La represión de ecologistas y luchadores sociales en Guerrero sigue como nunca antes, sin importar los cambios de administraciones de gobiernos. Los caciques y los influyentes con toda impunidad se muestran más crueles y codiciosos que nunca, y no aparece nadie en la escena política o social para frenar la Guerra Sucia que sigue matando, torturando, hostigando y encarcelando a la gente buena y humilde de nuestra región.
"Pararon la explotación del bosque y se desató la represión"
El Sur de Acapulco - 11 de Octubre, 2010
Carlos Betancourt - Chilpancingo
La lucha que llevó a Rodolfo Montiel Flores a ser víctima de persecución, tortura y encarcelamiento a manos de militares y su posterior exilio del país, se remonta a 1998, cuando con campesinos de 15 localidades de la sierra de Petatlán, y Coyuca de Catalán forma la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán para defender los bosques.
La explotación de los bosques estaba a cargo de los ejidos de esta región, organizados en la Unión de Ejidos Rubén Figueroa Figueroa, y su principal compradora era la empresa estadunidense Boise Cascade, que para sus operaciones en Guerrero formó la filial Costa Grande Forest Products.
Los campesinos ecologistas plantearon que en los dos años anteriores el problema de la sequía se agravó, el tiempo en que la Boise Cascade llegó a la región a llevarse la madera, que compraba en rollo, a 60 dólares el metro cúbico.
En una nota publicada en el periódico El Sur, el 7 de febrero de ese año, se informa: “Campesinos de 15 comunidades de la sierra de Petatlán manifestaron en una asamblea su oposición a la tala de los bosques ejidales de esta región. Argumentaron que en el pasado ciclo agrícola no tuvieron cosechas y han disminuido los pastizales por efecto de la desaparición de manantiales y la sequía provocada por la explotación forestal, que se intensificó en los dos últimos años”.
El paro de la madera, se le denominó a las acciones tomadas el jueves 19 de febrero de 1998, en el polvoriento camino de terracería que va de Santa Rosa a El Durazno, una de las principales vías por las que se sacaba la madera de la sierra guerrerense.
Fue una advertencia a los dirigentes de la Unión de Ejidos Rubén Figueroa Figueroa y a los comisariados ejidales, hecha por decenas de campesinos de la sierra, que ese día decidieron parar la tala de los bosques. Enviaron el aviso por medio de los choferes de 13 camiones madereros que tenían detenidos en El Palomar, la mayoría cargados con grandes troncos y otros con tablas, sacados de los bosques de los ejidos forestales de las partes altas.
Los campesinos calculaban que había unos diez camiones más en el ejido El Durazno, y la misma cantidad en San Antonio y en Corrales, que estaban detenidos en la parte alta porque los choferes se habían enterado de que al bajar no los dejarían pasar.
El 11 de mayo, nuevamente, el grupo de campesinos ecologistas detuvo un camión cargado de madera para impedir la explotación de los bosques, en el ejido El Mameyal.
A menos de tres meses de paro en la explotación forestal en la sierra de Petatlán, declarado por el grupo de campesinos, que buscaban evitar un desastre ecológico, la Unión de Ejidos Rubén Figueroa quedó prácticamente inactiva, y la principal compradora de madera en rollo de esta región, la empresa Costa Grande Forest Products, filial de la estadunidense Boise Cascade, anunció el cierre de sus operaciones en este lugar.
La respuesta
De inmediato, la respuesta del gobierno fue la persecución de los campesinos ecologistas. En lugar de enviar a los inspectores forestales que pedían los campesinos, el gobierno federal envió tropas del Ejército, con el pretexto de que los ecologistas tenían relación con grupos armados guerrilleros. Efectivos del Ejército Mexicano incursionaron en la sierra de Petatlán, prácticamente rodearon el poblado de El Mameyal, y establecieron campamentos en por lo menos cuatro sitios; desde ahí patrullaban toda la región y preguntaban por los ecologistas, a quienes pretendían vincular con guerrilleros.
Como antecedente, el delegado en Guerrero de la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, José Antonio Arjona, en un reporte enviado el 4 de febrero a la titular de la Semarnat, Julia Carabias, descalificó al grupo ambientalista.
El funcionario señaló en ese reporte que lo que buscaban los campesinos ecologistas con la suspensión de la actividad forestal era disminuir la presencia gubernamental en esa área, lo que favorecería “actividades ilícitas” de “grupos subversivos” armados o de cultivadores de estupefacientes, a los que podrían estar vinculados los integrantes del movimiento, según el funcionario.
Caso emblemático
El 2 de mayo de 1999 luego de constantes e intensas operaciones armadas en contra de la población civil de la región, son detenidos Rodolfo Montiel y Teodoro García; su caso no es el único, es una muestra de lo que sucedió con cientos más, antes, durante y después de la captura de estos.
Por ejemplo, en Banco Nuevo, el 19 de mayo de 2005 fue emboscado el campesino ecologista Albertano Peñaloza, a la entrada de su casa, en el ataque murieron sus hijos Abatuel de 9 años y Armando de 19, y otros dos de sus hijos y él fueron heridos de bala.
Al día siguiente del ataque en Banco Nuevo, tropas del Ejército arrestaron a Rodolfo, Palemón y Germán Cabrera González, que de la comunidad de El Rincón del Refugio se trasladaban a Banco Nuevo para ayudar a su compañero Albertano a sepultar a sus hijos. Los tres detenidos fueron trasladados a la cárcel de Acapulco, donde se encuentran acusados de portar armas.
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El exilio es peor que la cárcel, dice el campesino ecologista de la sierra de Petatlán Rodolfo Montiel
El Sur de Acapulco - 11 de Octubre, 2010
Rosendo Betancourt Radilla - Ciudad de México
(Primera parte)
“En la cárcel era duro para mí, pero creo que ahora estoy peor”, es la frase con la que el campesino ecologista de la sierra de Petatlán, Rodolfo Montiel Flores, define su vida en el exilio que sufre desde hace más de cinco años. Se fue a Estados Unidos porque fue amenazado de muerte si seguía en México. Antes de que fuera obligado a salir del país, fue desterrado de Guerrero por un pacto en 2001 entre el presidente Vicente Fox Quesada y el gobernador René Juárez Cisneros, según la amenaza que entonces recibió precisamente en el momento en que salía de la cárcel de Iguala.
Ahora, el campesino ecologista, declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional (AI) en 1999 y ganador del Premio Goldman 2000-2001 por su labor en defensa del medio ambiente, platica cómo es vivir en el exilio.
La represión contra él se da porque en 1998 participó en la defensa de los bosques de la sierra de Petatlán. Ahora es uno de los 548 asilados políticos que tiene registrado el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la última década.
Y aunque ha sufrido maltratos físicos que una persona que vive en un país democrático en el siglo XXI jamás podría imaginar, lo más difícil de sobrellevar es el exilio y así lo expresa, “para mí esto es muy doloroso porque no puedo ir al país donde nací, donde crecí, donde me hice viejo, a donde pertenezco porque ahí está mi lucha”.
También le duele estar alejado de su familia pero cuando habla de la deforestación, de la destrucción de la naturaleza, su voz se corta, toma pausas y solloza. Rodolfo Montiel es un ecologista que desea “que los que vienen atrás puedan disfrutar de los árboles y los ríos”.
Debido a que su caso es emblemático de la tortura y represión por parte de las fuerzas castrenses contra la población civil en el país, el 26 y 27 de agosto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh –órgano judicial de la Organización de Estados Americanos, OEA) atendió en una audiencia la demanda presentada por él y por Teodoro Cabrera García, el otro campesino que fue detenido el 2 de mayo de 1999, torturado, preso y puesto en libertad con Rodolfo Montiel, el 7 de noviembre de 2001.
Rodolfo Montiel sabe (porque lo ha vivido y sufrido) que los asesinatos de luchadores sociales y políticos en Guerrero se deben a una cadena de complicidad articulada por las autoridades del estado, el gobierno federal, el Ejército, grupos paramilitares y caciques regionales que disponen de pistoleros.
El campesino guerrerense fue enlazado con el reportero vía telefónica desde la Ciudad de México, el viernes 20 de agosto, pues así lo consideró pertinente “por motivos de seguridad” su grupo de abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh).
Complicidad gubernamental
Con los dos de los campesinos ecologistas, ya suman cinco los casos de guerrerenses por los que el Estado mexicano ha sido juzgado ante la Coidh debido a los atropellos de las fuerzas castrenses en contra de la población civil.
El 15 de diciembre de 2009 la Corte condenó a México por el caso del campesino atoyaquense Rosendo Radilla, detenido-desaparecido en 1974 por elementos del Ejército; y el viernes 1 de octubre se hizo público que el órgano actuó de la misma manera en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández, indígenas me’phaa torturadas y violadas por soldados en 2002 en el municipio de Ayutla de los Libres.
Ahora falta que la Corte Interamericana resuelva el proceso de los ecologistas.
Durante la entrevista, Rodolfo relata que después de haber sido capturado torturado y encarcelado por tropas del Ejército, mantenía la esperanza de regresar a su vida anterior, pensaba que podría regresar a su vida normal y volver a abrazar a su esposa y a sus seis hijos; regresaría para pedir a sus vecinos un pedazo de tierra para trabajarla, sembrar y con la cosecha sobrevivir toda la temporada.
Incluso pensaba que si la tala de bosques en el macizo de la sierra que comprende parte de los municipios de Petatlán y Coyuca de Catalán no paraba, él podría seguir luchando para defenderlos.
Sin embargo, cuando puso un pie afuera de la cárcel en 2001 –luego de más de 2 años de reclusión en Iguala–, el panorama le cambió por completo, su única opción era el destierro, forzado.
Afirma que ese fue el pacto entre el entonces presidente de la República Vicente Fox Quezada y el gobernador guerrerense René Juárez Cisneros.
Lo anterior lo sustenta con el relato de que hasta la cárcel donde estaba llegó un asesor del secretario de Medio Ambiente federal, Rodolfo Lacy y le dijo que salir de la cárcel tenía su costo, tendría que abandonar Guerrero.
Pero estos personajes actuaron para mantener los privilegios de dos caciques guerrerenses que obtenían ganancias millonarias por la sobreexplotación forestal.
Uno es el cacique local Nino Bautista Valle quien también era ejidatario e informante del Ejército mexicano cuando los campesinos ecologistas luchaban por los bosques en Guerrero.
A Nino Bautista los ecologistas lo señalaron como el autor intelectual de los asesinatos de varios activistas cuando era uno de los líderes de la Unión de Ejidos Rubén Figueroa Figueroa, que con la intermediación del gobernador Rubén Figueroa Alcocer había hecho un contrato para vender grandes cantidades de madera a la empresa estadunidense Boise Cascade, que para sus operaciones en Guerrero formó la filial Costa Grande Forest Products.
Esta red de complicidades, estos personajes, decidieron que los campesinos ecologistas estaban contra sus intereses y cobijados por la impunidad y la violencia que se puede ejercer desde el poder, decidieron declararlos enemigos y desataron una campaña de militarización y represión que dejó comunidades deshabitadas en la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, muchos perseguidos y presos.
En estos momentos, Rodolfo Montiel no tiene esperanza de poder pisar suelo mexicano, se sabe perseguido, sabe que su familia “está en la mira del Ejército”.
Sin embargo, el deseo de regresar permanece, y en la entrevista relata detalles de la que fue su casa y recuerda “un lugar en el estado de Morelos” donde vivió los días más tranquilos que jamás ha tenido, justo cuando salió de la cárcel.
La lucha ecologista me mantiene vivo
La plática con el guerrerense se da de una manera tranquila, sin interrupciones y no hay pregunta que le incomode.
Al preguntarle sobre el exilio, apunta que está en Estados Unidos de América (EUA):
“Vivo como exiliado, tengo los mismos derechos que los residentes, sólo que no tengo derecho a votar porque no soy ciudadano y tengo mi asilo permanente por el tiempo que sea necesario o cuando considere que tengo que, por la persecución en mi contra, tengo que irme a otro país… pero en donde estoy tengo mis derechos, tengo trabajo y en caso de ser necesario seguro de desempleo”.
Y aclara: “Pero para mí esto es muy doloroso porque no puedo ir al país donde nací, donde crecí, donde me hice viejo, a donde pertenezco porque ahí está mi lucha.
“Por ejemplo, tengo como 5 años 4 meses sin ver a mi esposa, a mis hijos, no tengo el don de abrazarlos, tenerlos conmigo, se criaron sin mí por esta razón. Pero mi mujer ha sido fuerte, ha sabido unirlos y criarlos fuertes, mi familia no se ha desintegrado”, expone.
Así, recuerda que en México dejó atrás a seis hijos que van de 27 años de edad hasta 16 que es la más chica y a su esposa se llama Ubalda Cortés Salgado.
“La última vez que estuve en casa fue en junio de 2005, mi casa es de bloques con losa arriba, tiene cuatro cuartos uno un poquito más grande, aparte tiene la cocina y un portal como de 4 metros y medio de ancho”, añora.
En cuanto al exilio, la revista Proceso publicó el 22 de agosto: en una ciudad de Estados Unidos en la que reside como asilado político desde 2006, Montiel asegura que renta un cuarto que comparte con otro paisano, y por el que pagan 400 dólares mensuales.
Sin más preparación que la primaria, para sobrevivir en Estados Unidos el ambientalista se ha desempeñado como jardinero, albañil, afanador en un casino y empacador de cebollas. En este empleo trabaja entre 10 y 18 horas al día y gana entre 300 y 500 dólares a la semana, con lo que paga la parte que le corresponde de la renta de su cuartito, envía dinero a su esposa Ubalda y reserva un poco “para comprar comedera”.
Camina con lentitud, como robot, casi sin doblar las rodillas. Siente un hormigueo permanente en los muslos, y en la pierna y el pie derechos sólo tiene sensibilidad en el dedo gordo. “Es por los toques eléctricos”, explica.
Lo publicado por Proceso, da una clara imagen de que lejos de estar en óptimas condiciones en el exilio, vive con carencias y secuelas de la tortura.
Al preguntarle, Rodolfo recuerda que luego de salir de la cárcel lo primero que hizo fue reunirse con su familia, se fue hacia el estado de Morelos y en conjunto se pusieron a reflexionar sobre todo lo que había pasado y sobre lo que les esperaba.
Aquí, dice, “estuvimos en paz, no quiero decir en qué lugar porque si un día regreso a México podría estar en el mismo lugar”.
En ese lugar “pensé: ya arriesgamos nuestra vida, salimos de la cárcel aunque con secuelas físicas y psicológicas pero Dios por algo quiso dejarnos, que sobreviviéramos, porque estaba bien lo que estábamos haciendo, por eso sigo llamando a que el pueblo levante la voz y a mis compañeros ecologistas a que sigan con ánimo”.
“Hasta ahorita la lucha ecologista es lo que me mantiene vivo, pero siempre pensando en seguir adelante por nuestro país, ya no en la misma región pero sigo luchando, en otro lado”.
Ahora Rodolfo Montiel imparte conferencias en distintas universidades de Estados Unidos, a donde es invitado como ponente en el tema de la defensa de los bosques y la lucha ecologista.
Cuando se le pregunta cuándo tomó la decisión de salir del país, confirma que desde que salió de la cárcel sabía que no podría vivir más en México porque así se lo advirtieron desde el gobierno federal, “me dijeron que era una condición del gobierno federal para que pudiera salir de la cárcel”.
En la cárcel de Iguala le pidieron que aceptara que traficaba con armas de fuego y sembraba y comercializaba mariguana, “me hablaron para decir que me iban a conceder un indulto, pero no lo quise aceptar porque el indulto se les da a los delincuentes, a los que matan, a los que roban a los que violan, pero yo nunca fui un delincuente y querían que dijera que fui un delincuente”.
“Me dijeron, ‘mira Rodolfo, te van a poner en libertad pero te vas del estado de Guerrero, ese es el acuerdo que firmó el presidente Vicente Fox con el gobernador (René Juárez Cisneros), si no te vas corres el riesgo de que te pase algo y si no va contra tu familia, porque los militares tienen a tu familia bien ubicada’. Y me dio miedo. Por eso nos fuimos a otro estado que me quiero reservar el nombre”.
“Cuando estaba en la cárcel era duro para mí, pero creo que ahora estoy peor”, es la respuesta que tiene Rodolfo Montiel cuando se le pregunta cómo se vive en el exilio.
Y aunque está agradecido con quienes le han tendido una mano de amistad pues, suaviza “bueno, hay gente que me quiere, que me estima, hay gente que me ha ayudado”; todavía extraña el lugar que lo vio nacer pero sus palabras sugieren que prefiere la cárcel ahí, que la libertad en el exilio.
Por eso se le pregunta cómo puede preferir la cárcel al exilio, en un país que aunque ajeno, le ofrece trabajo y mejores condiciones de vida de las que pueden alcanza la mayoría de los guerrerenses, entonces, explica, “pero en la cárcel podía ir a verme mi esposa, podían ir mis hijos al menos cada 15 días o cada mes y acá no, acá no pueden venir es comparable el exilio con la cárcel, es igual casi”.
Tampoco puede hablar por teléfono para México
Montiel Flores se sabe desarticulado del movimiento social en Guerrero, reconoce que desde el exilio no ha podido seguir la defensa de los bosques y sobre todo lamenta que no tiene contacto con los integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, de la que fue uno de los fundadores.
Pero asegura que está informado de la situación de esta entidad suriana, aunque le es cada vez más difícil de hacerse de información de primera mano, porque la persecución en su contra persiste.
Relata, “yo no puedo hablar para México porque hace dos años llamé a Guerrero para hablar con mis conocidos, después de platicar estaba por salir de mi casa a una reunión a la ciudad de San Francisco y me llamaron a mi casa para amenazarme, pero colgué y luego marcaron otra vez y luego otra vez, fue como en agosto del 2008”.
“Me decían que estaban siguiendo mis pasos muy de cerca y que no me olvidara que estaba siendo vigilado yo y mi familia”.
Aún así, sabe que en Guerrero “la represión se ha extendido más, se ha creado un círculo vicioso más feo en derechos humanos, han perseguido a los compañeros –yo digo compañeros porque han estado en la lucha–, desde activistas y reporteros asesinados y todo eso está difícil”.
–¿Por qué crees que está sucediendo esto?
–En primer lugar, lo que ha pasado es que hay mucha corrupción del gobierno, controlan todo el poder, por ejemplo los militares se sienten completamente impunes, incluso cuando se van de francos, usan otras ropas pero siguen portando sus armas y pueden matar porque están aliados con otro tipo de gente, delincuentes, caciques, todo esto es un problema que se genera por la impunidad”.
Para cerrar la charla sobre el exilio, se le pregunta porque dejó atrás su lucha, a sus vecinos y sus familiares y no, como han hecho muchos otros, se quedó a defender su terruño y dice:
“Porque era muy riesgoso, pero no para mí, sino la vida de los demás compañeros, si no me encontraban a mí mataban a mis compañeros y tuve que pensar en ellos. Tenía que buscar una forma de protegerlos a ellos y esta fue la única forma, a la que me orillaron”.
