Ecocidio y corrupción en Barra de Potosí

Una vez más parece que el gobierno municipal de Petatlán se presta a la corrupción y hace caso omiso a su deber de representar los intereses de su municipio, poniendo sus intereses personales ante los intereses de su municipio. Aunque le fue señalado hace más de 2 meses que la constructora "Inmobiliaria Sol Ixtapa SA de CV" construía una carrereta a través de la selva, tapando un canal que fluye entre la Laguna de Potosí y la Laguna de San Valentín causando la sequía de Laguna de Potosí en perjuicio del patrimonio de la comunidad de Barra de Potosí y los demás pobladores colindantes a la laguna, aparentamente en violación flagrante de las leyes ambientales y seguramente haciendo un gran daño al ecosistema de la región, ni los dizque autoridades competentes ni los dizque representantes populares cumplieron con su deber de aplicar las leyes o representar a sus habitantes. Al contrario, parece que están en contubernio con los desarrolladores que están construyendo lo que ellos llaman "un desarrollo ecológico" llamado "Ecotouristic Development Laud" ("laud" por los quelonios que desovan en las playas cercanas). Pero obviamente no les interesa en lo más mínimo la protección de la ecología sino su destrucción y explotación para generar ganancias para pocas personas. Y una vez más parece que en lugar de cumplir con su deber de proteger el medio ambiente, PROFEPA se presta a la corrupción y protege los intereses de los desarrolladores, haciendo caso omiso también a su deber. Gobiernos que operan de esta manera merecen ser derrotados y sus cómplices encarcelados.

Minimiza la Profepa el daño ambiental a lagunas de Petatlán, acusa ex diputada federal

El Sur de Acapulco - 04 de Junio, 2011

Brenda Escobar - Zihuatanejo

Habitantes de la comunidad turística Barra de Potosí, denunciaron que el delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Guerrero (Profepa), Joel Ángel Tacuba García, ha minimizado el daño ambiental que la empresa Inmobiliaria Sol Ixtapa, SA de CV, ha hecho al canal natural que comunica a las lagunas Valentín y Potosí, “quién sabe con qué intenciones trata de hacer creer a sus superiores que este ecocidio no es de la magnitud con la que nosotros lo hemos venido denunciando”.

5 de abril, 2011	4 de mayo, 2011
4 de junio, 2011	nivelando

La ex diputada federal perredista y vecina de Barra de Potosí, Adriana Luna Parra, criticó que a dos meses de que los habitantes, pescadores y restauranteros de ese poblado han denunciado que el empresario e inversionista Víctor Alazraki, propietario de Inmobiliaria Sol Ixtapa, destruyó el canal natural por el que se comunican ambas lagunas en temporadas de lluvias, “el delegado Joel Tacuba se atreva a aseverar que es una obra reciente”.

Dijo que “sabemos de buena fuente que el delegado de la Profepa se ha atrevido a decir a sus superiores que la apertura de la carretera hacia la playa, cuya construcción ha destruido el canal al taponarlo con toneladas de tierra de tepetate y piedra bola no estaba hasta hace unos días, cuando le hemos presentado a la misma Profepa fotografías desde que empezaron a destruir esa parte del canal y que tienen más de dos meses, cualquier cosa contraria que diga Joel Tacuba es una mentira”.

Luego, Luna Parra señaló que el presidente municipal de Petatlán, Albino Lacunza Santos, junto con el director de Ecología, Alberto García Blanco, “han estado engañando al pueblo de Barra de Potosí, no cumplen con sus obligaciones porque tendrían que ser los primeros en estar exigiendo a la autoridad federal, en este caso, la Profepa, que frene este daño que le han hecho a las lagunas ordenándole a la empresa que retire toda la tierra que tiene tapado el canal”.

“Sin embargo, quién sabe qué extraños intereses tienen el presidente municipal y el director de Ecología, pues es evidente que hay una protección inmoral fuera de sus funciones de los dos hacia Víctor Alazraki; nosotros ahorita estamos esperando una respuesta congruente por parte del delegado de la Profepa respecto a la denuncia que han puesto algunos de mis vecinos contra la inmobiliaria antes de que nosotros acudamos a la misma dependencia pero ante un funcionario mucho mayor que sí esté interesado en defender el medio ambiente por encima de otros intereses porque nos llama la atención que pese a que se denunció ya con tiempo, no ha habido ningún resultado de su parte”.

-----------------------------------------------------

Para más información visita Save Barra de Potosí

El Asesinato de Javier Torre Cruz y un estado corrupto

Parece que desde la carcel sigue operando con todo su crueldad el cacique guerrerense y ex-presidente municipal de Petatlán, Rogaciano Alba Álvarez alias "El Roga", para silenciar a una persona valiente quien tuvo la fortaleza moral de hacer lo correcto y denunciarlo por el asesinato de Digna Ochoa Plácido, la abogada defensora de los campesinos ecologistas incluyendo Teodoro Cabreras y Rodolfo Montiel. Pero peor aún es que parece que quien fuera el asesino intelectual aún tiene tanta influencia para controlar (o darles miedo) a elementos del ejército y a los policías estatales. La Guerra Sucia no ha terminado en Guerrero, y la dizque guerra contra el narco parece ser un buen pretexto para encubrir actos violentos al mando de caciques, influyentes y corruptos.

Matan en la sierra de Petatlán al campesino que denunció el asesinato de Digna Ochoa; culpan a sicarios de Rogaciano

El Sur de Acapulco - 21 de Abril, 2011

Zacarías Cervantes - Chilpancingo

El campesino de la sierra de Petatlán Javier Torres Cruz, reconocido porque denunció en la Procuraduría del DF al narcotraficante Rogaciano Alba como autor del asesinato de la abogada Digna Ochoa, fue asesinado la tarde del lunes por sicarios, presuntamente al servicio de éste, que se encuentra preso por presuntos vínculos con el crimen organizado. Asimismo, se informó que su hermano, Felipe Torres Cruz, se encuentra herido al parecer de gravedad.

Las organizaciones no gubernamentales Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), condenaron ayer este crimen y demandaron al gobierno estatal y federal la investigación del caso y el castigo a los responsables.

Marcelina Torres Cruz, hermana del activista asesinado, confirmó ayer vía telefónica a la dirigencia de estos dos organismos que su hermano Javier, de 30 años, fue emboscado aproximadamente a las 5:30 de la tarde del lunes cerca de La Morena, municipio de Petatlán, de donde es originario.

Los organismos informaron que la versión de otro de sus hermanos, Alejandro, es que Javier, “de manera extraña”, se trasladaba por el lugar conocido como Puerto de la Mosca, que se encuentra entre las comunidades de La Morena y La Barranca, en la Sierra de Petatlán, cuando fue recibido a balazos por un grupo de hombres encabezados por uno de apellido Arreola, mismos que fueron identificados como “sicarios” al servicio de Rogaciano Alba, revelaron Tadeco y el Ccti.

Alba Álvarez, ex presidente municipal de Petatlán y ex presidente de la Unión Regional Ganadera de Guerrero, actualmente se encuentra preso en el penal de La Palma, acusado de delincuencia organizada, contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

La información que recibieron los organismos de los familiares de Javier Torres es que al enterarse de la emboscada acudieron en su auxilio, pero también fueron recibidos a balazos y en esta segunda agresión resultó herido su hermano Felipe.

Posteriormente, la familia Torres pidió auxilio a la Policía Estatal y al cuartel militar del 19 Batallón de Infantería, sin embargo denunciaron que les negaron la ayuda con el argumento de que “no querían meterse en problemas”, sin explicar con quién no querían tener esos problemas.

El asesinato de Javier Torres Cruz está precedido de constantes amenazas, agresiones y el asesinato de algunos de sus familiares por grupos caciquiles, según venían denunciando, entre ellos el de Alba Álvarez, que pretendían despojarlos de su tierra.

Javier Torres interpuso una demanda penal en contra Rogaciano Alba Álvarez, en septiembre de 2007, por el asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido.

Tadeco y el Ccti recuerdan que desde entonces, la seguridad de él mismo y su familia había venido siendo amenazada “y cada vez era más frágil”, especialmente después de su secuestro e intento de desaparición en diciembre del 2008.

Añaden que el 21 de diciembre del 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordó el otorgamiento de medidas cautelares para Javier Torres Cruz, las cuales fueron reclamadas por él mismo el 7 de agosto del 2009 ante el titular del Ministerio Público de Azueta, que se presentó en la comunidad de La Morena para tomarle su declaración ministerial sobre la Averiguación Previa AZUE/PETA/111/2008, “las cuales nunca le fueron otorgadas de manera dolosa”.

Asimismo señalan que recientemente la familia Torres había descubierto que atrás de un “alarmante deterioro del estado de salud de Javier, había un intento de envenenamiento por parte de su esposa Adela Mojica Villa, quien, a su vez, antes de huir de la comunidad, les manifestó que recibía órdenes de los Arreola”.

En el comunicado de los dirigentes del Tadeco y del Ccti, se señala que Alejandro Torres les manifestó que ayer (lunes) “es probable que Javier haya sido citado por su esposa en el lugar donde fue emboscado para ver a sus hijos y aclarar su situación conyugal”.

“El asesinato de Javier Torres Cruz es resultado de la estrategia de despojo y explotación de los grupos de poder económico y político, que en contubernio con los malos gobiernos, es decir, la verdadera delincuencia organizada, mantienen una guerra de exterminio de pueblos y comunidades en distintos lugares del país y en particular en la sierra de Guerrero”, denunciaron los organismos.

En tanto, señalan que el Ejército mexicano ha mantenido una presencia intimidante y violatoria de los derechos de las comunidades mediante incursiones y persecuciones constantes.

“Javier Torres se resistió hasta donde pudo, pero finalmente sucumbió a la represión de sus enemigos dirigidos por Rogaciano Alba Álvarez, encubiertos por el Estado; a la traición de su propia esposa víctima del chantaje y el terror de las amenazas contra su familia; al desprecio e indiferencia cómplice del Estado que nunca le otorgó las medidas cautelares solicitadas ni los servicios que su comunidad reclama para romper el cerco de la marginación”, exponen.

Acusan que Javier Torres es una víctima más de la criminalización de la lucha social y de la llamada guerra del narco, “de esa guerra de capitales oscuros donde el Estado ha tomado partido y el gobierno de Calderón es parte de los contendientes, coludido con los grupos de poder político y económico integrados en las cúpulas de los partidos y en los grupos empresariales”.

Señalan que Torres Cruz “ha sido liquidado, asesinado, pero la lucha contra el despojo, la explotación, la represión y el desprecio se mantiene viva en la Sierra de Guerrero”.

Finalmente, Tadeco y el Ccti demandan el cese del hostigamiento a la familia Torres, de La Morena, protección y otorgamiento inmediato de medidas cautelares a los sobrevivientes. Asimismo, que se castigue a los asesinos.

También que se investigue debidamente y se aclaren los hechos del 16 de febrero del 2010, que se deslinden responsabilidades, que se aclare la situación jurídica de los presos Anselmo Torres Quiroz y Huber Vega Correa y se castigue a los agresores y asesinos de Adolfo Torres Rosas.

Además, “que no se utilice el discurso de la lucha contra el narcotráfico para encubrir actos de hostigamiento e intimidación en contra de las comunidades de la Sierra de Guerrero”, y que se “transparente” la presencia militar en la región y se esclarezca la presencia de paramilitares con informes fidedignos de sus acciones y resultados.

Piden, a la vez, la salida inmediata del Ejército mexicano de pueblos y ciudades de la Sierra de Guerrero y el regreso a sus cuarteles, castigo a los militares culpables de violaciones de derechos humanos y reparación de los daños causados a comunidades, organizaciones sociales y familias.

Ciudadanos honestos contra intereses corruptos

Esta historia de la corrupción para hostigar la familia Garibo Vargas parece no tener fin, y así es la historia de la corrupción en Guerrero. Pero en lugar de hacer lo correcto, las autoridades una vez más demuestran su complicidad y hacen caso omiso a su deber, y ahora ellos no dejan otra opción a los residentes más que unirse en oposición a la corrupción y la prepotencia de los influyentes y los dizque servidores públicos. Publicidad de esta clase nos puede ahuyentar a los turistas e inversionistas, pero por lo menos nos deja nuestra dignidad, una cualidad aparentamente ausente en las personas e instituciones responsables por permitir que esta situación sigue. Como comunidad no podemos permitir que ni unos corruptos del gobierno ni unos influyentes avariciosos nos perjudiquen nuestro patrimonio. Por eso nos sentimos obligados los buenos ciudadanos a unir esfuerzos en oposición a los ramos del gobierno no representativos que parecen trabajar en contubernio con intereses particulares sin escrúpelos en contra del bienestar social de nuestras comunidades.

Se solidarizan opositores a Fonatur con posesionarios del Guamilule en Barra de Potosí

El Sur de Acapulco - 11 de Abril, 2011

Brenda Escobar - Zihuatanejo

Integrantes del Movimiento del Pueblo por la Defensa de la Bahía de Zihuatanejo y Barra de Potosí, se solidarizaron este domingo con la familia Garibo Vargas, posesionaria del cerro del Guamilule, a quienes le refrendaron su apoyo en la lucha legal que enfrentan contra un presunto propietario del cerro que abarca 148 hectáreas de tierra con vocación turística en la comunidad Barra de Potosí del municipio de Petatlán.

Durante la asamblea dominical de información que llevan a cabo los pescadores ribereños y de pesca deportiva, lancheros, comerciantes y ambientalistas para dar a conocer los avances respecto a las acciones que desde enero de este año han emprendido para exigir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que revoque la concesión que por 25 años le otorgó al Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) para administrar y aprovechar el recinto portuario de Zihuatanejo y sus aguas adyacentes incluidas mil 500 hectáreas de tierra y agua en Barra de Potosí, María Isabel Garibo Vargas pidió el apoyo del Movimiento en la lucha desigual que han emprendido contra los supuestos dueños del cerro.

Acompañada por sus hijos, así como por parte de sus 11 hermanos, Garibo explicó que “desgraciadamente somos pobres y por eso esa gente no nos deja vivir en paz, ya nos han destruido nuestra casa en el cerro en más de tres ocasiones, ahora tenemos una nueva demanda y aunque estamos amparados mi esposo y yo, tenemos miedo de que el dinero de esta gente pueda más y compre a la justicia”. “Estamos muy desgastados, tanto anímica como económicamente, por eso estamos aquí, para pedirles a todos ustedes su solidaridad”.

Luego, hizo uso de la palabra, la representante de la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ), Obdulia Balderas Sánchez, quien a grandes rasgos contó la historia de la familia Garibo Vargas desde que en 1961 llegaron a posesionarse del cerro del Guamilule, “tienen sus documentos que así lo acreditan, ellos han estado en ese cerro produciendo pasto, árboles frutales, casas, han vivido allí por mucho tiempo, ahora les llegan con unas escrituras apócrifas de 2004”.

Dijo que el cerro no es un terreno urbanizado “para que de pronto surjan escrituras apócrifas y pese a que están amparados, los ficharon como si fueran criminales por el único delito de estar defendiendo lo que por derecho les pertenece, si a ellos que tienen documentación que los reconoce en la Secretaría de la Reforma Agraria como poseedores, los están tratando así, fíjense cómo los van a sacar a ustedes los pescadores, los que toda la vida han vivido de la bahía de Zihuatanejo”.

Más adelante, tomó la palabra el presidente de la cooperativa Atuneros, Elio Orbe Solís, sostuvo que “estas injusticias por parte del gobierno tanto federal, estatal y municipal no los podemos tolerar cuando están pasando por encima de los intereses de la ciudadanía; se supone que el Estado está para proteger a los intereses del pueblo, se supone que esas son las garantías que debemos de tener de quienes están al frente en el gobierno”.

“Desgraciadamente no es así no porque las leyes así lo marquen sino porque hay mentes muy distorsionadas y lo único que quieren es el beneficio propio, el beneficio económico, así como están haciendo con la familia Garibo en el cerro del Guamilule, así mismo quieren hacer con nosotros aquí”.

Antes, el líder pesquero Florentino Zavala Clímaco, informó que una comisión de seis personas acudirá el martes de esta semana a la ciudad de México para reunirse con los presidentes de las Comisiones de Comunicaciones y Transportes del Senado y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, encuentro que fue concertado por el alcalde de este municipio, Alejandro Bravo Abarca, “llevamos la única exigencia que es la revocación de la concesión a Fonatur”.

También dijo que el viernes de esta semana estará en este puerto el diputado federal perredista Armando Ríos Piter quien tendrá una reunión con todos los pescadores y demás opositores al proyecto de Fonatur, “vamos a llamar a cuentas al señor diputado pues nos ha dejado solos en el movimiento”, advirtieron.

Una Empresa Sucia y un Gobierno Vendido

Es inconcebible que la Sra. María Isabel Garibo Vargas y su familia siguen siendo hostigados por un despreciable empresa sucia aparentamente en contubernio con elementos corruptos del gobierno, pero una vez más las acciones del gobierno se prestan a la única conclusión lógica de que haya tráfico de influencias al mayor postor dentro del gobierno y especificamente dentro del dizque sistema de justicia.

Denuncia familia hostigamiento del MP de Azueta por la posesión de un cerro en Barra de Potosí

El Sur de Acapulco - 14 de Marzo, 2011

Brenda Escobar - Zihuatanejo

La posesionaria del Cerro del Huamilule, ubicado en la comunidad turística Barra de Potosí, María Isabel Garibo Vargas, denunció que ella y su esposo son hostigados por el Ministerio Público de Atención al Turista en Zihuatanejo y por el director general Jurídico Consultivo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quienes consignaron una denuncia en su contra, la cual fue puesta por un particular que se dice dueño del cerro.

Este domingo en conferencia de prensa en las oficinas de la Unión Campesina Democrática, en esta ciudad, Garibo Vargas, acompañada de su esposo Eulises Damián López, declararon que a finales de 2008 fueron denunciados penalmente en la Agencia del MP de Atención al Turista por José Luis Alejandro Espíndola López, por el delito de despojo del cerro del Huamilule, presuntamente propiedad del denunciante.

Desde 1961, la familia Garibo Vázquez tiene la posesión de dicho cerro, conocido por todos los vecinos de Barra de Potosí y alrededores, y los Garibo y sus 11 hijos han sembrado palmeras y árboles frutales y han preparado la zona para pastizales.

Desde julio de 2008, la familia Garibo Vargas, representada por la señora María Isabel, ha emprendido una lucha contra quienes se han ostentado como propietarios de esas tierras, quienes pretenden despojarlos de las 148 hectáreas con vocación turística.

Uno de esos supuestos dueños son los socios que conforman la empresa Interad SA de CV, quienes han enviado personas que han quemado y destruido en dos ocasiones la cabaña que tenía la familia en la parte más alta del cerro, la última vez el 10 de julio de 2008.

Además de las agresiones a su patrimonio, la familia Garibo Vargas enfrentó en ese mismo año dos denuncias penales por el delito de despojo: una interpuesta por los representantes legales de la empresa Interad, y la otra por el particular José Luis Alejandro Espíndola López, en noviembre de ese año.

Ayer domingo, en la conferencia de prensa, María Isabel Vargas dijo que junto con su esposo acudieron al MP a rendir su declaración, en la que manifestaron que el supuesto agraviado “jamás ha tenido la posesión de las tierras, nadie lo conoce en Barra de Potosí, nadie lo ha visto; sólo yo en una ocasión hace 10 años, cuando se presentó en mi local para amenazarme a que nos atuviéramos a las consecuencias porque según esas tierras eran suyas”.

Agregó que en esa ocasión, le presentaron al MP, Raúl Chacón Montañez, copias certificadas de la denuncia que meses antes habían enfrentado por parte de la empresa Interad SA de CV, las cuales constan en la averiguación previa AZUE/PETA/047/2008 en la que le demostraron que desde 1961 la familia Garibo Vargas tiene la posesión del cerro; “en esas copias también presentamos la declaración de los testigos quienes dan testimonio que desde entonces, mi familia ha ocupado el cerro”.

“También le presentamos las copias certificadas de la causa penal 22/2009-2 donde esa empresa, representada por Pedro Olea Bracamontes, en las que demostramos que el juez responsable de la causa negó la orden de aprehensión en nuestra contra porque la empresa presuntamente agraviada no demostró que tiene la propiedad sobre el predio del que nosotros tenemos la posesión”, agregó.

Además de lo anterior, también le exhibieron a Chacón Montañez copias del informe que en su momento rindió el director jurídico contencioso José Arturo Monterrubio Nájera y la subdirectora de Colonias Agrícolas y Ganaderas, ambos funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria, en el que informan que en esa dependencia no obra ningún título de propiedad del cerro.

“Todos esos documentos se los presentamos al agente del MP y aún así determinó que había elementos para solicitar el ejercicio de la acción penal en nuestra contra”, se quejó la agraviada.

“Pese a las pruebas que nosotros le presentamos y que ya habían sido desahogadas en una denuncia penal similar y que fue consignada el juez determinó que no había elementos, pero el licenciado Chacón sorpresivamente solicitó a la Dirección General Jurídico Consultiva de la PGJE que determinara, allá en Chilpancingo, que la denuncia debía de ser consignada ante el juez pidiendo el ejercicio de la acción penal”, señaló.

La mujer consideró que el agravio “es una injusticia y una clara venta de la justicia al mejor postor; no sabemos cuál es el interés del licenciado Chacón y el director jurídico para asegurar que nosotros cometemos un delito cuando ya nos juzgaron por lo mismo y no nos encontraron culpables. Esas pruebas que le presentamos no les importaron, lo que nos hace pensar es que recibieron dinero”.

“Nosotros le hacemos un llamado al juez que vaya a recibir nuestro caso que considere las pruebas que nosotros estamos aportando; son copias certificadas de la denuncia que puso en contra nuestra la empresa Interad y que perdió porque somos nosotros los legalmente posesionarios del cerro; le pedimos que no se preste a corruptelas ni se preste a contubernios turbios por encima de la justicia”, pidió.

Datos Penosos de Guerrero

Por abandono, por neglecto, por hacer caso omiso, por corrupción, por racismo y por ineptitud de nuestros gobernantes la mayor parte del estado de Guerrero padece de pobreza extrema. El campo y los pueblos indígenas se encuentran completamente abandonados por parte de los gobiernos municipales, estatales y federales desde hace décadas, lo cual fomenta la migración de miles de personas desde sus hogares cada año en busca de una oportunidad para poder cuidar a sus familias. Yo creo que parte de la razón por qué estos pueblos se encuentran en este situación es debido a la avaricia de caciques, políticos e influyentes quienes buscan lucrar de los recursos naturales encontrados en las tierras de nuestras comunidades rurales, y los dejan marginadas e indefensas a propósito. Y desde luego el modelo económico del capitalismo se basa en la explotación de la mano de obra barata. Es una situación que nos debería avergonzar y motivar para corregir esta injusticia que sufren nuestros hermanos guerrerenses.

Así es Guerrero - Parte 1

Despertar de la Costa - 28 de Enero, 2011

Edvin López

Guerrero cuenta con 3_,079,649 habitantes, de los cuales 17.2 % son indígenas (529,780 personas). La población indígena en Guerrero se encuentra esencialmente en la zona de la Montaña y en menor medida en la Costa Chica, siendo estas las zonas más marginadas del estado.

La población indígena se reparte en 4 grupos:

212,000 nahuatls (nahuas), o sea el 40% de la población indígena

148,000 mixtecos (na savi), o sea el 28%

116,000 tlapanecos (me´phaa), o sea el 22%

47,500 amuzgos (suljaa´), o sea el 9%

De acuerdo con los indicadores socioeconómicos del 2000 del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Chiapas, Oaxaca y Guerrero conforman el triángulo de la pobreza extrema del país.

La Montaña de Guerrero forma parte de las 36 zonas prioritarias del país, que tienen como denominador común la pobreza, la migración, la violencia y la militarización. De los 17 municipios de la Montaña, 11 son considerados como de muy alta marginación (CONAPO 2004). Metlatónoc es el municipio más pobre del país, seguido por Coicoyán de las Flores (Oaxaca), municipio colindante. Fuente: CONAPO 2004.

Más de 53,000 trabajadores no tienen ningún ingreso. La población indígena es la más afectada, un 46 % de los indígenas de más de 15 años no tienen ingresos.

Cerca de 28,000 trabajadores (el 24 % de la población indígena de más de 15 años en Guerrero) percibe menos de un salario mínimo mensual.

Se observan grandes disparidades: en Acapulco, un 5 % de la población indígena de más de 15 años no recibe ingresos; mientras en Acatepec o en Atlixtac – región de la Montaña, cerca de 80% de la misma franja de población no recibe ingresos.

Guerrero ocupa el segundo lugar nacional a nivel de marginación por sus viviendas.

Entre el 80 y 100% de las viviendas en los municipios indígenas de Guerrero no cumplen con las condiciones mínimas de una vivienda digna. El 40% de las viviendas tienen piso de tierra.

El 29% de las viviendas (por un 72% en la Montaña) no tienen agua entubada, y más de 500 comunidades (un 56%) carecen del suministro de agua entubada en un entorno donde las fuentes de agua son pocas y alejadas.

El 47% de las viviendas no tienen drenaje (por un 97% en la Montaña de Guerrero)

El 22% de la población es analfabeta; respeto a la población indígena, la mitad es analfabeta.

En los municipios indígenas más marginados este porcentaje se eleva: 88% en San Marcos, 71% en Metlatónoc, 67% en Ahuacuotzingo, 65% en Xochistlahuaca.

Guerrero es el segundo estado con mayor índice de analfabetismo en las mujeres (más del 23%, comparado con un 9,5% a nivel nacional; Chiapas ocupa el primer lugar con un 25,5%, y Oaxaca el tercero con un 22%).45,4% de la población indígena (1 de cada dos personas) de más de 15 años no pasó por la escuela (mujeres en mayoría).

-----------------------------

Así es Guerrero - Parte 2

Despertar de la Costa - 1 de Febrero, 2011

Edvin López

En Guerrero, para muchas personas, sobre todo indígenas, y aún más, mujeres, el derecho a la educación no se cumple por varios motivos. La situación de pobreza obliga a los niños a trabajar para mejorar la economía familiar. Además muchas comunidades aisladas no cuentan con las infraestructuras adecuadas para dispensar la educación (falta de aulas, mobiliario, libros, servicios básicos, falta de maestros, clases sobrellenas).

Salud

El 96% de la población indígena en Guerrero no tiene acceso a servicios de salud por falta de hospitales con personal calificado y con equipamientos básicos: La Montaña cuenta con un hospital general en Tlapa para atender a 300,500 personas repartidas en 17 municipios (con sólo 3 ginecólogos, dos anestesistas y un pediatra contratados para cubrir un solo turno); 6 hospitales básicos comunitarios (sin especialistas ni equipamientos básicos); y unas 166 unidades de salud, de las cuales más de la mitad no cuentan ni siquiera con la presencia de un médico general (funcionan sólo con enfermeras y otro tipo de personal menos calificado).

En Guerrero se encuentran 22 municipios con elevados porcentajes de desnutrición en la población.

La mortalidad infantil es particularmente elevada en algunos municipios: En Chilapa (Guerrero, zona centro, colindando con la Montaña) mueren 89 niños por cada 1,000 nacidos vivos, mientras el promedio es de 28 en México y de 6 en los países industrializados. Muchos niños mueren de enfermedades fáciles de curar en países del primer mundo.

La mortalidad materna es de las más elevadas en el mundo: En Guerrero, 281 mujeres indígenas mueren por cada 100,000 recién nacidos, mientras el promedio es de 151 en las mujeres indígenas en México y de 51 en las mujeres mexicanas.

Falta de atención a las mujeres en su edad fértil: En México, 1 ginecólogo tiene que atender a 2,414 mujeres en edad fértil.
En Guerrero, 1 ginecólogo tiene que atender a 4,132 mujeres en edad fértil.
En la Montaña de Guerrero, 1 ginecólogo tiene que atender a 17,654 mujeres en edad fértil (hay 5 ginecólogos por 88,277 mujeres).

Tierra

El concepto de tierra es distinto según los pueblos indígenas y la población mestiza. Los pueblos indígenas siguen considerando la tierra como algo integral (la “madre-tierra”), sagrado y colectivo, que no se puede vender. Han predominado en México los regímenes de propiedad ejidal y comunal de la tierra:
Ejidos: cada ejidatario recibe una parcela de tierra, y toda decisión que tiene que ver con las tierras de este núcleo la tiene que tomar la asamblea de ejidatarios en su totalidad.
Tierras comunales: la tierra pertenece a la totalidad de los miembros de una comunidad, y en consecuencia los beneficios de la misma se distribuyen entre todos.

En Guerrero, el 75% de la superficie total de las tierras laborables están bajo esos regímenes:
956,895.94 hectáreas son tierras ejidales
239,848.10 hectáreas son tierras comunales

La visión indígena de la tierra va chocando con otra visión mercantilista: La tierra ha sido reducida por el sistema económico actual a su sola dimensión material y ha sido fragmentada en distintos momentos bajo el amparo de la ley. Surgió el concepto de propiedad privada, y de ahí muchos problemas agrarios.

-----------------------------

Así es Guerrero - Parte 3

Despertar de la Costa - 2 de Febrero, 2011

Edvin López

El estado de Guerrero cuenta con algunos de los ríos más importantes del país, como el Río Balsas, el Río Costa Chica, el Río Costa Grande. Tienen un gran número de presas de riego e hidroeléctricas.

En el estado de Guerrero existen seis centrales generadoras de energía eléctrica (cuatro hidroeléctricas: La Venta, La Villita, Infiernillo y El Caracol; una de turbogas: Las Cruces; y una termoeléctrica: Petacalco). Para el año 2000 aportaban el 9.2% de la producción eléctrica total del país mientras el porcentaje de electrificación era del 47.9% . Guerrero junto con los estados de Oaxaca y Chiapas son las entidades del país en la que los habitantes cuentan con menos energía eléctrica en sus domicilios.

En 1976 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició los estudios técnicos en La Parota, cerca de Acapulco, para la construcción de una presa hidroeléctrica. En 2004, la CFE contaba con el estudio de factibilidad técnico económica y de pre construcción.

Dicha presa hidroeléctrica en los terrenos ejidales de la Parota, sobre el río Papagayo, representaría:
La inundación de 13 poblados
- La reubicación de más de 20 mil habitantes obligados a abandonar sus hogares (de los cuales el 76% se dedica a la actividad agrícola)
- La inundación de 14 mil 213 hectáreas, o sea un grave deterioro ambiental
- La desaparición de los mantos freáticos que abastecen de agua al Puerto de Acapulco
- Un embalse de 13,728 mil hectáreas de superficie
- Una cortina que represaría el río de 162 metros de altura
- 5 años de obras
- 8 mil millones de pesos

Según el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), el objetivo de la presa es proporcionar energía a las maquilladoras, los grandes centros turísticos, a las ciudades y la industria de extracción, entre otras, pero no para el desarrollo y las necesidades de los pueblos. Pretende también abastecer la energía eléctrica del sur de los Estados Unidos y unirse a la red eléctrica nacional y centroamericana.

La construcción de la presa ha dividido a las comunidades locales: unas están dispuestas a aceptar la indemnización por la destrucción de sus tierras, y otras se oponen enérgicamente. En enero del 2003, el CECOP (Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota) comenzó sus actividades contra la construcción de la presa. La CFE llevó a cabo algunas consultas con representantes de las comunidades locales sobre la construcción de la presa, pero el CECOP afirma que el proceso de consulta excluyó deliberadamente a quienes se oponían a la presa e indujo a error a otros, por lo que el resultado fue un proceso injusto y no transparente. Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder del CECOP, ha recibido amenazas de muerte anónimas por su lucha en contra de la construcción de la presa. Amnistía Internacional hizo pública una acción urgente respeto a su situación el 17 de diciembre de 2004.

Según el diputado Adrián Chávez Ruiz, coordinador del área de Desarrollo Rural del grupo parlamentario del PRD en el Congreso de la Unión, los estudios de la CFE no han sido llevados hasta el fondo respeto a las consecuencias del proyecto en términos de impactos ambientales así como de las ganancias previstas. Recuerda además que la construcción de La Parota ha sido "duramente cuestionada por diversos grupos y organizaciones sociales, ambientalistas y de derechos humanos". Y que ante ello ha existido por parte de la CFE "una actitud de persecución contra la gente, incluso con fabricación de delitos que han llevado a prisión a personas que se han opuesto a la presa". Por ello, advierte Chávez Ruiz, "existe la posibilidad y riesgos reales de que la paz social en el área sea quebrantada".