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miércoles, agosto 22, 2012

Probando Justicia

Publico esta nota con la intención de dar seguimento a una nota que fue publicada aquí hace tres años encabezada "En Huamuxtitlán, otro crimen de militares que es juzgado por militares".

 A veces, muy pocas veces, hay una semblanza de justicia en el estado de Guerrero y en nuestro querido México. Aunque esto no significa que habrá justicia, es un logro inmenso y abre la puerta para que la justicia deje de ser un espejismo de una simulación aquí en Guerrero, y se acerca más la posibilidad de que la justicia se alcance en nuestra región del mundo donde la justicia ha sido sólo un sueño guajiro por siglos (algunos dirían desde la llegada de los invasores europeos).

 

Inconstitucional, artículo de código militar

El Universal - 22 agosto 2012 

María de la Luz Gónzalez

Por ocho votos contra dos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo 57, fracción II, inciso “a”, del Código de Justicia Militar, que extiende la competencia de los tribunales castrenses a todos los delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas. 

El fallo se dio en la resolución del amparo que interpusieron familiares de Bonfilio Rubio Villegas, asesinado por militares en 2009, para que el juicio en contra del responsable de su muerte salga del fuero militar y, por ahora, sólo es aplicable a este caso concreto. 

Aunque la votación de ocho a dos basta para establecer jurisprudencia, por tratarse de amparo se requieren otras cuatro resoluciones en el mismo sentido, sin un fallo en contrario que interrumpa la secuencia, lo cual es previsible que ocurra en las próximas sesiones del debate sobre fuero militar en las que están pendientes aun 27 amparos. 

La fracción II del artículo 57 del Código de Justicia Militar, en la que se basaron los tribunales castrenses para conocer de estos asuntos, ha sido considerada inconstitucional o inconvencional por la mayoría de los jueces de amparo que remitieron los expedientes a la Corte. 

Los juzgadores ampararon a varios de los demandantes, entre ellos la sargento segundo Silvia Hernández Tamariz y 16 soldados del Noveno Batallón de Infantería de Jalisco, en contra de los autos de formal prisión que les dictaron jueces militares, por considerar que no eran competentes para conocer de sus respectivos procesos. 

El argumento de los jueces de amparo fue que el referido precepto es contrario al artículo 13 constitucional, que regula el fuero militar, y a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como al criterio fijado por la Corte al analizar la sentencia del caso Radilla, en el sentido de que el fuero militar no aplica en violación a derechos humanos. 

En el amparo resuelto ayer, el pleno confirmó la sentencia del juez sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en Cholula, Puebla, Carlos Alfredo Soto Morales, quien ordenó a un juez militar declararse incompetente en el proceso que se siguió al soldado Valentín Alejo Hilario por el homicidio culposo de Rubio. 

Los ministros Salvador Aguirre, Margarita Luna, Luis María Aguilar y Jorge Mario Pardo sostuvieron que para analizar la validez del artículo impugnado era suficiente el artículo 14 constitucional, sin incluir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, por ampliar el fuero de guerra a delitos ajenos a la disciplina militar. 

La ministra ponente Olga Sánchez Cordero propuso turnar el expediente un juez federal, porque el homicidio de Bonfilio Rubio Villegas fue cometido por un servidor público de la federación en ejercicio de sus funciones, como integrante en activo de las Fuerzas Armadas, pero José Ramón Cossío consideró que el caso corresponde a un juzgado del fuero común. 

La sentencia de amparo estableció que el artículo 57 del Código de Justicia Militar en la fracción impugnada no debe aplicarse en el futuro en perjuicio de los demandantes y que el expediente debería remitirse al Juzgado de Distrito del Estado de Guerrero.

lunes, marzo 29, 2010

Injusto trato de FIBAZI hacia propietaria

Una vez más la avaricia y la corrupción de algunos funcionarios públicos pretenden pisar sobre los derechos de una ciudadana honesta y humilde. ¿Intentarán lo mismo con otros vecinos de esta zona?

"Insiste propietaria que Fibazi la quiere despojar de un terreno en Zihuatanejo"

El Sur de Acapulco - el 29 de Marzo del 2010

Brenda Escobar - Zihuatanejo

La vecina de Zihuatanejo, Pipina Elvira Elena Morán Pérez, denunció que el Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo, Fibazi, insiste en pretender despojarla de su predio de una hectárea de superficie que tiene en el punto conocido como Manzanillo, ubicado en la península de La Pedregosa, que pertenece al ejido Agua de Correa.

Morán Pérez, acompañada de su abogado, Dorian Niño Gallegos, acusó que el fideicomiso ha hecho caso omiso a los amparos que ha promovido ante la justicia federal, con la intención de conseguir que cese el hostigamiento que ese organismo ha emprendido en su contra, “pues mi terreno lo vendió a la empresa Cantotel, SA de CV, cuyo representante legal es Jacques V. Baldassari Gillis, propietario del exclusivo hotel La Casa que Canta”.

Dijo que desde 1971, el ejidatario Maximiliano Sánchez Fajardo, le donó una hectárea en el lugar mencionado y posteriormente, el 30 de septiembre de 1972, el ejido de Agua de Correa le reconoció esa posesión y le dio el documento que la acredita como dueña, “nunca tuve ningún problema; incluso las anteriores administraciones del Fibazi me reconocieron como posesionaria de ese predio y jamás fui molestada”.

Agregó que la pelea legal por recuperar su terreno –que tiene vocación turística porque está en una colina con vista al mar-, inició en el 2006, cuando el entonces director del Fibazi, Albert Vázquez Rosas, ordenó que la despojaran sin ninguna notificación, “en su momento, jamás me notificaron cuando el ejido fue expropiado ni mucho menos me informaron después que mi terreno ya había sido vendido a una empresa extranjera”.

La mujer aseguró que nunca ha recibido algún tipo de indemnización económica, ni mucho menos ha visto la disponibilidad de parte del Fibazi de entablar alguna negociación, “al contrario, lo que he recibido ha sido un constante hostigamiento pues ya son varias las ocasiones en las que han ido y me han derribado la barda de mi terreno”.

Contó que el martes 23, trabajadores del fideicomiso escoltados por un grupo de policías preventivos, acudieron a su terreno y derribaron una casa que era habitada por dos veladores, “metieron una máquina retroexcavadora y tiraron todo”.

Aseguró que esta acción fue arbitraria e ilegal, toda vez que ella cuenta con un amparo federal vigente –el 1561/2009 otorgado por la jueza octava de Distrito con sede en Acapulco-, en el que se le notifica al Fibazi a no emprender acciones de desalojo, ya que ante esa instancia ella consiguió acreditar la propiedad de su terreno; también tiene juicio por interdicto 35/2010 ante la Primera Secretaría del Juzgado Segundo Civil del distrito de Azueta para que se le respete la posesión, “me concedieron la medida cautelar al mismo tiempo que se le notificó al Fibazi y también ante eso ha hecho caso omiso”.

El abogado Dorian Niño, dijo que ante la acción arbitraria del Fibazi de haberle derribado la vivienda, acudieron a la agencia del Ministerio Público del fuero común a interponer la denuncia contra el director del fideicomiso, José Luis Mosqueda Nogueda, “pero ahí nos dijeron que tenían órdenes estrictas por parte del procurador y del gobernador de no levantarnos ninguna denuncia, que no lo iban a hacer porque era contra un funcionario del gobierno del estado, por lo que de nuevo apelamos a un amparo federal ante el Juzgado Octavo de Distrito y nos concedió el número 341/2010”.

Indicó que sólo de esa manera fue que en la agencia aceptaron la denuncia de la señora Morán Pérez, “pero la iniciaron como acta ministerial, la AZUE/AM/01/0122/2010-03, será en esta semana cuando mi representada acuda a ratificar la denuncia que presentamos por escrito, por el delito de despojo y daños, además de que en esta misma semana acudiremos a la Codehum a presenta nuestra queja”.

Morán Pérez, hizo un llamado al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo en su calidad de presidente del Comité Técnico del Fibazi, para que cese la presión a la que la están sometiendo con tal de despojarla de su terreno que tiene en posesión desde hace 39 años, “el gobernador siempre ha dicho que es un hombre apegado a las leyes; yo le pido se me haga justicia, tengo toda la documentación que acredita que soy la dueña legítima de esa hectárea y que en ningún momento me notificaron que vendieron sin mi consentimiento”.

“Nadie del Fibazi se ha acercado a platicar conmigo en busca de algún diálogo; estoy dispuesta a negociar señor gobernador, pero pido que el precio que quieran ofrecerme por mi terreno sea justo; hace tres años el fideicomiso lo vendió en 80 millones de pesos al dueño del Hotel La Casa que Canta y se de buena fuente que después canceló la transacción por la crisis económica, entonces no entiendo cuál es el afán de despojarme sin negociar conmigo; insisto en que tengo la razón y quiero justicia, sólo eso”.