del Ejército mexicano de pueblos y ciudades de la Sierra de Guerrero y el regreso a sus cuarteles, castigo a los militares culpables de violaciones de derechos humanos y reparación de los daños causados a comunidades, organizaciones sociales y familias.
La aclaración, para evitar que se demeriten denuncias por incursiones pasadas
Tres desconocidos se escondieron en el pueblo; soldados dispararon, pero ofrecieron disculpas
La Jornada de Guerrero - el 26 de Abril del 2010
MARLÉN CASTRO
Chilpancingo, 25 de abril. El Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), fungiendo como portavoz de los habitantes de la comunidad Puerto las Ollas, del municipio de Coyuca de Catalán, aclaró que la incursión militar de ayer sábado fue porque un vehículo militar perseguía a tres desconocidos a bordo de una cuatrimoto, que al parecer portaban drogas.
La organización civil explicó que hacía la aclaración a petición de los habitantes, “para no provocar alguna falsa controversia con los mandos militares y demeritar las denuncias de las incursiones anteriores, y sobre las cuales está vigente la demanda de justicia y castigo a los culpables”.
El mismo sábado habitantes de Puerto las Ollas llamaron a algunos medios de comunicación para informar de la nueva incursión militar.
“Otra vez entraron los militares y quemaron y tiraron las pertenencias; a una de las mujeres que estaba cocinando le tiraron su comal y se quemó. Llegaron tirando balazos al aire, tirando la comida, empujando a todos, sin importarles si eran mujeres o ancianos. Nos gritaron palabras obscenas y buscando a los hombres del pueblo”, narró a La Jornada Guerrero Patricia Mendoza Garibay.
Pero este domingo, el Tadeco abundó que cerca de las 10 de la mañana habitantes informaron que habían escuchado algunos disparos por el lado de la cancha de la comunidad, y que desde la tienda Conasupo podían ver a un grupo de soldados.
Señaló la organización que como resultado de esa incursión hubo un accidente que no había pasado a mayores y que se había suscitado porque un vehículo militar perseguía desde Las Palancas a tres desconocidos que iban en una cuatrimoto, a quienes alcanzaron justo en la cancha de Puerto las Ollas, donde les dispararon para que se detuvieran.
Tales disparos habrían hecho blanco en la mochila en la que los desconocidos trasladaban droga, y como era normal, las detonaciones alarmaron a la población, que desconocía la razón de la presencia militar.
De acuerdo con el Tadeco, los militares pidieron comprensión, ofrecieron disculpas y se retiraron.
Asegura también que en las acciones “no hubo agresiones ni daños a la comunidad, salvo el cateo de una casa habilitada para albergar a peones de otras comunidades que eventualmente acuden a trabajar en la comunidad, donde al parecer querían esconderse los perseguidos”.
Por cuarta ocasión en un mes, y a dos días de que el gobierno de Estados Unidos haya anunciado investigar abusos militares en México por las incursiones en Puerto las Ollas, dos comandos de soldados ingresaron anoche a este poblado ubicado en la sierra.
De acuerdo con datos proporcionados por el coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, habitantes de la comunidad le informaron que alrededor de las 10 de la noche los soldados se colocaron en las áreas de cultivo entre Puerto las Ollas y Las Palancas, por lo que alertó “sobre cualquier incidente que pudiera suscitarse en perjuicio de los habitantes de estas comunidades”.
Las incursiones militares anteriores fueron objeto de un reportaje que fue presentado como nota principal del diario estadunidense The Washington Post, y generaron la reacción del gobierno de ese país, que advirtió que podría congelar recursos del Plan Mérida si se comprueban violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército.
Ayer por la mañana, Monroy Hernández dijo que en Puerto las Ollas hay zozobra y enojo luego de las tres incursiones anteriores del Ejército para hostigar y amedrentar a los habitantes, y aseguró que se instalará ahí un módulo para que la gente lleve sus demandas sociales.
En la reciente visita que hizo el Tadeco a Puerto las Ollas, Monroy Hernández percibió un gran temor en la gente, pero al mismo tiempo enojo, porque las personas viven “en una zozobra permanente” por la presencia militar, ya que altera la tranquilidad, la estabilidad emocional de los habitantes, incluso de los niños, quienes han mostrado en sus juegos el daño sicológico que los soldados han dejado en ellos.
“Vimos con preocupación que estas cosas están calando en los niños porque ahora sus juegos son las persecuciones y el esconderse, como hacen sus padres cuando llegan los militares”.
Sin embargo, comentó Monroy que observaron ánimo en las mujeres, quienes se han sentido apoyadas por organizaciones de derechos humanos, “eso les da valor para enfrentar a los militares, como lo hicieron en esta última ocasión, cuando les preguntaron cuál era el motivo de su presencia”.
Los habitantes denunciaron que sienten temor porque en esta última ocasión, aunque el Ejército entró para llevar a cabo un “supuesta investigación” sobre las agresiones de los soldados del batallón 40, se enfocaron más en ubicar con detalle cómo están construidas las casas, cómo y dónde están ubicadas, cómo está organizada la comunidad.
Ante esto, Monroy Hernández aseguró que instalarán en la comunidad un módulo de desarrollo comunitario, como en La Morena, para que conozcan sus derechos y busquen soluciones a sus problemas.
“No tienen maestros, la escuela está abandonada (que es más bien un aula), además los soldados destruyeron parte del mobiliario”, criticó el coordinador.
La vocera de la Red de Organizaciones y Grupos Ambientales de Zihuatanejo (ROGAZ), Obdulia Balderas Sánchez, lamentó el regreso de la violencia como en los años 70, así como el parecido del gobierno de Zeferino Torreblanca con el de Rubén Figueroa Figueroa, dijo respecto a la ejecución de dos ecologistas en Tierra Caliente y del Foro de Defensores de Derechos Humanos y Organizaciones Indígenas realizado el viernes en Tlapa, donde concluyeron que son víctimas de la represión del gobierno y la impunidad que propicia.
La ecologista dijo que le parecía alarmante que Rubén Figueroa, quien cometió crímenes en Aguas Blancas y con quien hubo tanta represión durante su gobierno, “que ahora sea él, ese personaje que ande avalando a los candidatos para diputados, quiere decir que estamos en un estado de total impunidad, que pueden cometer con el pueblo los más atroces crímenes sin que haya un gobierno que nos defienda o nos proteja”.
Mencionó que con la presencia del Ejército en las calles “están orillando a esos abusos y a esos crímenes, porque el Ejército no se anda con consideraciones con los civiles”.
Agregó que no hay manera de parar al Ejército porque son insensibles y “Zeferino siempre justifica los ataques, dice que es el papel del gobierno”.
Balderas Sánchez, en entrevista ayer en su domicilio, hizo un exhorto al gobernador y pidió que retire al Ejército de las calles y que dejen de confundir la lucha del narcotráfico con las luchas sociales.
Por último, la ambientalista consideró alarmante la situación que se vive en el estado de Guerrero y en el país.
Militares y policías de la Operación Conjunta Guerrero irrumpieron en el poblado El Nanche de la sierra de Coyuca de Catalán y quemaron una casa, saquearon casas e hirieron a una adolescente de 16 años, luego de que presuntamente patrullas balearon la camioneta donde ésta viajaba, sólo porque se les atravesó, denunciaron los afectados.
Sin embargo, el reporte oficial indica que sujetos armados se enfrentaron a balazos en dos ocasiones con elementos ministeriales, federales y estatales, en la comunidad del Nanche municipio de Coyuca de Catalán, cuando pretendían ejecutar órdenes de aprehensión.
Según el informe oficial, no hubo personas lesionadas, solo una de las patrullas de la Policía Estatal que acompañaba al convoy de más de 6 patrullas, salió con un impacto en el parabrisas.
El Operativo Conjunto salió de madrugada a la población del Nanche a ejecutar al menos 3 órdenes de aprehensión de sujetos acusados de homicidio. Al llegar al pueblo, desde un domicilio particular “fueron recibidos a balazos”, señala la versión policiaca.
Los hechos sucedieron alrededor de las 6 de la mañana. Al no poder lograr la detención, comenzaron a salir del lugar con la luz del sol, pero en el camino fueron emboscados, repelieron la agresión y no reportan personas lesionadas. Los elementos policíacos regresaron a Coyuca de Catalán y Ciudad Altamirano, cerca de las 11 de la mañana, sin más problemas.
Una maestra de 22 años, y su alumna de 16, se trasladaban del poblado de Piedra Redonda a Llano Grande, para realizar los preparativos de la clausura de fin de cursos, cuando se toparon con el convoy de patrullas y comenzaron a dispararles. Alrededor de las 3 de la tarde, llegó a una clínica de Ciudad Altamirano, la joven de nombre Jazmín Román Orozco, quien presentaba un impacto en el hombro que le destrozó el hueso, otro en la pierna y un rozón en la cabeza. La familia y la joven ya iniciaron la averiguación previa en el ministerio público, en contra del Operativo Conjunto.
Señalaron en su declaración que viajaban en una camioneta Blazer de modelo antiguo, cuando los agentes comenzaron a dispararles, al parecer solo porque estaban en el paso. “No había motivo alguno”, dijeron los familiares a la prensa, enojados por el hecho.
La comunidad de Piedra Redonda se ubica en el camino al Nanche, precisamente en el paso por donde viajaban las patrullas. La familia ya tuvo la visita de elementos ministeriales y federales, con quienes confirmaron que las unidades si pasaron por ese tramo. Cabe señalar, que el señalamiento es contra patrullas estatales y federales, debido a que la familia la ubica por ser “oscuras, con letreros que dice preventiva, y que viajaban gente tapada del rostro”, mientras que ubican también a los ministeriales en “patrullas blancas”, y no las colocan en la zona de la balacera.
Una tía de la joven herida denunció que su hermano, vecino del Nanche, fue víctima de una equivocación por parte de agentes del Operativo que le quemaron la casa, le mataron ganado y saquearon otras viviendas. La señora María dijo que su hermano Sixto Orozco Ramírez, presentará su demanda por los delitos de daños y robo este domingo o lunes, según las condiciones que haya para bajar a Coyuca de Catalán. Agregó que cerca de las seis de la mañana rodearon su casa, realizaron disparos contra la vivienda, la quemaron y de paso mataron una vaca y dos chivos, además de que le robaron alhajas, oro y dinero.
Cabe señalar que existe un reporte oficial en el que indica que el Operativo iba a ejecutar órdenes de aprehensión en contra de tres sujetos, pero no aparece el nombre de Sixtos Orozco, en esa lista.
Unos 500 efectivos militares mantuvieron sitiadas por cuatro días las comunidades de Puerto de Las Ollas y Las Palancas, municipio de Coyuca de Catalán, en donde torturaron a dos personas, robaron comida, maltrataron a las mujeres y a los niños, y pretendieron sembrar en las casas ropa militar, semilla de amapola y armas.
La operación militar, que comenzo el martes y tenía el objetivo de capturar a la columna guerrillera que encabeza Omar Guerrero Solís, el comandante Ramiro del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), de acuerdo con la denuncia que hicieron los vecinos afectados a organismos civiles de derechos humanos que los visitaron el sábado.
La habitual calma de este poblado enclavado en la mesa del macizo de la Sierra Madre del Sur, en las colindancias de los municipios de Coyuca de Catalán y Petatlán, se vio perturbada al mediodía del martes cuando un convoy militar ingresó a toda velocidad por la brecha de terracería al grito de “¡Viva Rogaciano!”; los gritos de los soldados se referían a Rogaciano Alba Álvarez, viejo cacique priísta de Petatlán, ex alcalde, ex presidente de la Unión Ganadera de Guerrero por más de 15 años, y a quien autoridades federeles vinculan con el cártel del narcotráfico que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán.
La irrupción violenta de los soldados provocó minutos de angustia, de miedo, de llanto en Puerto de Las Ollas, una comunidad de una docena de humildes viviendas de madera en donde habitan familias serranas que se dedican a la siembra de autoconsumo y que se oponen sistemáticamente a explotar la riqueza natural de madera que les rodea y que les ha traído problemas con “los civiles armados que a fuerza quieren que explotemos el bosque”, dice Angélica.
Los primeros soldados que llegaron a este poblado provenían del Cuarto Grupo de Morteros destacamentados en Zacatula, municipio de La Unión, quienes buscaban a “los secuestradores, los asesinos esos que encabeza Ramiro, en dónde está, porqué lo protegen”, gritaban furiosos los militares a una docena de mujeres con sus hijos que miraban temerosas esa acción inesperada el mediodía del martes.
A pesar de que no hay información oficial de esta operación, se deduce que los efectivos del Ejército buscaban a una columna guerrillera que encabeza Omar Guerrero Solís, el comandante Ramiro, del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y que el domingo 31 de mayo ofreció una conferencia en “algún lugar de la sierra”. La entrevista se publicó en medios de Guerrero y de la ciudad de México, y en el programa Punto de Partida que dirige Denis Maerker en el canal 2 de Televisa el martes 2 de junio por la noche.
En la información que se proyectó en ese espacio de Televisa, Ramiro denunciaba la “complicidad” de autoridades del estado y del Ejército con Rogaciano Alba Álvarez a quien acusó de tener un grupo civil paramilitar para aniquilar a campesinos que se oponían a la siembra de drogas o a la tala de montes en la sierra de Petatlán.
De igual forma el jefe guerrillero advirtió que el ERPI estaba preparado “militarmente” para responder a un ataque de las fuerzas armadas o de esos grupos paramilitares y descartaba la vía electoral para cambiar las condiciones políticas y sociales del país. Exactamente una semana después de que se transmitió esa información en Televisa, los soldados irrumpieron en Puerto de Las Ollas en donde suponían que había sido la entrevista con Ramiro y que sus pobladores estaban coludidos o daban protección a “los asaltantes, a los asesinos”, calificativos que eran utilizados en la época de la guerra sucia contra los guerrilleros.
Los abusos cometidos en la irrupción de los militares fueron denunciados por los vecinos por medio de organizaciones civiles, y publicados en El Sur, y por ello este sábado defensors de los derechos humanos y reporteros acudieron a ese lugar para verificar las denuncias de abusos de efectivos militares. A este recorrido en donde se levantaron esas denuncias acudieron los coordinadores de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) de Tierra Caliente, Rubén Román Bahena; de Costa Grande, Ramón Navarrete Magdaleno; el médico de la Codehum, Leonidas Mancilla Calvo; el abogado Juan Castro Castro del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan; Manuel Olivares Hernández del Centro de Derechos Humanos de Chilapa José María Morelos y Pavón; Virginio Vázquez del Consejo Ciudadano de Chilapa; Raymundo Díaz del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (Ccti) y Javier Monroy del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco).
Militares torturan, roban y disparanLos testimonios recabados en esta población son de madres de familia e hijos, quienes narraron los momentos difíciles que vivieron desde el martes al sábado cuando los militares colocaron en estado de sitio el lugar donde viven, hasta para ir al baño los vigilaban, ejemplifican en sus relatos.
De acuerdo con esas denuncias, el martes al mediodía llegaron unos 60 soldados a bordo de tres camionetas artilladas y se dirigieron a la tienda comunitaria de Las Ollas en donde vieron que un joven estaba afuera tomando un refresco con un rifle; el joven al ver que llegaron de forma violenta huyó al monte y dejó el arma que utiliza para cazar; los testimonios indican que los soldados catearon la tienda comunitaria y dispararon al aire el rifle calibre .22, para “justificar” disparos de los civiles hacia ellos y responder con disparos al aire.
Los soldados se dirigieron a la cancha en donde decomisaron una cuatrimoto que llevaba pacas de láminas de cartón, para una vivienda que los varones mayores de edad estaban construyendo en conjunto para una familia, y que huyeron al oír las detonaciones de las armas de los militares; por radio los soldados ya habían pedido “refuerzos” pues decían que habían sido atacados por los civiles. Después de la irrupción en este poblado, los soldados detuvieron a un joven de 14 años y a otro varón de 33 años que está enfermo debido a un derrame cerebral del que pudo salir vivo.
Los soldados se retiraron de la comunidad el sábado antes de las 2 de la tarde, viajaban a bordo de 12 vehículos Humvee, seis camionetas de redilas y una camioneta artillada, donde viajaba el comandante a cargo de la operación. Cinco kilómetros antes de llegar a Las Ollas, los militares se encontraron con el convoy de cinco camionetas donde viajaban reporteros y los representantes de organismos civiles de defensa de los derechos humanos; visiblemente alterados y sonriendo irónicamente sólo preguntaron a dónde viajaba ese convoy. “A Las Ollas”, respondimos desde las camionetas, “ah, ustedes son esos de derechos humanos, ja, sigan su camino”, dijo un soldado que se bajó de la camioneta que iba en la punta de la columna militar y empezaron a grabar desde sus unidades a los que viajaban hacia esa comunidad. Ni una explicación oficial de ese operativo militar de cuatro días.
Y es que desde el jueves, representantes del Ccti intentaron llegar a esa comunidad para verificar las denuncias de atropellos, pero un retén militar, instalado kilómetros antes de llegar a la comunidad lo impedía, hasta el sábado que abandonaron el campamento y se retiraron a sus cuarteles.
Si los van a quebrar a mí también, dijo doña AmandaDoña Amanda, una señora de más de 60 años, fue la primera en dar su testimonio de lo que sucedió en esos cuatro días de sitio a la comunidad donde vive con su esposo e hijas, “los militares llegaron en tres comandos, llegaron al mediodía del martes, llegaron tirando balazos a la comunidad y no sabíamos porqué esa actitud; desde que salieron de la curva gritando como locos dijimos ‘éstos traen algo malo’, porque llegaron matándose en sus carros, en cuanto llegaron se escuchó la balacera, la gritadera y los niños llore y llore, a correr todo mundo”. Explicó que los militares decían que andaban buscando a los “asaltantes, a los secuestradores, a los asesinos, que les dijéramos en dónde estaban, que nosotros sabíamos dónde estaban esos que matan gente”.
Indicó que su nieto y su hijo estaban con ellas cuando llegaron los militares, “les pedimos que trajéramos la cuatrimoto que se había quedado en el camino y que los militares estaban maltratando y cuando regresaban los militares los vieron y ese fue el delito; los tuvieron golpeando como tres horas y los amenazaron que si decían, que otra vez que vinieran los iban a quebrar”.
“A mí me dijeron que si decíamos la verdad a los de derechos humanos o los reporteros, que me iban a quebrar y les dije que qué esperaban que de una vez, que me quebraran, si eso era lo que andaban buscando, pues que se dieran gusto”, dijo doña Amanda.
A su nieto Omar García Ávila de 14 años lo torturaron, “se lo llevaron, lo subieron a una camioneta, le taparon la cara con una camisa gruesa y le apretaban la camisa (para asfixiarlo), les decía que se detuvieran porque se estaba ahogando, le dieron de golpes con las palmas abiertas en los oídos, le picaban con un cuchillo la espalda, le dieron toques eléctricos desde una camioneta, le dieron patadas en la nuca y en el estómago. Mi hijo está enfermo de un derrame cerebral, César Ávila Ávila de 33 años, lo tenían en la cancha donde juegan los niños”.
“No detuvieron a nadie, sólo se llevaron para torturar a mi hijo y a mi nieto; se enojaron porque los hombres escaparon y cómo no iban a escapar si llegaron echando balazos y querían que entregáramos a nuestros esposos que huyeron para el monte”. Dijo que nadie respondió con fuego a los militares, “nos decían que nuestros maridos eran unos rajados, que porqué corrían y les dijimos que no tenían porqué pelear. Saquearon las casas, se llevaron la leche de los niños, se llevaron ropa, la ropa interior de las mujeres, las toallas femeninas, se burlaban con esas prendas y diciendo disparates”.
Dijo que fue “suerte que todos los hombres mayores estaban trabajando en la construcción de una casa para habitarla y cuando oyeron los balazos de los militares huyeron para el monte y los fueron siguiendo, les dispararon”.
A partir del martes por la noche empezaron a llegar los “refuerzos” de Atoyac y de Lázaro Cárdenas, en total contabilizó la población unos 500 soldados que establecieron su base de operaciones en la cancha de tierra que tienen en Las Ollas; miércoles, jueves y viernes, montaron operaciones en la zona serrana aledaña a esa población en busca de los adultos que huyeron y de los “asesinos”, apoyados vía aérea con helicópteros artillados. El martes y miércoles los primeros soldados catearon viviendas, hurgaron ropas y se robaron alimentos, “estaban buscando armas y nos dijeron que si no teníamos que ellos las iban a encontrar y que no nos hiciéramos los que no sabíamos nada”, revela Edith, una señora de 35 años con lágrimas en los ojos.
Los soldados intentaron introducir en los domicilios ropa de tipo militar, inclusive tenían preparado un costal de semilla de amapola, que al final decidieron quemar a un costado de la cancha, al no encontrar ni a guerrilleros, ni armas, mucho menos a los adultos que huyeron para el monte.
Erica sostiene a un bebé de meses de nacido y llora al relatar que esos días de “miedo, me amenazaron que me iban a dar un balazo, no quise ir a la casa, me hicieron un tiradero, se llevaron mi comida y traían ropa de soldado para meterla entre mis pertenencias; se llevaron una hamaca nueva, unas botas fiadas para mis niños y no nos dejaron para comer”, indica.
Mauricio de 9 años, parece que está tranquilo y relata que cuando llegaron los soldados regresaban de “llevar un tiro (un viaje)” de madera para la casa que construían su papá y otros adultos de la comunidad, “y cuando llegaron los soldados empezaron a tirar balazos, nos tuvimos que tirar a un lado de la carretera a un pozo y cuando salimos nos empezaron a preguntar en dónde estaban los que corrieron y nos dijeron que nos iban a llevar si no decíamos en dónde estaban, pero nos dejaron libres porque mi mamá intervino y les pidió que no nos hicieran nada, nomás se reían de nosotros”, aseveró.
La mamá de Omar García Ávila relató que los soldados “llegaron preguntando por Ramiro, por eso empezaron a golpear y a torturar a mi hijo y a mi hermano; andaban preguntando por varios nombres, tenían una lista con nombres y que en dónde estaban. Ya que empezaron los refuerzos no se metieron a las casas, se burlaban de nosotros y nos decían que nadie les podía hacer nada y se reían, que nos dejen en paz, no hemos hecho nada malo”. La madrugada del miércoles, las dos personas torturadas decidieron abandonar el poblado en la oscuridad y se fueron al monte, para hallarse con el resto de los varones que huyeron al momento de la incursión militar.
Los pobladores rechazaron que hayan respondido la agresión de los soldados a balazos, como se publicó en este diario según las primeras versiones procedentes de la comunidad, “no tenemos armas, sólo instrumentos para trabajar nuestras tierras”, responde doña Erica. Revelan que con los soldados, iban civiles con capuchas que informaban de todos los movimientos de la población y que inclusive aportaron datos para una lista con nombres de varones de aquí. Inclusive una mujer que viajaba en cuatrimoto, la mañana del sábado les avisó que por el acceso de Vallecitos de Zaragoza iba subiendo un convoy de reporteros y defensores de derechos humanos para verificar las denuncias de violaciones. Esa alerta orilló a los militares a levantar su campamento y partir rumbo a ese acceso y la otra parte del contingente militar lo hizo por la vía hacia Petatlán.
Temerosos quienes huyeron al monteEl poblado de Las Ollas se quedó a merced de los militares desde el martes y todos los hombres adultos se fueron; el día que llegaron los soldados estaban trabajando en la construcción de una vivienda de madera y al escuchar las detonaciones de los militares decidieron huir al monte. Los dos días posteriores huyeron por el bosque y evitando encontrarse con los soldados que a pie y apoyados con helicópteros por aire, los buscaban afanosamente.
Al atardecer del sábado se lograron comunicar a través de un radio de control remoto que tienen en esa comunidad y reportaron que estaban “bien” en algún lugar del denso bosque escondidos, “temerosos de que los militares vuelvan otra vez”. Vía radio, explicaron que cuando oyeron los disparos decidieron los diez varones que trabajaban en la construcción de la casa huir, “nos fuimos, porque nos disparaban a matar, no debemos nada y les pedimos que nos digan qué se traen con nosotros, si somos gente de bien”. Reportaron que una persona mayor de 50 años, se sentía mal por las largas caminatas de un lado a otro para esquivar a los militares, “estamos cansados, con hambre, no hemos comido y pedimos que nos dejen en paz; no sabemos qué buscan, nosotros no hemos hecho nada”, dijo una voz masculina en la comunicación e inclusive desistieron de la ayuda del médico de la Codehum para atender a la persona que se sentía mal.
Los testimonios de las mujeres y de los niños, fueron levantados por el personal de la Codehum, quien dio a conocer que prepararán una queja para radicarla a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y se investiguen esas denuncias de atropellos a la población civil.
Las Ollas pueblo prehispánico alfareroPara llegar hasta esta comunidad mestiza, se puede acceder por San Luis La Loma, municipio de Tecpan; por Petatlán o por la carretera Zihuatanejo-Ciudad Altamirano, por el poblado de Vallecitos de Zaragoza; las tres vías son brechas de terracería y en donde te toma más de cinco a siete horas de camino en camionetas de doble tracción para poder llegar.
Las Ollas se ubica en el cenit de una cordillera de montañas y desde donde se puede apreciar a la perfección como esta formación natural que es la Sierra Madre del Sur, divide a la Costa Grande de la Tierra Caliente; el poblado está rodeado de un espeso bosque y en el centro se ubican exactamente una docena de humildes viviendas de madera. Sus habitantes no rebasan el centenar de personas entre adultos y niños, que se dedican a la siembra de autoconsumo: maíz, frijol, lechuga, rábano, tomate, cilantro y comen cuando se puede jabalí, venado y conejillo salvaje.
Doña Angélica explica que este poblado se denomina Las Ollas porque en los pequeños montes que rodean el poblado se pueden encontrar enterradas ollas de barro de todos los tamaños; algunas de estas ollas tienen labrado una figura, probablemente de corte Olmeca, que carga en su espalda ollas de barro que se supone llevan en su interior ofrendas a alguna deidad.
A cinco minutos de esta comunidad se ubica Las Palancas, en donde se encuentra abandonada una escuela que sirve de potrero de vacas y burros, una comisaría que es utilizada como bodega y en los alrededores se construyeron dos viviendas que son habitadas por sus familias.
Ambas comunidades se acogieron desde hace tres años a la religión Cristiana y en las dos se puede encontrar a dos pastores que “predican la palabra del señor”; son poblados en donde sus habitantes no se les escucha decir una sola grosería o alguna mala actitud. El pastor que se encuentra en esta comunidad, dio a conocer que hasta el sábado por la mañana le permitieron ingresar a la comunidad, “les pedí (a los soldados) en nombre del Señor que actuaran con serenidad, pero sólo responden que siempre decimos lo mismo, que somos cristianos. Estamos en oración constante para que esta pesadilla se acabe”, añadió.
En la sierra de Petatlán en la comunidad de La Morena viven familias humildes que han sido víctimas de la violencia y el acoso del ex-presidente municipal de Petatlán y ex-presidente de la Asociación de Ganaderos de Guerrero Rogaciano Alba Álvarez, quien se ha vinculado con varios actos de narcoviolencia en la entidad. Unos de los hombres de esta comunidad son campesinos ecologistas quienes han denunciado a Rogaciano Alba por el asesinato de sus familiares igual que por el asesinato de la abogada defensora Digna Ochoa. El siguiente artículo apareció en el periódico El Sur de Acapulco el día 24 de Noviembre, 2008.