Más Merecemos

por Eduardo Morán C.

14 Noviembre 2015 - ¡Vaya lío más interesante está resultando el asunto de la lista de raya! Sin bien el secretario particular del presidente después de la descomunal embarrada que le obsequió a la Constructora El Hujal, nos dice que siempre no, que todo fue un error por realizar juicios a priori, resulta que sus aclaraciones enredan más el asunto.

Si bien el secretario despercude a la empresa ensuciada a priori; a posteriori nos deja más pior de lo que estábamos, pues nos revela que el tema(?) ya lo “están viendo las instancias correspondientes” y que además “es un tema como muchos tantos en la administración”. Señor secretario: A priori (aclaro), debemos entender que el tema es ¿De quién carajos son las listas de raya? El presidente ya dijo que del ayuntamiento no son pues obras no está haciendo el “H”, y usted nos aclara que tampoco son de quien usted a priori creyó, así que entonces: ¿De quién Chon? dijo Chico Che.

Dado lo difícil que le está resultando al ayuntamiento dar con el incorpóreo patrón de los demandantes, el secretario del preciso precisó que el tema ya lo están viendo las instancias correspondientes, sin aclarar cuál es el tema y qué instancias lo está viendo ¿La Interpol? ¿El grupo internacional de expertos que busca a los 43 de Ayotzinapa? ¿El IMSS? ¿La Paca? o ¿Los Caza Fantasmas? No conforme con enredar más la madeja, el señor secretario nos avienta una información que eriza los pelos al más tranquilo, pues de ser este “un tema como muchos tantos en la administración” entonces a priori (aclaro) uno se pregunta ¿Pues cuántas listas de raya más hay? ¿Cuántos ignotos patrones más son financiados con recursos públicos? ¿Es éste solo uno de los muchos pagos se hacen ignorando la razón de ellos? Señor Arzeta Serna: Con todo respeto pero ¡Vaya manera tiene usted de aclarar a posteriori su a priori metida de pata!

Dado que encontrar desaparecidos a todos nos consta que no es precisamente una característica que distinga a las instancias correspondientes, le recomiendo al secretario del presidente, a éste y a los regidores que les interese aclarar el asunto (si es que hay alguno), que nos permitan a los ciudadanos echarles la mano, hagan de nuestro conocimiento quienes son los trabajadores, en cuáles obras dicen que trabajaron, qué puestos tenían y cuánto ganaban, seguramente alguien habrá visto o conocerá al esquivo patrón que nadie del ayuntamiento puede localizar. Y ya que mencioné a nuestros inútiles regidores, pues están igual de escondidos que el fantasmal patrón de marras, aprovecho para exigirles que ellos también dejen de cobrar su sueldo a un patrón para el cual no trabajan, pues su nula intervención en este asunto demuestra que para los ciudadanos no lo hacen. Quizás por eso no han abierto la boca ¡Se morderían la lengua!

Ante lo turbio del asunto, conocer ahora a quienes y por qué trabajos el ayuntamiento pagó $22'883,970.22 a personal eventual el año pasado, resulta por demás importante. Cómo aceptar ahora sin sospechar algo truculento, que el rubro de reparación y mantenimiento de equipo de transporte haya pasado de $658,725.58 presupuestado en 2014 a los $4'758,721.01 que se gastaron. Dejo hasta ahí las interrogantes porque sería interminable relatar todas las que surgen ahora con el caso de la lista de raya huérfana, no sin antes pedir a la partida de espurios trabajadores que tenemos en el cabildo que nos digan ¿En qué se presupuestó gastar los casi 500 mdp que ejerce este año el ayuntamiento y cuánto y en qué realmente se han gastado? Algo que me consta que el gobierno que dice ser “El cambio que Decidí” no está dispuesto a informarme, lo cual tiene sentido ya que un solo tarugo lo solicita y como la unidad de transparencia local y el ITAIG son tan inútiles como la carabina de Ambrosio, algo tan simple como encontrar un patrón o ubicar una obra se convierten en misterios insondables.

Señores y señoras estamos viendo como nuestro ayuntamiento es demandado para que pague listas de raya que ignora a qué obra corresponden y cuál es la empresa o patrón que las realizó y seguimos en Babia. ¿Cómo carajos vamos a evitar que al municipio se lo lleve la chicana si permanecemos callados, desunidos e indiferentes ante esta más que evidente tranza entre un etéreo patrón o empresa y funcionarios municipales? Resulta por demás ridículo que en días pasados, un líder de taxistas se haya quejado de los baches que tenemos y no pregunte absolutamente nada sobre la misteriosa lista de raya. ¿Acaso no se da cuenta que los baches existen precisamente porque él no le exige al ayuntamiento que le informe con todo detalle en qué gasta cada uno de los centavos que maneja? ¡Por favor! ¿Qué no está viendo una de las cloacas por las que se fugan los recursos destinados a tapar los baches que tanto le incomodan?

En fin, es tan obvio que en este asunto hay cuche encerrado, tan evidente que las fortunas que exhiben nuestros funcionarios municipales son imposibles de adquirir solo con los sueldos que reciben, y sin embargo permanecemos callados, pegando de gritos solo cuando quedamos fuera de listas de raya como las que nos ocupa, que ningún sentido tiene que nos quejemos de lo jodidos que estamos ¡MÁS MERECEMOS!

Es Todo…

De nuevo - NO al Muelle de Cruceros en Zihuatanejo

Cruceros en Bahía de Zihuatanejo

De nuevo otro presidente municipal de Zihuatanejo ha solicitado la construcción de un proyecto multimillonario de un muelle para cruceros. De nuevo nos quiere hacer creer que el proyecto nos va a beneficiar y aumentará el turismo en Zihuatanejo por llegar más cruceros. Es pura mentira que llegarán más cruceros con la construcción de un muelle para cruceros. 

Los dizque servidores públicos nos quieren engañar para poder despilfarrar millones de pesos y llenar sus bolsillos hasta el tope. La misma industria de los cruceros explica muy bien las razones por qué se ha disminuido el arribo de cruceros a Zihuatanejo, y no tienen absolutamente nada que ver con la falta de un muelle para cruceros sino con la falta de seguridad pública, la pobre imagen de México entre el mercado extranjero de pasajeros de cruceros, la falta de interés en viajes por cruceros a la Costa Pacífica de México que duran más de 5 días (se requieren más días para un viaje redondo desde San Diego a Zihuatanejo), problemas con la economía de los EE.UU. y el movimiento de cruceros hacia regiones del mundo donde la demanda sí ha crecido (Mediterráneo, Oceanía, Caribe) ya que sólo hay cierta cantidad de buques. 

La construcción de un muelle para cruceros en Playa Linda, Playa La Majahua o Playa El Palmar perjudicará la economía de los comerciantes de Zihuatanejo quienes históricamente han beneficiado por lo menos un poco de los cruceros, incluyendo todos los comerciantes del mercado de artesanías en la Calle Cinco de Mayo, del Andador del Pescador y de los demás calles del Centro Histórico de Zihuatanejo ya que no vendrán los pasajeros para ambular y hacer compras como antes. Los únicos beneficiados con la reubicación del arribo de cruceros van a ser agentes de viajes que ofrecen excursiones por autobús, o sea en nuestro caso significa Mario Diego Hernández ya que él es quien vende las excursiones por autobús, excursiones que los pasajeros compran en el crucero antes de desembarcarse. 

No hay ninguna necesidad de gastar estos millones y arruinar otra playa. Es simplemente otro caso de tentación, avaricia, fraude y corrupción. De nuevo vamos a tener que recurrir a las manifestaciones (creo que es la quinta vez en los últimos 15 años), pero los políticos nos van estar echando sus mentiras como siempre porque su hambre para despilfarrar estos fondos es enorme ya que vienen las campañas electorales y aún andan flacos. 

La única cosa que necesitamos es un muelle flotante junto al muelle municipal para poder recibir mejor los turistas que llegan por los tenders, igual que tiene en La Paz. Un muelle para cruceros no nos va a atraer ni un crucero ni un pasajero más que habría llegado normalmente. No dejemos pasar este desperdicio multimillonario de nuestros impuestos sólo para enriquecer unos corruptos y sus compinches. ¡YA BASTA!

Pensando en Zihuatanejo-Ixtapa con Amor, Honestidad y Transparencia

Eduardo Morán
29 abril 2014

Esto estoy pensando:

Ante el patético destino turístico en que nos hemos convertido, lo que está provocando que innumerables negocios cierren y que muchas inversiones se vayan a otros lares, me parece urgente tomar medidas que detengan la caída libre en que estamos inmersos desde hace varios años. De no corregirse el rumbo, en breve el presidente municipal puede iniciar su informe de gobierno diciéndonos que nos tiene 2 noticias: una mala y otra buena, la buena es que tragaremos caca, y la mala es que no alcanzará pa'todos. Si bien no existe una fórmula mágica e instantánea que reactive la economía del municipio, me parece que hay 3 elementos indispensable para lograrlo, el primero es que nuestros gobiernos gasten mejor, el segundo es que los gasten en lo que deben y por último, que ponga orden en rubros que afectan de manera determinante la principal actividad económica del municipio.

Lograr que nuestros ayuntamientos gasten mejor es fácil y barato, bastaría con que las administraciones municipales rindieran cuentas claras y detalladas de cuánto y en qué gastan. Esta simple medida que a muchos ciudadanos les parece intrascendente y a los gobernantes un sacrilegio, es la forma más efectiva que existe para disminuir el despilfarro y corrupción que durante años a privado en el manejo los recursos públicos. Lo triste del asunto es que a pesar que el actual presidente municipal comparte la idea (Plan de Gobierno 2012-2015), ahora que debe y puede poner en práctica simplemente no le da la gana hacerlo. Si vemos el susodicho plan leeremos entre otras cosas lo siguiente:

“LAS METAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS SON: 

Meta específica 3: Publicar la cuenta pública cuatrimestral que se entrega al congreso. 
Meta específica 4: Informar vía página de Internet, todo sobre la obra pública efectuada con ingresos propios y con ingresos Estatales y Federales. 
Meta específica 6: Crear el Comité de vigilancia de la Obra Pública y adquisiciones, conformado por representantes de la sociedad civil.”

¿Por qué sabiendo los beneficios que traería a los ciudadanos rendir cuentas, esta administración al igual que todas las anteriores no lo hace? Bueno la respuesta es más que obvia: Porque ocultarlo es lo que permite las tranzas y desvíos que a su vez permiten a innumerables funcionarios municipales hacerse millonarios en sus 3 años de gestión. No busquemos más explicaciones pues ninguna otra razón existe, lo único que impide informar a éste y a todos los ayuntamientos anteriores en qué y cuánto gastan, es la deshonestidad de quienes ejercen el gasto público. Así de simple es el asunto, mientras nuestros funcionarios puedan pasar impunemente de la pobreza extrema a millonarios, jamás nuestros ayuntamientos rendirán cuentas.

Quedando claro por qué los ayuntamientos ocultan todo lo referente al gasto público, resulta de un cinismo monumental que miembros del actual cabildo al inicio de su gestión, se hayan rasgado las vestiduras porque sus antecesores actuaron exactamente como ahora ellos actúan. Es decir “Hágase la voluntad de dios en los bueyes de mi compadre”.

Siendo que el monto y destino del gasto público sería muy distintos, si quienes lo administran supieran que su ejercicio sería sometido al escrutinio público, entonces rendir cuentas claras y detalladas se convierte en un mecanismo indispensable para que nuestros recursos se administren mejor. Si a todos nos consta que sujetar el gasto público solo a la “honestidad” de los funcionarios que lo ejercen es precisamente el problema, entonces DHPT (Dejemos de Hacernos Pendejos Todos). Nadie en su sano juicio dejará de utilizar los recursos públicos en su beneficio, mientras quede oculto en qué se gastan. Es una notable estupidez esperar que los funcionarios no hagan uso indebido de ello, cuando robárselos los hace pasar instantánea e impunemente de muertos de hambre a millonario.

Esta nefasta práctica ha llegado a tal extremo que el actual cabildo reservó información pública de oficio, es decir aquella que la ley obliga a los ayuntamientos a tenerla disponible a cualquier ciudadano sin necesidad de que la solicite, con el indignante argumento de que quiere “evitar proporcionar datos inexactos o incompletos a la población respecto de ingresos o egresos que aún no queden firmes” ¿Pues qué clase de idiotas creen que somos los ciudadanos? En qué quedamos señor presidente, hoy su gobierno reservó información que usted específicamente se comprometió a publicar: “La cuenta pública cuatrimestral que se entrega al congreso” (Pág. 42, Plan de Gobierno 2012-2015). Según sus palabras el gobierno diferente iba a: “Informar vía página de Internet, todo sobre la obra pública efectuada con ingresos propios y con ingresos Estatales y Federales.”. Don Eric no quiero saber “todo” sobre la obra pública, me conformo con saber los volúmenes de obra y los precios unitarios de la remodelación de la Plaza Kioto, las pavimentaciones y el Parque Lineal. Y ya entrado en gastos le pregunto: ¿Qué paso con el Comité de vigilancia de la Obra Pública y adquisiciones que menciona su plan? Si algún día se conforma me apunto, y si acaso existe, ¿Cómo puedo integrarme? Le anticipo que no quiero oro ni quiero plata, yo lo quiero es romper la rapiña (ta).

Concluyo: Ocultar en que y cuánto gastan nuestros ayuntamientos es lo que permite las nóminas obesas repletas de aviadores y recomendados, cantaleta inicial de esta administración, pero que hoy cuando ya integró a los suyos y les dispensa clandestinamente jugosos bonos, compensaciones y sobresueldos mantiene el mismo hermetismo que tanto los ofendía. No informar detalladamente en que se gasta, es lo que ocasiona que con nuestros recursos se paguen bienes y servicios de uso personal a infinidad de funcionarios, que de otra forma tendrían que pagar ellos, baste decir que hasta empleadas domésticas llegan a formar parte de la nómina del H., no se diga gasolinas para el carro de la esposa, llantas, mano de obra y materiales de construcciones propias, francachelas, etc. etc. Es solamente ocultando los volúmenes y precios unitarios de las obras, que sus costos y calidad pueden alcanzar niveles impúdicos.

Por razones de espacio solo menciono parte del despilfarro, irresponsabilidad y corrupción que no rendir cuentas permite a nuestras autoridades, de ahí que el asunto sea una asignatura esencial para que el gasto público nos ayude a salir del hoyo, en lugar de hacerlo cada día más profundo.

El segundo paso que creo que deberíamos dar, es que si todos sabemos que la economía del municipio depende del turismo, es incompresible que los pocos recursos que dejan quienes los administran, no se destinen principalmente a fortalecer la actividad. Nada tengo en contra del “Parque Lineal”, pero no puedo imaginarme a un indeciso turista Canadiense o Norteamericano resolviendo venir a Ixtapa-Zihuatanejo, porque ahora podrá caminar en un flamante parque lineal. De igual forma, me parece ridículo que un extranjero elija venir a Zihuatanejo para extasiarse contemplando la remodelada Plaza Kioto. Qué bueno que el gobierno diferente realizó estas obras, pero ¡Carajo! si el meollo del problema que tenemos es que Ixtapa-Zihuatanejo perdió el atractivo que tenía para el turista de alto poder adquisitivo, enfoquemos pues nuestros esfuerzos y escasos recursos en recuperar lo que los hacía venir. Entienda don Eric que gastar en obras en función del beneficio que obtienen quienes las construyen, administran y supervisan, es precisamente lo que por décadas, ha impedido invertir en aquellas que se requerían para que el turista de alto poder adquisitivo no se alejara de Ixtapa-Zihuatanejo.

No soy experto en el tema, pero creo que el turista extranjero y nacional de billetes, venía a Zihuatanejo a disfrutar de su bahía, de su entorno, de su imagen rústica si se quiere pero mucho más limpia, un pueblo que no olía a mierda por todos lados, con calles de adocreto sí, pero sin gruesas capas apestosas de líquidos exiliados por doquier, un destino caro pero al que el extranjero venía, gastaba y regresaba. ¡Con un demonio! En qué cabeza cabe que don Gastón Billetes venga a visitar el muladar en que nos hemos convertido solo porque le sale barato, es increíble que no entendamos que ese tipo de turistas jamás vendrá a visitarnos porque aquí puede llevar su anafre a la playa, o llevar a ella su bolsa de sándwiches y sus caguamas. Peor aún, como esperan nuestras autoridades que un turista, por jodido que sea, venga a un destino de playa cuando en él va a encontrar 7 de las 15 playas más contaminadas del país.

Siendo el tétrico panorama que hoy tenemos el resultado de 30 años de nefastas administraciones municipales, es increíble que todavía haya quienes esperan que las cosas mejoren con solo elegir democráticamente a los próximos administradores, sin darse cuenta que el problema no es quienes, sí no cómo se administran los recursos públicos. Imposible defender la administración de ABA, pues incurrió en el mismo ocultamiento que antes comenté, con el agravante que produjo funcionarios millonarios en demasía y que al final terminó costándole la diputación federal, sin embargo no podemos soslayar que las obras que se realizaron en esa administración impactaron favorablemente la actividad turística. Por desgracia el boulevard Agua de Correa-El Limón, el bicentenario (de costo siniestro) y los tejabanes, no marcan diferencia en la calidad del turismo que nos visita. Quizás los tejabanes sean el mejor ejemplo de lo que trato de decir en esta nota: Seguimos gastando en obras para turistas que ya no tenemos, porque no gastamos en conservar, mejorar e incrementar las cosas que los hacían venir.

Es increíble que conociendo el origen y padeciendo ya las consecuencias de la contaminación de la bahía, el señor presidente anuncie una inversión millonaria para palear lo efectos del problema, y no se invierta un centavo en resolverlo. Señor presidente, señores regidores, señores directores de obras públicas, desarrollo urbano y ecología, les informó que la bahía es una bacinica monumental por 2 razones: a).- Porque las plantas de tratamiento no fueron diseñadas para recibir el excremento de los miles de asentamientos irregulares, que nuestros ayuntamientos en contubernio con FIBAZI han permitido por décadas. Y b).- Porque además de no tener la capacidad para tratar los volúmenes de aguas negras que reciben, sus administradores nunca han dejado dinero para su mantenimiento y optima operación. Lo grave de esto último es que si ya sabemos que la CAPAZ tiene problemas para cubrir su fabuloso gasto corriente, como diablos podemos esperar que sin acotar ese gasto, tenga recursos para cubrir el mantenimiento de más equipo. ¡Carajo don Eric! La CAPAZ no puede mantener al equipo que tiene y usted nos anuncia que se gastarán 32 mdp en ampliarlo.

Don Eric si de verdad quiere limpiar de caca la bahía primero debe sacarla de la CAPAZ, y no me refiero a que despida a sus actuales directivos, sí no a que transparente y eficiente su administración pues de otro modo jamás se resolverá el problema. Si su intención es resolver a fondo la contaminación de la bahía, y no solamente ver cuánto le rasguñan a los 32 mdp que se invertirán, exija al congreso del estado la extinción de FIBAZI cuya función tiene años de carecer de sentido. Es tan patente la nulidad del fideicomiso que hasta su actual director exigió su extinción, obviamente lo hizo cuando no lo era y no recibía los 80 mil pesos mensuales de sueldo que hoy recibe (http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2013/07/REMUNERACIÓN-MENSUAL-POR-PUESTO.pdf). Esta aberración se magnifica, cuando vemos que entre 2011 y 2013 el organismo gastó 107 mdp, de los cuales 51.5 mdp fueron sueldos. Es decir además de sufrir las consecuencias de las invasiones, se pagan 50 mil pesos diarios de sueldos al personal de FIBAZI que las permite. ¿Cómo pa'que pregunto?

Señor gobernador, señor presidente municipal y señor director de FIBAZI, entiendo la imposibilidad de reubicar las miles de invasiones que ya se permitieron y regularizaron, entiendo que ahora se anuncie que se ampliará la capacidad de las plantas de tratamiento, pero si no se detiene de manera tajante y definitiva la invasión de la reserva ecológica de Zihuatanejo, jamás podremos recuperar el tipo de turistas que nos visitaban. No les parece señores autoridades que gastar 17 mdp de sueldos anuales en un inútil fideicomiso es echar más estiércol a la bahía. Si el propio FIBAZI señala en su página de internet que una de sus funciones más relevantes es “Mantener el control del polígono del FIBAZI, para salvaguardar los terrenos fideicomitidos, vigilando de manera permanente las zonas de reserva territorial; estableciendo acuerdos de coordinación con las autoridades correspondientes tanto del municipio como del estado”. Como diablos entender un despilfarro de recursos de esta magnitud ante la manifiesta inutilidad del organismo.

Concluyo: Si seguimos dilapidando como hasta ahora los escasos recursos que tenemos, simplemente es imposible que Ixtapa-Zihuatanejo recupere algo de lo que lo hacía atractivo al turista que deseamos recibir. Continuemos pues gastando en obras en función de los intereses de los constructores y directores responsables de supervisarlas, sigamos pues dilapidando recursos en mantener organismos inoperantes mientras la caca auténticamente nos llega al cuello, solo les pido que no hagan olas.

El tercer y último paso se refiere a que si bien es innegable que el 11/09, la “influencia AH1N1”, la crisis económica de los E.U.A., el clima de violencia imperante en el país y otros factores más han impactado negativamente el tipo de turista que recibimos, no podemos soslayar la serie de errores, abusos y sobre todo tranzas que aquí hemos cometido para acentuar la gravedad del problema. Si no preguntamos porque ante los mismos eventos, Puerto Vallarta, Cancún o Los Cabos no padecen hoy la misma crisis que nosotros, encontraremos que la respuesta es bastante simple: Porque esos destino no solo conservaron los atractivos que los hacían interesantes a sus turistas, sí no que los mejoraron, ampliaron y diversificaron, mientras que nosotros los empeoramos, reducimos y concentramos.

Aceptar que la culpa del precario nivel económico del turista que hoy estamos recibiendo recae principalmente en nosotros, es fundamental para corregir el problema. Nada tiene que ver el 11/09 con la cantidad de OPISIS que deambulan y acosan a su antojo mañana, tarde y noche a nuestros visitantes en todo Ixtapa. Ninguna influencia tiene la “influencia AH1N1” en el crecimiento exponencial de la hospedería y prestadores de servicios piratas que pululan en el destino. La crisis económica de los gringos no fue lo que ocasionó que a miles de personas se les permitiera asentarse de forma irregular a diestra y siniestra. El clima violencia en el país no tiene ninguna relación con la contaminación que hoy presenta la bahía. Es decir a los factores externos que nos afectaron, nosotros le agregamos básicamente por corruptos, otros que nos tienen al borde del precipicio.

No puedo entender que grado debe alcanzar la crisis económica que estamos viviendo y de que magnitud tiene que ser la contaminación de la bahía, para que nuestras autoridades decidan impedir a toda costa un solo asentamiento irregular más. Que esperan para convertir al FIBAZI en una simple oficina de cobro. Que esperan para ordenar las jaurías de vende-tiempo-compartido que tanto molestan a los cada vez más escasos visitantes que tenemos. Hasta cuando permitirán que cientos de vendedores ambulantes acosen a nuestros turistas en nuestras cada vez más desiertas playa. Si ya somos un destino esencialmente carretero, hasta cuando se pondrá orden en el tráfico local, y de paso en el trasporte público. Hasta cuando se sancionará ejemplarmente a quien tire basura donde y a la hora que se le antoje. Hasta cuando los ciudadanos tomaremos conciencia de nuestra responsabilidad y dejaremos de aportar nuestro granito de arena para convertir a Ixtapa-Zihuatanejo en el pinchurriento destino bicicletero en que lo hemos convertido.

Solo cuando a los ciudadanos que forman parte de un gobierno municipal se le impida disponer secreta e impunemente de los recursos que administran, es que tendremos recursos y posibilidades de invertirlos en ir tapando los hoyos que nos tienen jodidos. Mientras “Todo mundo se quiera ir al cielo, pero nadie se quiera morir” seguiremos matando lo poco que queda del destino turístico. Mientras no dejemos de tildar de “pobre pendejo” al funcionario honesto y al ladrón de “listo”, ningún sentido tiene gastar una fortuna en elegir democráticamente a quienes nos robarán de igual manera.

Si ya sabemos que ocultar la información de cuanto y en qué se gastan los recursos públicos es lo que fomenta y permite despilfarrarlos y agenciárselos a quienes los administran, señores precandidatos no me salgan con el cuento de que ustedes en su momento los manejarán con intachable pulcritud, cuando veo que hoy ninguno de ustedes alza la voz para exigir cuentas claras a este ayuntamiento. 

Cómo esperan que crea que ustedes manejarán con toda honestidad los recursos públicos, si permiten impasibles que este gobierno los gaste como le viene en gana, es más, cuando algunos de ustedes han participado de esa práctica. Si bien acepto que poco les debe preocupar lo que yo crea o deje de creer, pues somos un pueblo capaz de elegir como gobernante o representante a quienes lo han esquilmado con singular alegría, también veo que los excesos cometidos en la administración pasada, le costaron la diputación al Ing. Bravo Abarca. Lo triste del asunto es que en su lugar elegimos a quien nada relevante hizo como presidente municipal, y nada hace hoy por el destino como diputado federal, y no conformes con ello, en el congreso local nos representan dos personas que contribuyeron en gran medida, a convertirnos en el ridículo destino de playas contaminadas que somos. 

Después de escribir este comentario, y en vista de que ya iniciaron formalmente sus campañas políticas algunos aspirantes a la presidencia municipal, he llegado a conclusión que independientemente de las capacidades que me presuman y promesas que me hagan, votaré por aquel que considere que robará menos. Todos se dirán honestos, todos prometerán un manejo eficiente y honesto de los recursos públicos, y todos nos dirán en que se debe y van a invertirlos; pero como todos podrán administrarlos como les venga en gana, votaré esperando que por obra y gracia del espíritu santo, la siguiente administración simplemente robe menos que la que substituye.

Don Eric un poco de piedad, está usted viendo la tempestad y no se hinca, por favor no solo le hinquen el diente a los recursos, hinque también las bases que nos lleven a salir del hoyo.

Es Todo…

Columna escrita y tomada de la cuenta de Facebook de Eduardo Morán

Justicia corrupta contra gente humilde de Barra de Potosí

Una vez más la corrupción y la avaricia atentan contra gente humilde de la Barra de Potosí. Primero fueron los buitres apestosos de Interad S.A. de C.V. con sus tácticas mafiosas quienes intentaron intimidar y despojar de su terreno del Cerro de Guamilule a la familia Garibo Vargas, batalla que los Garibo Vargas ganaron juridicamente. Ahora aparece otra escoria de la humanidad en la forma de José Luis Alejandro Espíndola López que pretende hacer lo mismo, aparentamente con la ayuda de un juez cuyo profesionalismo es sumamente cuestionable dados los antecedentes de este asunto. Parece que este juez prefiere ignorar las evidencias y los fallos anteriores sobre este asunto, pero el juez y el señor Espíndola López no pudieron ignorar a la gente indignada con machetes y piedras esperándoles el día jueves, 30 de junio del año en curso cuando intentaron despojar de su patrimonio a la familia Garibo Vargas. La lucha contra la corrupción está tomando lugar aquí en Zihuatanejo y en La Barra de Potosí, y tiene muchísimos militantes listos para luchar contra esta maldad.

Impide una familia con piedras y machetes su desalojo de un predio en Barra de Potosí

El Sur de Acapulco - 1 de Julio, 2011

Brenda Escobar - Barra de Potosí

Integrantes de la familia Garibo Vargas y de la Unión Campesina Democrática (UCD), con machetes y piedras impidieron que el juez segundo penal de Primera Instancia del Distrito de Azueta, diera posesión del cerro del Guamilule al presunto dueño que lo reclama como suyo, pese a que los Garibo Vargas han vivido en ese lugar desde 1961.

A finales de 2008, Isabel Garibo Vargas y su esposo Eulises Damián López fueron denunciados penalmente en la agencia del MP de Atención al Turista en Zihuatanejo por José Luis Alejandro Espíndola López, acusados por el delito de despojo del cerro del Guamilule, presuntamente propiedad del denunciante.

Desde 1961, la familia Garibo Vázquez tiene la posesión de este cerro, hecho conocido por todos los vecinos de Barra de Potosí y alrededores; a lo largo de los años, los Garibo y sus once hijos han sembrado palmeras y árboles frutales y han preparado el cerro para pastizales.

Desde julio de 2008, la familia Garibo Vargas, representada por la señora María Isabel, ha emprendido una lucha contra distintas personas, presuntos dueños de esas tierras, quienes pretenden despojarlos de las 148 hectáreas de tierra con vocación turística y privatizarla.

Uno de esos supuestos dueños son los socios que conforman la empresa Interad SA de CV, quienes para desanimar a los Garibo presuntamente les han enviado hombres que han quemado y destruido en tres ocasiones la casa que tenían en la parte más alta del cerro; la última vez, el 10 de julio de 2008.

Además de las agresiones a su patrimonio, la familia Garibo Vargas enfrentó en ese mismo año dos denuncias penales por el delito de despojo; una interpuesta por los representantes legales de la empresa Interad, y la otra, por el particular José Luis Alejandro Espíndola López, ésta última en noviembre de ese año.

El supuesto agraviado, Espíndola López, jamás ha tenido la posesión de esas tierras, amén que no es una persona conocida en la comunidad Barra de Potosí, la cual fue fundada a finales de los años 50.

En su momento, Isabel Garibo y su esposo presentaron copias certificadas de la denuncia por despojo que meses antes habían enfrentado por parte de la empresa Interad SA de CV, las cuales constan en la averiguación previa AZUE/PETA/047/2008 en la que le demostraron plenamente que desde 1961 la familia Garibo Vargas tiene la posesión del cerro.

Además, presentaron las copias certificadas de la causa penal 22/2009-2 de esa empresa, representada jurídicamente por Pedro Olea Bracamontes, en las que demostraron que el juez responsable de la causa negó la orden de aprehensión en su contra porque la empresa presuntamente agraviada –Interad SA de CV– no demostró que tiene la propiedad sobre el predio del que la familia Garibo tiene la posesión desde 1961.

También le exhibieron copias del informe que en su momento rindió el director jurídico de lo contencioso, José Arturo Monterrubio Nájera, y la subdirectora de Colonias Agrícolas y Ganaderas, ambos funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria; en el que informan que en esa dependencia no obra ningún título de propiedad del cerro, pero aún así el agente del MP que integró la denuncia determinó que había elementos para solicitar el ejercicio de la acción penal en contra de Garibo Vargas y de su esposo, por lo que consignó la denuncia al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia en el Distrito de Azueta, cuyo juez, Carlos Meza Román, giró una orden de aprehensión en contra del matrimonio el mes de abril pasado.

Garibo y su esposo, solicitaron que el expediente 40-2/2011 fuera enviado al Tribunal de Alzada en el puerto de Acapulco, para que una instancia superior volviera a revisar el caso, toda vez que en un juicio anterior ya habían sido juzgados y exonerados por el mismo delito, “pero en el camino perdieron el expediente durante dos meses, con la finalidad de darle tiempo al juez para hacer la diligencia que quisieron llevar a cabo hoy jueves”, dijo la señora Isabel.

Ayer jueves, el juez Carlos Meza, acompañado del segundo secretario de acuerdos de su tribunal, así como por el presunto propietario del cerro del Guamilule, sus abogados y varios policías preventivos del municipio de Petatlán, intentaron llevar a cabo la diligencia en la que le daría posesión de las tierras a Espíndola López, quien además llevaba a un matrimonio que aseguró son sus huerteros (cuidadores del cerro), que han vivido ahí durante mucho tiempo.

El juez y acompañantes fueron recibidos por unos 25 integrantes de la familia Garibo Vargas así como por miembros de la UCD encabezados por Bernardo Solís Radilla, quienes machete y piedras en mano, advirtieron a los recién llegados que “aquí no van a hacer nada”, al tiempo que Isabel Garibo le mostró a Meza Román un amparo que le concedió el Juzgado Cuarto de Distrito de Guerrero contra cualquier acción que él pretendiera hacer en ese lugar.

Durante unos 10 minutos, el abogado del supuesto dueño, José Luis Delgado, y los miembros de la familia Garibo sostuvieron una conversación ríspida, “vuélveme a amenazar de muerte como lo hiciste aquella vez que fuiste a mi puesto, vuélvelo a hacer aquí delante de todos”, lo retó la señora Garibo.

Luego de leer el documento, el juez se dirigió a sus acompañantes y les dijo que ese amparo le impedía llevar a cabo la diligencia, por lo que les recomendó que lo mejor era que se retiraran y así lo hicieron.

Isabel Garibo hizo un llamado al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Martínez Garnelo, “le pido que atienda personalmente este caso, no es posible que si ya fuimos enjuiciados y juzgados por el mismo delito y se nos declaró inocentes, este juez se esté prestando a corruptelas; porque no le puedo llamar de otra manera, se preste para perjudicarnos; somos gente pobre, pero honesta, de trabajo; no es posible que ese juez no conozca las leyes y le haya dado entrada a un asunto que es meramente agrario”.

Comentó también que “aquí hemos vivido y aquí vamos a seguir viviendo, para que de una vez lo sepa el juez y toda la gente que lo acompañaron, la próxima vez no vamos a ser tan tolerantes”.

Más información sobre este nota:

Empresario pretende desalojar a una familia que vive en el cerro del Huamilule - La Voz de Zihuatanejo, 30 de Junio, 2011

Denuncia actuación irregular del juez, la familia que posee El Guamilule, en Barra del Potosí - El Sur de Acapulco, 23 de Junio, 2011

Denuncia familia hostigamiento del MP de Azueta por la posesión de un cerro en Barra de Potosí - El Sur de Acapulco, 21 de Junio, 2011

Ecocidio y corrupción en Barra de Potosí

Una vez más parece que el gobierno municipal de Petatlán se presta a la corrupción y hace caso omiso a su deber de representar los intereses de su municipio, poniendo sus intereses personales ante los intereses de su municipio. Aunque le fue señalado hace más de 2 meses que la constructora "Inmobiliaria Sol Ixtapa SA de CV" construía una carrereta a través de la selva, tapando un canal que fluye entre la Laguna de Potosí y la Laguna de San Valentín causando la sequía de Laguna de Potosí en perjuicio del patrimonio de la comunidad de Barra de Potosí y los demás pobladores colindantes a la laguna, aparentamente en violación flagrante de las leyes ambientales y seguramente haciendo un gran daño al ecosistema de la región, ni los dizque autoridades competentes ni los dizque representantes populares cumplieron con su deber de aplicar las leyes o representar a sus habitantes. Al contrario, parece que están en contubernio con los desarrolladores que están construyendo lo que ellos llaman "un desarrollo ecológico" llamado "Ecotouristic Development Laud" ("laud" por los quelonios que desovan en las playas cercanas). Pero obviamente no les interesa en lo más mínimo la protección de la ecología sino su destrucción y explotación para generar ganancias para pocas personas. Y una vez más parece que en lugar de cumplir con su deber de proteger el medio ambiente, PROFEPA se presta a la corrupción y protege los intereses de los desarrolladores, haciendo caso omiso también a su deber. Gobiernos que operan de esta manera merecen ser derrotados y sus cómplices encarcelados.

Minimiza la Profepa el daño ambiental a lagunas de Petatlán, acusa ex diputada federal

El Sur de Acapulco - 04 de Junio, 2011

Brenda Escobar - Zihuatanejo

Habitantes de la comunidad turística Barra de Potosí, denunciaron que el delegado estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Guerrero (Profepa), Joel Ángel Tacuba García, ha minimizado el daño ambiental que la empresa Inmobiliaria Sol Ixtapa, SA de CV, ha hecho al canal natural que comunica a las lagunas Valentín y Potosí, “quién sabe con qué intenciones trata de hacer creer a sus superiores que este ecocidio no es de la magnitud con la que nosotros lo hemos venido denunciando”.

5 de abril, 2011	4 de mayo, 2011
4 de junio, 2011	nivelando

La ex diputada federal perredista y vecina de Barra de Potosí, Adriana Luna Parra, criticó que a dos meses de que los habitantes, pescadores y restauranteros de ese poblado han denunciado que el empresario e inversionista Víctor Alazraki, propietario de Inmobiliaria Sol Ixtapa, destruyó el canal natural por el que se comunican ambas lagunas en temporadas de lluvias, “el delegado Joel Tacuba se atreva a aseverar que es una obra reciente”.

Dijo que “sabemos de buena fuente que el delegado de la Profepa se ha atrevido a decir a sus superiores que la apertura de la carretera hacia la playa, cuya construcción ha destruido el canal al taponarlo con toneladas de tierra de tepetate y piedra bola no estaba hasta hace unos días, cuando le hemos presentado a la misma Profepa fotografías desde que empezaron a destruir esa parte del canal y que tienen más de dos meses, cualquier cosa contraria que diga Joel Tacuba es una mentira”.

Luego, Luna Parra señaló que el presidente municipal de Petatlán, Albino Lacunza Santos, junto con el director de Ecología, Alberto García Blanco, “han estado engañando al pueblo de Barra de Potosí, no cumplen con sus obligaciones porque tendrían que ser los primeros en estar exigiendo a la autoridad federal, en este caso, la Profepa, que frene este daño que le han hecho a las lagunas ordenándole a la empresa que retire toda la tierra que tiene tapado el canal”.

“Sin embargo, quién sabe qué extraños intereses tienen el presidente municipal y el director de Ecología, pues es evidente que hay una protección inmoral fuera de sus funciones de los dos hacia Víctor Alazraki; nosotros ahorita estamos esperando una respuesta congruente por parte del delegado de la Profepa respecto a la denuncia que han puesto algunos de mis vecinos contra la inmobiliaria antes de que nosotros acudamos a la misma dependencia pero ante un funcionario mucho mayor que sí esté interesado en defender el medio ambiente por encima de otros intereses porque nos llama la atención que pese a que se denunció ya con tiempo, no ha habido ningún resultado de su parte”.

-----------------------------------------------------

Para más información visita Save Barra de Potosí

El Asesinato de Javier Torre Cruz y un estado corrupto

Parece que desde la carcel sigue operando con todo su crueldad el cacique guerrerense y ex-presidente municipal de Petatlán, Rogaciano Alba Álvarez alias "El Roga", para silenciar a una persona valiente quien tuvo la fortaleza moral de hacer lo correcto y denunciarlo por el asesinato de Digna Ochoa Plácido, la abogada defensora de los campesinos ecologistas incluyendo Teodoro Cabreras y Rodolfo Montiel. Pero peor aún es que parece que quien fuera el asesino intelectual aún tiene tanta influencia para controlar (o darles miedo) a elementos del ejército y a los policías estatales. La Guerra Sucia no ha terminado en Guerrero, y la dizque guerra contra el narco parece ser un buen pretexto para encubrir actos violentos al mando de caciques, influyentes y corruptos.

Matan en la sierra de Petatlán al campesino que denunció el asesinato de Digna Ochoa; culpan a sicarios de Rogaciano

El Sur de Acapulco - 21 de Abril, 2011

Zacarías Cervantes - Chilpancingo

El campesino de la sierra de Petatlán Javier Torres Cruz, reconocido porque denunció en la Procuraduría del DF al narcotraficante Rogaciano Alba como autor del asesinato de la abogada Digna Ochoa, fue asesinado la tarde del lunes por sicarios, presuntamente al servicio de éste, que se encuentra preso por presuntos vínculos con el crimen organizado. Asimismo, se informó que su hermano, Felipe Torres Cruz, se encuentra herido al parecer de gravedad.

Las organizaciones no gubernamentales Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), condenaron ayer este crimen y demandaron al gobierno estatal y federal la investigación del caso y el castigo a los responsables.

Marcelina Torres Cruz, hermana del activista asesinado, confirmó ayer vía telefónica a la dirigencia de estos dos organismos que su hermano Javier, de 30 años, fue emboscado aproximadamente a las 5:30 de la tarde del lunes cerca de La Morena, municipio de Petatlán, de donde es originario.

Los organismos informaron que la versión de otro de sus hermanos, Alejandro, es que Javier, “de manera extraña”, se trasladaba por el lugar conocido como Puerto de la Mosca, que se encuentra entre las comunidades de La Morena y La Barranca, en la Sierra de Petatlán, cuando fue recibido a balazos por un grupo de hombres encabezados por uno de apellido Arreola, mismos que fueron identificados como “sicarios” al servicio de Rogaciano Alba, revelaron Tadeco y el Ccti.

Alba Álvarez, ex presidente municipal de Petatlán y ex presidente de la Unión Regional Ganadera de Guerrero, actualmente se encuentra preso en el penal de La Palma, acusado de delincuencia organizada, contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

La información que recibieron los organismos de los familiares de Javier Torres es que al enterarse de la emboscada acudieron en su auxilio, pero también fueron recibidos a balazos y en esta segunda agresión resultó herido su hermano Felipe.

Posteriormente, la familia Torres pidió auxilio a la Policía Estatal y al cuartel militar del 19 Batallón de Infantería, sin embargo denunciaron que les negaron la ayuda con el argumento de que “no querían meterse en problemas”, sin explicar con quién no querían tener esos problemas.

El asesinato de Javier Torres Cruz está precedido de constantes amenazas, agresiones y el asesinato de algunos de sus familiares por grupos caciquiles, según venían denunciando, entre ellos el de Alba Álvarez, que pretendían despojarlos de su tierra.

Javier Torres interpuso una demanda penal en contra Rogaciano Alba Álvarez, en septiembre de 2007, por el asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido.

Tadeco y el Ccti recuerdan que desde entonces, la seguridad de él mismo y su familia había venido siendo amenazada “y cada vez era más frágil”, especialmente después de su secuestro e intento de desaparición en diciembre del 2008.

Añaden que el 21 de diciembre del 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordó el otorgamiento de medidas cautelares para Javier Torres Cruz, las cuales fueron reclamadas por él mismo el 7 de agosto del 2009 ante el titular del Ministerio Público de Azueta, que se presentó en la comunidad de La Morena para tomarle su declaración ministerial sobre la Averiguación Previa AZUE/PETA/111/2008, “las cuales nunca le fueron otorgadas de manera dolosa”.

Asimismo señalan que recientemente la familia Torres había descubierto que atrás de un “alarmante deterioro del estado de salud de Javier, había un intento de envenenamiento por parte de su esposa Adela Mojica Villa, quien, a su vez, antes de huir de la comunidad, les manifestó que recibía órdenes de los Arreola”.

En el comunicado de los dirigentes del Tadeco y del Ccti, se señala que Alejandro Torres les manifestó que ayer (lunes) “es probable que Javier haya sido citado por su esposa en el lugar donde fue emboscado para ver a sus hijos y aclarar su situación conyugal”.

“El asesinato de Javier Torres Cruz es resultado de la estrategia de despojo y explotación de los grupos de poder económico y político, que en contubernio con los malos gobiernos, es decir, la verdadera delincuencia organizada, mantienen una guerra de exterminio de pueblos y comunidades en distintos lugares del país y en particular en la sierra de Guerrero”, denunciaron los organismos.

En tanto, señalan que el Ejército mexicano ha mantenido una presencia intimidante y violatoria de los derechos de las comunidades mediante incursiones y persecuciones constantes.

“Javier Torres se resistió hasta donde pudo, pero finalmente sucumbió a la represión de sus enemigos dirigidos por Rogaciano Alba Álvarez, encubiertos por el Estado; a la traición de su propia esposa víctima del chantaje y el terror de las amenazas contra su familia; al desprecio e indiferencia cómplice del Estado que nunca le otorgó las medidas cautelares solicitadas ni los servicios que su comunidad reclama para romper el cerco de la marginación”, exponen.

Acusan que Javier Torres es una víctima más de la criminalización de la lucha social y de la llamada guerra del narco, “de esa guerra de capitales oscuros donde el Estado ha tomado partido y el gobierno de Calderón es parte de los contendientes, coludido con los grupos de poder político y económico integrados en las cúpulas de los partidos y en los grupos empresariales”.

Señalan que Torres Cruz “ha sido liquidado, asesinado, pero la lucha contra el despojo, la explotación, la represión y el desprecio se mantiene viva en la Sierra de Guerrero”.

Finalmente, Tadeco y el Ccti demandan el cese del hostigamiento a la familia Torres, de La Morena, protección y otorgamiento inmediato de medidas cautelares a los sobrevivientes. Asimismo, que se castigue a los asesinos.

También que se investigue debidamente y se aclaren los hechos del 16 de febrero del 2010, que se deslinden responsabilidades, que se aclare la situación jurídica de los presos Anselmo Torres Quiroz y Huber Vega Correa y se castigue a los agresores y asesinos de Adolfo Torres Rosas.

Además, “que no se utilice el discurso de la lucha contra el narcotráfico para encubrir actos de hostigamiento e intimidación en contra de las comunidades de la Sierra de Guerrero”, y que se “transparente” la presencia militar en la región y se esclarezca la presencia de paramilitares con informes fidedignos de sus acciones y resultados.

Piden, a la vez, la salida inmediata del Ejército mexicano de pueblos y ciudades de la Sierra de Guerrero y el regreso a sus cuarteles, castigo a los militares culpables de violaciones de derechos humanos y reparación de los daños causados a comunidades, organizaciones sociales y familias.

Ciudadanos honestos contra intereses corruptos

Esta historia de la corrupción para hostigar la familia Garibo Vargas parece no tener fin, y así es la historia de la corrupción en Guerrero. Pero en lugar de hacer lo correcto, las autoridades una vez más demuestran su complicidad y hacen caso omiso a su deber, y ahora ellos no dejan otra opción a los residentes más que unirse en oposición a la corrupción y la prepotencia de los influyentes y los dizque servidores públicos. Publicidad de esta clase nos puede ahuyentar a los turistas e inversionistas, pero por lo menos nos deja nuestra dignidad, una cualidad aparentamente ausente en las personas e instituciones responsables por permitir que esta situación sigue. Como comunidad no podemos permitir que ni unos corruptos del gobierno ni unos influyentes avariciosos nos perjudiquen nuestro patrimonio. Por eso nos sentimos obligados los buenos ciudadanos a unir esfuerzos en oposición a los ramos del gobierno no representativos que parecen trabajar en contubernio con intereses particulares sin escrúpelos en contra del bienestar social de nuestras comunidades.

Se solidarizan opositores a Fonatur con posesionarios del Guamilule en Barra de Potosí

El Sur de Acapulco - 11 de Abril, 2011

Brenda Escobar - Zihuatanejo

Integrantes del Movimiento del Pueblo por la Defensa de la Bahía de Zihuatanejo y Barra de Potosí, se solidarizaron este domingo con la familia Garibo Vargas, posesionaria del cerro del Guamilule, a quienes le refrendaron su apoyo en la lucha legal que enfrentan contra un presunto propietario del cerro que abarca 148 hectáreas de tierra con vocación turística en la comunidad Barra de Potosí del municipio de Petatlán.

Durante la asamblea dominical de información que llevan a cabo los pescadores ribereños y de pesca deportiva, lancheros, comerciantes y ambientalistas para dar a conocer los avances respecto a las acciones que desde enero de este año han emprendido para exigir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que revoque la concesión que por 25 años le otorgó al Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) para administrar y aprovechar el recinto portuario de Zihuatanejo y sus aguas adyacentes incluidas mil 500 hectáreas de tierra y agua en Barra de Potosí, María Isabel Garibo Vargas pidió el apoyo del Movimiento en la lucha desigual que han emprendido contra los supuestos dueños del cerro.

Acompañada por sus hijos, así como por parte de sus 11 hermanos, Garibo explicó que “desgraciadamente somos pobres y por eso esa gente no nos deja vivir en paz, ya nos han destruido nuestra casa en el cerro en más de tres ocasiones, ahora tenemos una nueva demanda y aunque estamos amparados mi esposo y yo, tenemos miedo de que el dinero de esta gente pueda más y compre a la justicia”. “Estamos muy desgastados, tanto anímica como económicamente, por eso estamos aquí, para pedirles a todos ustedes su solidaridad”.

Luego, hizo uso de la palabra, la representante de la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ), Obdulia Balderas Sánchez, quien a grandes rasgos contó la historia de la familia Garibo Vargas desde que en 1961 llegaron a posesionarse del cerro del Guamilule, “tienen sus documentos que así lo acreditan, ellos han estado en ese cerro produciendo pasto, árboles frutales, casas, han vivido allí por mucho tiempo, ahora les llegan con unas escrituras apócrifas de 2004”.

Dijo que el cerro no es un terreno urbanizado “para que de pronto surjan escrituras apócrifas y pese a que están amparados, los ficharon como si fueran criminales por el único delito de estar defendiendo lo que por derecho les pertenece, si a ellos que tienen documentación que los reconoce en la Secretaría de la Reforma Agraria como poseedores, los están tratando así, fíjense cómo los van a sacar a ustedes los pescadores, los que toda la vida han vivido de la bahía de Zihuatanejo”.

Más adelante, tomó la palabra el presidente de la cooperativa Atuneros, Elio Orbe Solís, sostuvo que “estas injusticias por parte del gobierno tanto federal, estatal y municipal no los podemos tolerar cuando están pasando por encima de los intereses de la ciudadanía; se supone que el Estado está para proteger a los intereses del pueblo, se supone que esas son las garantías que debemos de tener de quienes están al frente en el gobierno”.

“Desgraciadamente no es así no porque las leyes así lo marquen sino porque hay mentes muy distorsionadas y lo único que quieren es el beneficio propio, el beneficio económico, así como están haciendo con la familia Garibo en el cerro del Guamilule, así mismo quieren hacer con nosotros aquí”.

Antes, el líder pesquero Florentino Zavala Clímaco, informó que una comisión de seis personas acudirá el martes de esta semana a la ciudad de México para reunirse con los presidentes de las Comisiones de Comunicaciones y Transportes del Senado y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, encuentro que fue concertado por el alcalde de este municipio, Alejandro Bravo Abarca, “llevamos la única exigencia que es la revocación de la concesión a Fonatur”.

También dijo que el viernes de esta semana estará en este puerto el diputado federal perredista Armando Ríos Piter quien tendrá una reunión con todos los pescadores y demás opositores al proyecto de Fonatur, “vamos a llamar a cuentas al señor diputado pues nos ha dejado solos en el movimiento”, advirtieron.

Una Empresa Sucia y un Gobierno Vendido

Es inconcebible que la Sra. María Isabel Garibo Vargas y su familia siguen siendo hostigados por un despreciable empresa sucia aparentamente en contubernio con elementos corruptos del gobierno, pero una vez más las acciones del gobierno se prestan a la única conclusión lógica de que haya tráfico de influencias al mayor postor dentro del gobierno y especificamente dentro del dizque sistema de justicia.

Denuncia familia hostigamiento del MP de Azueta por la posesión de un cerro en Barra de Potosí

El Sur de Acapulco - 14 de Marzo, 2011

Brenda Escobar - Zihuatanejo

La posesionaria del Cerro del Huamilule, ubicado en la comunidad turística Barra de Potosí, María Isabel Garibo Vargas, denunció que ella y su esposo son hostigados por el Ministerio Público de Atención al Turista en Zihuatanejo y por el director general Jurídico Consultivo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quienes consignaron una denuncia en su contra, la cual fue puesta por un particular que se dice dueño del cerro.

Este domingo en conferencia de prensa en las oficinas de la Unión Campesina Democrática, en esta ciudad, Garibo Vargas, acompañada de su esposo Eulises Damián López, declararon que a finales de 2008 fueron denunciados penalmente en la Agencia del MP de Atención al Turista por José Luis Alejandro Espíndola López, por el delito de despojo del cerro del Huamilule, presuntamente propiedad del denunciante.

Desde 1961, la familia Garibo Vázquez tiene la posesión de dicho cerro, conocido por todos los vecinos de Barra de Potosí y alrededores, y los Garibo y sus 11 hijos han sembrado palmeras y árboles frutales y han preparado la zona para pastizales.

Desde julio de 2008, la familia Garibo Vargas, representada por la señora María Isabel, ha emprendido una lucha contra quienes se han ostentado como propietarios de esas tierras, quienes pretenden despojarlos de las 148 hectáreas con vocación turística.

Uno de esos supuestos dueños son los socios que conforman la empresa Interad SA de CV, quienes han enviado personas que han quemado y destruido en dos ocasiones la cabaña que tenía la familia en la parte más alta del cerro, la última vez el 10 de julio de 2008.

Además de las agresiones a su patrimonio, la familia Garibo Vargas enfrentó en ese mismo año dos denuncias penales por el delito de despojo: una interpuesta por los representantes legales de la empresa Interad, y la otra por el particular José Luis Alejandro Espíndola López, en noviembre de ese año.

Ayer domingo, en la conferencia de prensa, María Isabel Vargas dijo que junto con su esposo acudieron al MP a rendir su declaración, en la que manifestaron que el supuesto agraviado “jamás ha tenido la posesión de las tierras, nadie lo conoce en Barra de Potosí, nadie lo ha visto; sólo yo en una ocasión hace 10 años, cuando se presentó en mi local para amenazarme a que nos atuviéramos a las consecuencias porque según esas tierras eran suyas”.

Agregó que en esa ocasión, le presentaron al MP, Raúl Chacón Montañez, copias certificadas de la denuncia que meses antes habían enfrentado por parte de la empresa Interad SA de CV, las cuales constan en la averiguación previa AZUE/PETA/047/2008 en la que le demostraron que desde 1961 la familia Garibo Vargas tiene la posesión del cerro; “en esas copias también presentamos la declaración de los testigos quienes dan testimonio que desde entonces, mi familia ha ocupado el cerro”.

“También le presentamos las copias certificadas de la causa penal 22/2009-2 donde esa empresa, representada por Pedro Olea Bracamontes, en las que demostramos que el juez responsable de la causa negó la orden de aprehensión en nuestra contra porque la empresa presuntamente agraviada no demostró que tiene la propiedad sobre el predio del que nosotros tenemos la posesión”, agregó.

Además de lo anterior, también le exhibieron a Chacón Montañez copias del informe que en su momento rindió el director jurídico contencioso José Arturo Monterrubio Nájera y la subdirectora de Colonias Agrícolas y Ganaderas, ambos funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria, en el que informan que en esa dependencia no obra ningún título de propiedad del cerro.

“Todos esos documentos se los presentamos al agente del MP y aún así determinó que había elementos para solicitar el ejercicio de la acción penal en nuestra contra”, se quejó la agraviada.

“Pese a las pruebas que nosotros le presentamos y que ya habían sido desahogadas en una denuncia penal similar y que fue consignada el juez determinó que no había elementos, pero el licenciado Chacón sorpresivamente solicitó a la Dirección General Jurídico Consultiva de la PGJE que determinara, allá en Chilpancingo, que la denuncia debía de ser consignada ante el juez pidiendo el ejercicio de la acción penal”, señaló.

La mujer consideró que el agravio “es una injusticia y una clara venta de la justicia al mejor postor; no sabemos cuál es el interés del licenciado Chacón y el director jurídico para asegurar que nosotros cometemos un delito cuando ya nos juzgaron por lo mismo y no nos encontraron culpables. Esas pruebas que le presentamos no les importaron, lo que nos hace pensar es que recibieron dinero”.

“Nosotros le hacemos un llamado al juez que vaya a recibir nuestro caso que considere las pruebas que nosotros estamos aportando; son copias certificadas de la denuncia que puso en contra nuestra la empresa Interad y que perdió porque somos nosotros los legalmente posesionarios del cerro; le pedimos que no se preste a corruptelas ni se preste a contubernios turbios por encima de la justicia”, pidió.

Ecologista Heróico Torturado y Desterrado

¿Cómo es posible que hasta el Presidente de la República no le pudo garantizar su seguridad a don Rodolfo Montiel? Es un héroe de la ecología mexicana y un ejemplo para seguir, especialmente para los jóvenes de la región. En lugar de ofrecerle apoyos lo dejó desamparado y desterrado, y a los caciques y a los corruptos no les pasa absolutamente nada, como siempre. Bienvenido a Guerrero - el Paraíso de la Impunidad.

Once años después, Rodolfo Montiel sufre las secuelas de la tortura: no tiene fuerza ni para sostener una tortilla

El Sur de Acapulco - 12 de Octubre, 2010

Rosendo Carlos Betancourt Radilla - Ciudad de México

(Segunda parte y última)

Para el campesino ecologista de la sierra de Petatlán Rodolfo Montiel Flores es necesario que los soldados regresen a sus cuarteles y que en México se acabe con el fuero militar para que se juzgue a los integrantes de las fuerzas castrenses en tribunales civiles.

El 26 y 27 de agosto su caso junto con el de Teodoro Cabrera García entró a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) debido a que en 1999 fueron perseguidos, detenidos y torturados por elementos del Ejército porque participaron en la lucha por la defensa de los bosques de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.

De las autoridades mexicanas, que primero lo encarcelaron y después lo desterraron de Guerrero y ahora lo tienen en el exilio en Estados Unidos, piensa que son insensibles “conmigo que soy su paisano, conmigo que soy su hermano, porque como yo, los que me persiguen son hijos de México, no puedo entender tanto odio”.

Entrevistado vía telefónica de las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) –organismo no gubernamental que lo representa y asesora legalmente–, Rodolfo Montiel dice que la Coidh debe exigir al gobierno mexicano que se investigue y se castigue el asesinato de la que fuera su abogada en los momentos más tensos, Digna Ochoa y Plácido (asesinato del cual culpa a los militares); que se formen comisiones para que revisen la situación jurídica de los presos en cada penal del país; que se acabe con el fuero militar, “pero lo principal es que ya no quiero que destruyan los bosques, ese es mi llamado”.

“Es como la luz del día”

Los campesinos ecologistas tienen más de 10 años en constante búsqueda de justicia, pero las instituciones del Estado mexicano, en lugar de proporcionarles seguridad, empleo, educación, salud y vivienda, los ha perseguido y obligado al exilio y a los ojos del sistema judicial del país, son delincuentes. Por eso, su caso ha llegado ahora hasta el órgano judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA) y para Rodolfo Montiel, esto le abre nuevas expectativas porque ya no confía en las instituciones de justicia de México que, asegura, están corrompidas hasta las esferas más altas, incluyendo a los militares que en estos momentos hacen labores de policía en toda la República.

Su caso ante la Corte Interamericana es el número 12.449 y el hecho de que se haya aceptado le da ánimos, “estoy contento, siento como si viera el sol, como si fuera la luz del día porque vamos a poder denunciar con alguien que nos escuche y estoy seguro que vamos a ganar”.

Secuelas de la tortura

Gran parte del caso de los ecologistas se fundamenta en las declaraciones autoinculpatorias que los efectivos del Ejército les arrancaron mediante torturas, por cada tropelía que les hicieron, hasta el día de hoy Montiel Flores sufre las secuelas.

Durante la tortura, platica, le daban palmadas en los oídos lo cual le producía un terrible dolor y le hacía perder el equilibrio; a causa de eso “estoy mal de los oídos, casi no escucho”.

Los militares también lo arrojaron al suelo, lo patearon y golpearon con los puños cerrados en el torso, brazos y piernas, debido a este maltrato físico va perdiendo gradualmente las fuerzas, “de los brazos estoy peor cada día, empeoro más; mis manos ya no tienen fuerza, no puedo sostener las tortillas, no puedo sostener el vaso de agua, se me cae todo lo que agarro, no tengo fuerza, no puedo amacizar, un niño de dos meses tiene más fuerza que yo”.

Otra de las torturas a las que lo sometieron los militares fue desnudarlo, sostenerlo de brazos y piernas y jalarle uno de los testículos, esto le generó tanto dolor que en aquel momento perdió el conocimiento.

Por lo anterior, asegura, “me duele mi testículo derecho, se me inflama y más cuando hace frío, además que se me cuelga más que el otro”.

Como si lo anterior no fuera suficiente para acabar con la resistencia de un ser humano, también le aplicaron choques eléctricos, por eso, “en mi muslo derecho me quedó una cicatriz y mis piernas las tengo dormidas, me duelen, tengo constante dolor en la espalda, a veces cuando hace frío no soporto el dolor en la espina dorsal.

“A veces cuando estoy con algunos amigos me quejo, siento que se me está pudriendo mi lado derecho de la espalda, no puedo dormir en un colchón por el dolor tan intenso”, relató.

Si bien tanto castigo físico lo obligó a declararse culpable de diversos delitos, no tuvo impacto alguno en su conciencia ecológica, en su amor a los bosques y la naturaleza y no logró hacerlo cesar en su lucha por el medio ambiente, según lo relata.

¡Que ya no destruyan los bosques!

El 26 y 27 de agosto el caso entró a la Coidh, por lo que aún no se fija una fecha para dictar sentencia, pero según el Centro Prodh podría ser a finales de este año o comienzos de 2011. Rodolfo Montiel espera que la Corte condene a México.

Ahora, en condición de exiliado político en Estados Unidos, no puede ganar el dinero suficiente para pagar la atención médica que requiere, por eso pide “que se nos asigne un recurso para poder pagar los médicos, que nos cuiden a nuestras familias, la de Teodoro y la mía, también para poder pagar la atención sicológica porque después de tanto tiempo hay días en que no puedo dormir; necesitamos que nos atiendan”. En este punto, quiere él mismo poder decidir qué doctores lo atenderán.

Y “¡ya no quiero que se repita lo que me pasó a mi!”, expresa.

Pero, sin duda hay una petición sobre las demás, es la más sentida pues incluso se le parte la voz, se escucha un sollozo y suelta un suspiro “ay”, se toma un par de segundos y exige:
“Pero lo principal es que ya no quiero que destruyan los bosques, ese es mi llamado”.

Contra la militarización

Una demanda ante la Coidh es que se elimine el fuero militar para juzgar crímenes contra civiles, en cuanto a la militarización del estado de Guerrero y en general del país, porque es justo cuando “sueltan” a los soldados entre los civiles cuando se presentan mayores casos de violaciones a los derechos de los ciudadanos.

Por eso pide “que se retiren las tropas, ya no queremos que estén los militares en nuestras comunidades, que los recojan de vuelta a sus cuarteles”. Pero, por experiencia propia, sabe que la persecución del Estado contra luchadores sociales no se da sólo mediante los soldados, esto, expresa, sucede también desde las instituciones que deberían estar para procurar justicia.

Por eso pide que se formen comisiones para que revisen los expedientes de “todos” los internos en el país “y sobre todo de mis compañeros ecologistas porque estoy seguro que como a mí me hicieron, a muchos les están violando sus derechos, sus garantías”.

Este requerimiento de justicia lo hace también para su persona y para Teodoro, “tienen que declararnos inocentes porque para el Estado mexicano seguimos siendo delincuentes, se tiene que castigar a los militares que nos torturaron, que ya no se les permita seguir trabajando, que se les castigue pero que los investigue y los sentencie un juez civil, no un juez militar”.

Aquí, coincide con otros dos casos que ya entraron a la Coidh y que exigen que desaparezca el fuero militar, los anteriores son los de Rosendo Radilla Pacheco –detenido desaparecido por el Ejército en 1974 en Atoyac de Álvarez– y los de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega –indígenas me’phaa violadas por elementos del Ejército en comunidades de la montaña de Ayutla y Acatepec– y en los tres destaca que se ha mantenido en la impunidad a los militares transgresores de la ley.

Rodolfo Montiel expresa: “se tiene que acabar el fuero militar porque eso es como una familia, no voy a castigar de manera severa a mi hijo. No se van a investigar entre ellos como lo podría hacer otra gente, los soldados son como hijos de una familia, si cometen alguna violación, algún delito solamente los cambian de lugar y a donde los manden siguen haciendo sus atrocidades, y como ellos tienen las armas, tienen el poder, nadie les hace nada y siguen pasando encima de los pobres, de la gente humilde, vienen y matan y pues ya, así se quedan las cosas”.

Que se investigue el asesinato de Digna Ochoa

Otra exigencia es que se investigue el asesinato de la que fuera su abogada, Digna Ochoa y Plácido, recuerda que ella les dio todo su respaldo “pero su asesinato se mantiene en la impunidad, la asesinaron a ella y asesinaron a muchos más compañeros de nuestra organización.

“Recuerdo que además de que nos perseguían como organización, después persiguieron a los abogados y a los medios de comunicación que nos daban voz, esa es una petición que tenemos, que los dejen hacer su trabajo ampliamente”, apunta.

Sólo he luchado por la vida

El campesino ecologista Rodolfo Montiel, después de 12 años de que encabezó una lucha en la que defendía el derecho de las nuevas generaciones a disfrutar de manantiales de agua y paisajes naturales, todavía no entiende por qué el Estado mexicano lo amenaza, no tiene idea de por qué lo torturaron, ni sabe por qué lo encarcelaron, incluso ahora en el exilio se pregunta qué pudo hacer para que lo sigan amenazando de muerte a él y a su familia.

No le cabe la idea de que defender la naturaleza sea motivo para tal represión.

“Está muy claro que el gobierno de mi patria me ve como si fuera su enemigo aunque no les he hecho nada. Sólo he luchado por la vida, a diferencia de ellos, que pueden matar, contratan a un pistolero y dicen ‘se trató de un ajuste de cuentas’ esa es una frase muy popular del gobierno, ‘se trató de un ajuste de cuentas’ y con eso se evitan de investigar y de castigar a los asesinos, así funcionan y es lo que deben tener preparado para mí, pero no entiendo por qué”.

“Y eso me da mucha tristeza porque yo estaba haciendo un bien, no sólo para México, sino para todos los que respiramos aire y ellos se interponen en mi lucha... parece que no saben que esto me ha costado mucho, son insensibles conmigo que soy su paisano, conmigo que soy su hermano porque como yo, los que me persiguen son hijos de México, no puedo entender tanto odio”.

Un llamado a unirse para defender el ambiente

En la entrevista, para los que defienden su causa tiene un llamado: “quiero llamar a toda la gente a que nos unamos, que levantemos la voz, no podemos permitir que los gobiernos vendan nuestro medio ambiente, sólo llegan al poder para vender al extranjero nuestros recursos, cada quien puede votar por quien quiera pero ni esos que se dicen del partido ecologista han luchado por el ambiente. En las elecciones sólo nos usan a los ciudadanos, se agarran de ahí, de nuestros votos para hacerse de más poder y seguir explotándonos”.

Pide que los campesinos sigan con la defensa de los bosques y él se compromete: “quiero que sepan que sigo luchando, no voy a callar la voz para que se respeten nuestros bosques, quiero que Dios bendiga a todos los que nos apoyan”. Después, hace otro llamado a las autoridades: “Les pido que piensen, quiero que reflexionen, los campesinos ecologistas no estamos en contra de la vida, no estamos en contra de nadie. Estamos en contra de las malas acciones y estamos a favor de la vida, queremos que los niños de mañana también disfruten de las belleza de nuestra madre naturaleza, de nuestros bosques”. Lo mismo que en 1998 decían los fundadores de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.

La Guerra Sucia contra Ecologistas en Guerrero

La represión de ecologistas y luchadores sociales en Guerrero sigue como nunca antes, sin importar los cambios de administraciones de gobiernos. Los caciques y los influyentes con toda impunidad se muestran más crueles y codiciosos que nunca, y no aparece nadie en la escena política o social para frenar la Guerra Sucia que sigue matando, torturando, hostigando y encarcelando a la gente buena y humilde de nuestra región.

"Pararon la explotación del bosque y se desató la represión"

El Sur de Acapulco - 11 de Octubre, 2010

Carlos Betancourt - Chilpancingo

La lucha que llevó a Rodolfo Montiel Flores a ser víctima de persecución, tortura y encarcelamiento a manos de militares y su posterior exilio del país, se remonta a 1998, cuando con campesinos de 15 localidades de la sierra de Petatlán, y Coyuca de Catalán forma la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán para defender los bosques.

La explotación de los bosques estaba a cargo de los ejidos de esta región, organizados en la Unión de Ejidos Rubén Figueroa Figueroa, y su principal compradora era la empresa estadunidense Boise Cascade, que para sus operaciones en Guerrero formó la filial Costa Grande Forest Products.

Los campesinos ecologistas plantearon que en los dos años anteriores el problema de la sequía se agravó, el tiempo en que la Boise Cascade llegó a la región a llevarse la madera, que compraba en rollo, a 60 dólares el metro cúbico.

En una nota publicada en el periódico El Sur, el 7 de febrero de ese año, se informa: “Campesinos de 15 comunidades de la sierra de Petatlán manifestaron en una asamblea su oposición a la tala de los bosques ejidales de esta región. Argumentaron que en el pasado ciclo agrícola no tuvieron cosechas y han disminuido los pastizales por efecto de la desaparición de manantiales y la sequía provocada por la explotación forestal, que se intensificó en los dos últimos años”.

El paro de la madera, se le denominó a las acciones tomadas el jueves 19 de febrero de 1998, en el polvoriento camino de terracería que va de Santa Rosa a El Durazno, una de las principales vías por las que se sacaba la madera de la sierra guerrerense.

Fue una advertencia a los dirigentes de la Unión de Ejidos Rubén Figueroa Figueroa y a los comisariados ejidales, hecha por decenas de campesinos de la sierra, que ese día decidieron parar la tala de los bosques. Enviaron el aviso por medio de los choferes de 13 camiones madereros que tenían detenidos en El Palomar, la mayoría cargados con grandes troncos y otros con tablas, sacados de los bosques de los ejidos forestales de las partes altas.

Los campesinos calculaban que había unos diez camiones más en el ejido El Durazno, y la misma cantidad en San Antonio y en Corrales, que estaban detenidos en la parte alta porque los choferes se habían enterado de que al bajar no los dejarían pasar.

El 11 de mayo, nuevamente, el grupo de campesinos ecologistas detuvo un camión cargado de madera para impedir la explotación de los bosques, en el ejido El Mameyal.

A menos de tres meses de paro en la explotación forestal en la sierra de Petatlán, declarado por el grupo de campesinos, que buscaban evitar un desastre ecológico, la Unión de Ejidos Rubén Figueroa quedó prácticamente inactiva, y la principal compradora de madera en rollo de esta región, la empresa Costa Grande Forest Products, filial de la estadunidense Boise Cascade, anunció el cierre de sus operaciones en este lugar.

La respuesta

De inmediato, la respuesta del gobierno fue la persecución de los campesinos ecologistas. En lugar de enviar a los inspectores forestales que pedían los campesinos, el gobierno federal envió tropas del Ejército, con el pretexto de que los ecologistas tenían relación con grupos armados guerrilleros. Efectivos del Ejército Mexicano incursionaron en la sierra de Petatlán, prácticamente rodearon el poblado de El Mameyal, y establecieron campamentos en por lo menos cuatro sitios; desde ahí patrullaban toda la región y preguntaban por los ecologistas, a quienes pretendían vincular con guerrilleros.

Como antecedente, el delegado en Guerrero de la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, José Antonio Arjona, en un reporte enviado el 4 de febrero a la titular de la Semarnat, Julia Carabias, descalificó al grupo ambientalista.

El funcionario señaló en ese reporte que lo que buscaban los campesinos ecologistas con la suspensión de la actividad forestal era disminuir la presencia gubernamental en esa área, lo que favorecería “actividades ilícitas” de “grupos subversivos” armados o de cultivadores de estupefacientes, a los que podrían estar vinculados los integrantes del movimiento, según el funcionario.

Caso emblemático

El 2 de mayo de 1999 luego de constantes e intensas operaciones armadas en contra de la población civil de la región, son detenidos Rodolfo Montiel y Teodoro García; su caso no es el único, es una muestra de lo que sucedió con cientos más, antes, durante y después de la captura de estos.

Por ejemplo, en Banco Nuevo, el 19 de mayo de 2005 fue emboscado el campesino ecologista Albertano Peñaloza, a la entrada de su casa, en el ataque murieron sus hijos Abatuel de 9 años y Armando de 19, y otros dos de sus hijos y él fueron heridos de bala.

Al día siguiente del ataque en Banco Nuevo, tropas del Ejército arrestaron a Rodolfo, Palemón y Germán Cabrera González, que de la comunidad de El Rincón del Refugio se trasladaban a Banco Nuevo para ayudar a su compañero Albertano a sepultar a sus hijos. Los tres detenidos fueron trasladados a la cárcel de Acapulco, donde se encuentran acusados de portar armas.

* * * * * * * * * *

El exilio es peor que la cárcel, dice el campesino ecologista de la sierra de Petatlán Rodolfo Montiel

El Sur de Acapulco - 11 de Octubre, 2010

Rosendo Betancourt Radilla - Ciudad de México

(Primera parte)

“En la cárcel era duro para mí, pero creo que ahora estoy peor”, es la frase con la que el campesino ecologista de la sierra de Petatlán, Rodolfo Montiel Flores, define su vida en el exilio que sufre desde hace más de cinco años. Se fue a Estados Unidos porque fue amenazado de muerte si seguía en México. Antes de que fuera obligado a salir del país, fue desterrado de Guerrero por un pacto en 2001 entre el presidente Vicente Fox Quesada y el gobernador René Juárez Cisneros, según la amenaza que entonces recibió precisamente en el momento en que salía de la cárcel de Iguala. Ahora, el campesino ecologista, declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional (AI) en 1999 y ganador del Premio Goldman 2000-2001 por su labor en defensa del medio ambiente, platica cómo es vivir en el exilio.

La represión contra él se da porque en 1998 participó en la defensa de los bosques de la sierra de Petatlán. Ahora es uno de los 548 asilados políticos que tiene registrado el Departamento de Justicia de Estados Unidos en la última década.

Y aunque ha sufrido maltratos físicos que una persona que vive en un país democrático en el siglo XXI jamás podría imaginar, lo más difícil de sobrellevar es el exilio y así lo expresa, “para mí esto es muy doloroso porque no puedo ir al país donde nací, donde crecí, donde me hice viejo, a donde pertenezco porque ahí está mi lucha”.

También le duele estar alejado de su familia pero cuando habla de la deforestación, de la destrucción de la naturaleza, su voz se corta, toma pausas y solloza. Rodolfo Montiel es un ecologista que desea “que los que vienen atrás puedan disfrutar de los árboles y los ríos”.

Debido a que su caso es emblemático de la tortura y represión por parte de las fuerzas castrenses contra la población civil en el país, el 26 y 27 de agosto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh –órgano judicial de la Organización de Estados Americanos, OEA) atendió en una audiencia la demanda presentada por él y por Teodoro Cabrera García, el otro campesino que fue detenido el 2 de mayo de 1999, torturado, preso y puesto en libertad con Rodolfo Montiel, el 7 de noviembre de 2001.

Rodolfo Montiel sabe (porque lo ha vivido y sufrido) que los asesinatos de luchadores sociales y políticos en Guerrero se deben a una cadena de complicidad articulada por las autoridades del estado, el gobierno federal, el Ejército, grupos paramilitares y caciques regionales que disponen de pistoleros.

El campesino guerrerense fue enlazado con el reportero vía telefónica desde la Ciudad de México, el viernes 20 de agosto, pues así lo consideró pertinente “por motivos de seguridad” su grupo de abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh).

Complicidad gubernamental

Con los dos de los campesinos ecologistas, ya suman cinco los casos de guerrerenses por los que el Estado mexicano ha sido juzgado ante la Coidh debido a los atropellos de las fuerzas castrenses en contra de la población civil.

El 15 de diciembre de 2009 la Corte condenó a México por el caso del campesino atoyaquense Rosendo Radilla, detenido-desaparecido en 1974 por elementos del Ejército; y el viernes 1 de octubre se hizo público que el órgano actuó de la misma manera en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández, indígenas me’phaa torturadas y violadas por soldados en 2002 en el municipio de Ayutla de los Libres.

Ahora falta que la Corte Interamericana resuelva el proceso de los ecologistas.

Durante la entrevista, Rodolfo relata que después de haber sido capturado torturado y encarcelado por tropas del Ejército, mantenía la esperanza de regresar a su vida anterior, pensaba que podría regresar a su vida normal y volver a abrazar a su esposa y a sus seis hijos; regresaría para pedir a sus vecinos un pedazo de tierra para trabajarla, sembrar y con la cosecha sobrevivir toda la temporada.

Incluso pensaba que si la tala de bosques en el macizo de la sierra que comprende parte de los municipios de Petatlán y Coyuca de Catalán no paraba, él podría seguir luchando para defenderlos.

Sin embargo, cuando puso un pie afuera de la cárcel en 2001 –luego de más de 2 años de reclusión en Iguala–, el panorama le cambió por completo, su única opción era el destierro, forzado.

Afirma que ese fue el pacto entre el entonces presidente de la República Vicente Fox Quezada y el gobernador guerrerense René Juárez Cisneros.

Lo anterior lo sustenta con el relato de que hasta la cárcel donde estaba llegó un asesor del secretario de Medio Ambiente federal, Rodolfo Lacy y le dijo que salir de la cárcel tenía su costo, tendría que abandonar Guerrero.

Pero estos personajes actuaron para mantener los privilegios de dos caciques guerrerenses que obtenían ganancias millonarias por la sobreexplotación forestal.

Uno es el cacique local Nino Bautista Valle quien también era ejidatario e informante del Ejército mexicano cuando los campesinos ecologistas luchaban por los bosques en Guerrero.

A Nino Bautista los ecologistas lo señalaron como el autor intelectual de los asesinatos de varios activistas cuando era uno de los líderes de la Unión de Ejidos Rubén Figueroa Figueroa, que con la intermediación del gobernador Rubén Figueroa Alcocer había hecho un contrato para vender grandes cantidades de madera a la empresa estadunidense Boise Cascade, que para sus operaciones en Guerrero formó la filial Costa Grande Forest Products.

Esta red de complicidades, estos personajes, decidieron que los campesinos ecologistas estaban contra sus intereses y cobijados por la impunidad y la violencia que se puede ejercer desde el poder, decidieron declararlos enemigos y desataron una campaña de militarización y represión que dejó comunidades deshabitadas en la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, muchos perseguidos y presos.

En estos momentos, Rodolfo Montiel no tiene esperanza de poder pisar suelo mexicano, se sabe perseguido, sabe que su familia “está en la mira del Ejército”.

Sin embargo, el deseo de regresar permanece, y en la entrevista relata detalles de la que fue su casa y recuerda “un lugar en el estado de Morelos” donde vivió los días más tranquilos que jamás ha tenido, justo cuando salió de la cárcel.

La lucha ecologista me mantiene vivo

La plática con el guerrerense se da de una manera tranquila, sin interrupciones y no hay pregunta que le incomode. Al preguntarle sobre el exilio, apunta que está en Estados Unidos de América (EUA):
“Vivo como exiliado, tengo los mismos derechos que los residentes, sólo que no tengo derecho a votar porque no soy ciudadano y tengo mi asilo permanente por el tiempo que sea necesario o cuando considere que tengo que, por la persecución en mi contra, tengo que irme a otro país… pero en donde estoy tengo mis derechos, tengo trabajo y en caso de ser necesario seguro de desempleo”.

Y aclara: “Pero para mí esto es muy doloroso porque no puedo ir al país donde nací, donde crecí, donde me hice viejo, a donde pertenezco porque ahí está mi lucha.

“Por ejemplo, tengo como 5 años 4 meses sin ver a mi esposa, a mis hijos, no tengo el don de abrazarlos, tenerlos conmigo, se criaron sin mí por esta razón. Pero mi mujer ha sido fuerte, ha sabido unirlos y criarlos fuertes, mi familia no se ha desintegrado”, expone.

Así, recuerda que en México dejó atrás a seis hijos que van de 27 años de edad hasta 16 que es la más chica y a su esposa se llama Ubalda Cortés Salgado.

“La última vez que estuve en casa fue en junio de 2005, mi casa es de bloques con losa arriba, tiene cuatro cuartos uno un poquito más grande, aparte tiene la cocina y un portal como de 4 metros y medio de ancho”, añora.

En cuanto al exilio, la revista Proceso publicó el 22 de agosto: en una ciudad de Estados Unidos en la que reside como asilado político desde 2006, Montiel asegura que renta un cuarto que comparte con otro paisano, y por el que pagan 400 dólares mensuales.

Sin más preparación que la primaria, para sobrevivir en Estados Unidos el ambientalista se ha desempeñado como jardinero, albañil, afanador en un casino y empacador de cebollas. En este empleo trabaja entre 10 y 18 horas al día y gana entre 300 y 500 dólares a la semana, con lo que paga la parte que le corresponde de la renta de su cuartito, envía dinero a su esposa Ubalda y reserva un poco “para comprar comedera”.

Camina con lentitud, como robot, casi sin doblar las rodillas. Siente un hormigueo permanente en los muslos, y en la pierna y el pie derechos sólo tiene sensibilidad en el dedo gordo. “Es por los toques eléctricos”, explica.

Lo publicado por Proceso, da una clara imagen de que lejos de estar en óptimas condiciones en el exilio, vive con carencias y secuelas de la tortura.

Al preguntarle, Rodolfo recuerda que luego de salir de la cárcel lo primero que hizo fue reunirse con su familia, se fue hacia el estado de Morelos y en conjunto se pusieron a reflexionar sobre todo lo que había pasado y sobre lo que les esperaba.

Aquí, dice, “estuvimos en paz, no quiero decir en qué lugar porque si un día regreso a México podría estar en el mismo lugar”.

En ese lugar “pensé: ya arriesgamos nuestra vida, salimos de la cárcel aunque con secuelas físicas y psicológicas pero Dios por algo quiso dejarnos, que sobreviviéramos, porque estaba bien lo que estábamos haciendo, por eso sigo llamando a que el pueblo levante la voz y a mis compañeros ecologistas a que sigan con ánimo”.

“Hasta ahorita la lucha ecologista es lo que me mantiene vivo, pero siempre pensando en seguir adelante por nuestro país, ya no en la misma región pero sigo luchando, en otro lado”.

Ahora Rodolfo Montiel imparte conferencias en distintas universidades de Estados Unidos, a donde es invitado como ponente en el tema de la defensa de los bosques y la lucha ecologista.

Cuando se le pregunta cuándo tomó la decisión de salir del país, confirma que desde que salió de la cárcel sabía que no podría vivir más en México porque así se lo advirtieron desde el gobierno federal, “me dijeron que era una condición del gobierno federal para que pudiera salir de la cárcel”.

En la cárcel de Iguala le pidieron que aceptara que traficaba con armas de fuego y sembraba y comercializaba mariguana, “me hablaron para decir que me iban a conceder un indulto, pero no lo quise aceptar porque el indulto se les da a los delincuentes, a los que matan, a los que roban a los que violan, pero yo nunca fui un delincuente y querían que dijera que fui un delincuente”.

“Me dijeron, ‘mira Rodolfo, te van a poner en libertad pero te vas del estado de Guerrero, ese es el acuerdo que firmó el presidente Vicente Fox con el gobernador (René Juárez Cisneros), si no te vas corres el riesgo de que te pase algo y si no va contra tu familia, porque los militares tienen a tu familia bien ubicada’. Y me dio miedo. Por eso nos fuimos a otro estado que me quiero reservar el nombre”.

“Cuando estaba en la cárcel era duro para mí, pero creo que ahora estoy peor”, es la respuesta que tiene Rodolfo Montiel cuando se le pregunta cómo se vive en el exilio.

Y aunque está agradecido con quienes le han tendido una mano de amistad pues, suaviza “bueno, hay gente que me quiere, que me estima, hay gente que me ha ayudado”; todavía extraña el lugar que lo vio nacer pero sus palabras sugieren que prefiere la cárcel ahí, que la libertad en el exilio.

Por eso se le pregunta cómo puede preferir la cárcel al exilio, en un país que aunque ajeno, le ofrece trabajo y mejores condiciones de vida de las que pueden alcanza la mayoría de los guerrerenses, entonces, explica, “pero en la cárcel podía ir a verme mi esposa, podían ir mis hijos al menos cada 15 días o cada mes y acá no, acá no pueden venir es comparable el exilio con la cárcel, es igual casi”.

Tampoco puede hablar por teléfono para México

Montiel Flores se sabe desarticulado del movimiento social en Guerrero, reconoce que desde el exilio no ha podido seguir la defensa de los bosques y sobre todo lamenta que no tiene contacto con los integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, de la que fue uno de los fundadores.

Pero asegura que está informado de la situación de esta entidad suriana, aunque le es cada vez más difícil de hacerse de información de primera mano, porque la persecución en su contra persiste.

Relata, “yo no puedo hablar para México porque hace dos años llamé a Guerrero para hablar con mis conocidos, después de platicar estaba por salir de mi casa a una reunión a la ciudad de San Francisco y me llamaron a mi casa para amenazarme, pero colgué y luego marcaron otra vez y luego otra vez, fue como en agosto del 2008”.

“Me decían que estaban siguiendo mis pasos muy de cerca y que no me olvidara que estaba siendo vigilado yo y mi familia”.

Aún así, sabe que en Guerrero “la represión se ha extendido más, se ha creado un círculo vicioso más feo en derechos humanos, han perseguido a los compañeros –yo digo compañeros porque han estado en la lucha–, desde activistas y reporteros asesinados y todo eso está difícil”.

–¿Por qué crees que está sucediendo esto?

–En primer lugar, lo que ha pasado es que hay mucha corrupción del gobierno, controlan todo el poder, por ejemplo los militares se sienten completamente impunes, incluso cuando se van de francos, usan otras ropas pero siguen portando sus armas y pueden matar porque están aliados con otro tipo de gente, delincuentes, caciques, todo esto es un problema que se genera por la impunidad”.

Para cerrar la charla sobre el exilio, se le pregunta porque dejó atrás su lucha, a sus vecinos y sus familiares y no, como han hecho muchos otros, se quedó a defender su terruño y dice:
“Porque era muy riesgoso, pero no para mí, sino la vida de los demás compañeros, si no me encontraban a mí mataban a mis compañeros y tuve que pensar en ellos. Tenía que buscar una forma de protegerlos a ellos y esta fue la única forma, a la que me orillaron”.