Parece que desde la carcel sigue operando con todo su crueldad el cacique guerrerense y ex-presidente municipal de Petatlán, Rogaciano Alba Álvarez alias "El Roga", para silenciar a una persona valiente quien tuvo la fortaleza moral de hacer lo correcto y denunciarlo por el asesinato de Digna Ochoa Plácido, la abogada defensora de los campesinos ecologistas incluyendo Teodoro Cabreras y Rodolfo Montiel. Pero peor aún es que parece que quien fuera el asesino intelectual aún tiene tanta influencia para controlar (o darles miedo) a elementos del ejército y a los policías estatales. La Guerra Sucia no ha terminado en Guerrero, y la dizque guerra contra el narco parece ser un buen pretexto para encubrir actos violentos al mando de caciques, influyentes y corruptos.
Matan en la sierra de Petatlán al campesino que denunció el asesinato de Digna Ochoa; culpan a sicarios de Rogaciano
El Sur de Acapulco - 21 de Abril, 2011
Zacarías Cervantes - Chilpancingo
El campesino de la sierra de Petatlán Javier Torres Cruz, reconocido porque denunció en la Procuraduría del DF al narcotraficante Rogaciano Alba como autor del asesinato de la abogada Digna Ochoa, fue asesinado la tarde del lunes por sicarios, presuntamente al servicio de éste, que se encuentra preso por presuntos vínculos con el crimen organizado. Asimismo, se informó que su hermano, Felipe Torres Cruz, se encuentra herido al parecer de gravedad.
Las organizaciones no gubernamentales Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), condenaron ayer este crimen y demandaron al gobierno estatal y federal la investigación del caso y el castigo a los responsables.
Marcelina Torres Cruz, hermana del activista asesinado, confirmó ayer vía telefónica a la dirigencia de estos dos organismos que su hermano Javier, de 30 años, fue emboscado aproximadamente a las 5:30 de la tarde del lunes cerca de La Morena, municipio de Petatlán, de donde es originario.
Los organismos informaron que la versión de otro de sus hermanos, Alejandro, es que Javier, “de manera extraña”, se trasladaba por el lugar conocido como Puerto de la Mosca, que se encuentra entre las comunidades de La Morena y La Barranca, en la Sierra de Petatlán, cuando fue recibido a balazos por un grupo de hombres encabezados por uno de apellido Arreola, mismos que fueron identificados como “sicarios” al servicio de Rogaciano Alba, revelaron Tadeco y el Ccti.
Alba Álvarez, ex presidente municipal de Petatlán y ex presidente de la Unión Regional Ganadera de Guerrero, actualmente se encuentra preso en el penal de La Palma, acusado de delincuencia organizada, contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
La información que recibieron los organismos de los familiares de Javier Torres es que al enterarse de la emboscada acudieron en su auxilio, pero también fueron recibidos a balazos y en esta segunda agresión resultó herido su hermano Felipe.
Posteriormente, la familia Torres pidió auxilio a la Policía Estatal y al cuartel militar del 19 Batallón de Infantería, sin embargo denunciaron que les negaron la ayuda con el argumento de que “no querían meterse en problemas”, sin explicar con quién no querían tener esos problemas.
El asesinato de Javier Torres Cruz está precedido de constantes amenazas, agresiones y el asesinato de algunos de sus familiares por grupos caciquiles, según venían denunciando, entre ellos el de Alba Álvarez, que pretendían despojarlos de su tierra.
Javier Torres interpuso una demanda penal en contra Rogaciano Alba Álvarez, en septiembre de 2007, por el asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido.
Tadeco y el Ccti recuerdan que desde entonces, la seguridad de él mismo y su familia había venido siendo amenazada “y cada vez era más frágil”, especialmente después de su secuestro e intento de desaparición en diciembre del 2008.
Añaden que el 21 de diciembre del 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordó el otorgamiento de medidas cautelares para Javier Torres Cruz, las cuales fueron reclamadas por él mismo el 7 de agosto del 2009 ante el titular del Ministerio Público de Azueta, que se presentó en la comunidad de La Morena para tomarle su declaración ministerial sobre la Averiguación Previa AZUE/PETA/111/2008, “las cuales nunca le fueron otorgadas de manera dolosa”.
Asimismo señalan que recientemente la familia Torres había descubierto que atrás de un “alarmante deterioro del estado de salud de Javier, había un intento de envenenamiento por parte de su esposa Adela Mojica Villa, quien, a su vez, antes de huir de la comunidad, les manifestó que recibía órdenes de los Arreola”.
En el comunicado de los dirigentes del Tadeco y del Ccti, se señala que Alejandro Torres les manifestó que ayer (lunes) “es probable que Javier haya sido citado por su esposa en el lugar donde fue emboscado para ver a sus hijos y aclarar su situación conyugal”.
“El asesinato de Javier Torres Cruz es resultado de la estrategia de despojo y explotación de los grupos de poder económico y político, que en contubernio con los malos gobiernos, es decir, la verdadera delincuencia organizada, mantienen una guerra de exterminio de pueblos y comunidades en distintos lugares del país y en particular en la sierra de Guerrero”, denunciaron los organismos.
En tanto, señalan que el Ejército mexicano ha mantenido una presencia intimidante y violatoria de los derechos de las comunidades mediante incursiones y persecuciones constantes.
“Javier Torres se resistió hasta donde pudo, pero finalmente sucumbió a la represión de sus enemigos dirigidos por Rogaciano Alba Álvarez, encubiertos por el Estado; a la traición de su propia esposa víctima del chantaje y el terror de las amenazas contra su familia; al desprecio e indiferencia cómplice del Estado que nunca le otorgó las medidas cautelares solicitadas ni los servicios que su comunidad reclama para romper el cerco de la marginación”, exponen.
Acusan que Javier Torres es una víctima más de la criminalización de la lucha social y de la llamada guerra del narco, “de esa guerra de capitales oscuros donde el Estado ha tomado partido y el gobierno de Calderón es parte de los contendientes, coludido con los grupos de poder político y económico integrados en las cúpulas de los partidos y en los grupos empresariales”.
Señalan que Torres Cruz “ha sido liquidado, asesinado, pero la lucha contra el despojo, la explotación, la represión y el desprecio se mantiene viva en la Sierra de Guerrero”.
Finalmente, Tadeco y el Ccti demandan el cese del hostigamiento a la familia Torres, de La Morena, protección y otorgamiento inmediato de medidas cautelares a los sobrevivientes. Asimismo, que se castigue a los asesinos.
También que se investigue debidamente y se aclaren los hechos del 16 de febrero del 2010, que se deslinden responsabilidades, que se aclare la situación jurídica de los presos Anselmo Torres Quiroz y Huber Vega Correa y se castigue a los agresores y asesinos de Adolfo Torres Rosas.
Además, “que no se utilice el discurso de la lucha contra el narcotráfico para encubrir actos de hostigamiento e intimidación en contra de las comunidades de la Sierra de Guerrero”, y que se “transparente” la presencia militar en la región y se esclarezca la presencia de paramilitares con informes fidedignos de sus acciones y resultados.
Piden, a la vez, la salida inmediata del Ejército mexicano de pueblos y ciudades de la Sierra de Guerrero y el regreso a sus cuarteles, castigo a los militares culpables de violaciones de derechos humanos y reparación de los daños causados a comunidades, organizaciones sociales y familias.
