Gloria Leticia Díaz / Proceso / Ciudad de México
Una mentada de madre motivó que soldados dispararan contra un camión de transporte público, después de que lo habían inspeccionado en un retén y detenido a un pasajero por calzar botas castrenses.
En el ataque militar, efectuado la noche del 20 de junio en las inmediaciones de Huamuxtitlán, Guerrero, murió Bonfilio Rubio Villegas. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado se declaró incompetente para conocer el caso y lo delegó a la jurisdicción militar.
De acuerdo con el parte militar, integrado en la averiguación previa inicial, la balacera se suscitó después de que el chofer del camión de la línea Sur, Francisco Pizano Alejo, pidió a los soldados que firmaran el registro de los 41 pasajeros, para acreditar la detención de Fausto Saavedra, al que los militares acusaron de uso indebido de uniformes e insignias oficiales.
Según los soldados, el chofer “se trasladó a tomar el control del autobús y una vez sentado encendió el motor y en forma agresiva y violenta le dijo a las tropas lo siguiente: ‘¡Chinguen todos su puta madre!’, cerrando inmediatamente la puerta e iniciando su movimiento de manera rápida sin importar que hubiera al frente y a los lados militares”.
Aseguran que a 100 metros del lugar, otros soldados le marcaron el alto, pero “al apreciar que éste no detendría su marcha (…) las tropas efectuaron disparos al aire y a las llantas del citado automotor”.
El parte militar, fechado el 21 de junio, está firmado por los tenientes de infantería Julio César Gómez Sánchez y Juan Carlos Cruz Santos, así como por el sargento segundo René Morgan González, integrantes del 93 Batallón de Infantería con sede en Tlapa, y fue trascrito por los abogados de la familia de la víctima, a los que la PGJ guerrerense les negó copia de la indagatoria abierta por el homicidio de Bonfilio Rubio Villegas.
En la terminal de autobuses de Huamuxtitlán, las tropas revisaron el vehículo y registraron “cinco impactos de arma de fuego (tres en la parte interior del costado izquierdo a la altura del guardaequipaje y dos en la parte superior trasera), entrando uno de los dos impactos traseros a la altura de la cabecera del asiento de atrás número 45”, lugar que ocupaba Rubio Villegas.
El camión, propiedad de la empresa Ómnibus Cristóbal Colón, fue inspeccionado por agentes del Ministerio Público (MP), quienes no encontraron nada relevante, según la trascripción del expediente.
Más tarde, en algún momento no precisado en el parte militar, el comandante del 93 Batallón, el coronel Antonio Melchor Ruiz, ordenó “una revisión exhaustiva del automotor de pasajeros”. Donde los agentes del MP no encontraron nada, los militares localizaron cinco paquetes de mariguana, de lo que dio fe el inspector de la Policía Federal Francisco Contreras Nava, quien puso a disposición de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chilpancingo la droga, el conductor y el vehículo.
La Procuraduría de Justicia Militar pidió copias del expediente el mismo 21 de junio. El abogado de la familia, Mario Patrón Sánchez, se enteró de eso el martes 14 y entregó un escrito a la agencia del Ministerio Público de Huamuxtitlán para pedir que la investigación del homicidio se mantuviera en el fuero común.
“Los agentes no querían recibir el documento –cuenta Patrón–. Llamé entonces al procurador (Eduardo Murueta Urrutia) para exigirle una explicación y él me dijo que la procuraduría había declinado su competencia a favor de los militares. Resulta grave que ni siquiera se haya notificado al denunciante del homicidio, en este caso José, el hermano de Bonfilio.”
Con 30 años de edad, Bonfilio estaba de paso; vivía en la Ciudad de México, donde era un albañil desempleado. Había ido a despedirse de sus padres porque a fines de junio pretendía migrar a Nueva York. Lo sepultaron el 24 de ese mes.
El abogado precisa: “no nos oponemos a que se investiguen y se sancionen las faltas a la disciplina militar, pero el homicidio es un delito del fuero común y en ese ámbito pedimos que se esclarezca el caso”.
Justicia a modo
Mario Patrón es coordinador del Monitor Civil de la Policía y los Cuerpos de Seguridad Pública en la Montaña de Guerrero, proyecto sostenido por Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Entre las principales irregularidades en las primeras actuaciones ministeriales destaca que no se puso a disposición del MP del fuero común a los militares que dispararon, a pesar de que se le solicitó al capitán Héctor Pérez Rodríguez, según se asienta en el expediente.
Tampoco se realizaron pruebas de radizonato de sodio ni de balística; menos aún se hizo peritaje del tacómetro, como lo pidió el chofer, para corroborar el tiempo en que estuvo parado el autobús y la velocidad a la que circulaba cuando fue atacado.
Sólo se integró el testimonio de uno de los 40 pasajeros sobrevivientes, quien confirmó que el chofer “arrancó lentamente de manera normal, pero que se escucharon muchos disparos (…) por lo que muchos pasajeros le gritaron que le metiera porque nos iban a matar a todos”.
El abogado asienta que Monitor Civil solicitó inútilmente que en la averiguación previa se integrara el testimonio que el detenido Fausto Saavedra rindió ante el juez mixto de Huamuxtitlán, ante quien fue consignado por los soldados acusado de uso indebido de uniformes e insignias oficiales, por el simple hecho de calzar botas militares; fue puesto en libertad el 29 de junio por falta de pruebas.
Sostiene que “en ese testimonio Fausto desmiente que el chofer haya ofendido a los soldados y que, en cambio, éstos dispararon injustificadamente contra el camión cuando avanzó 30 metros. Por cierto, Fausto fue detenido por los militares después de las 10 de la noche del 20 de junio y fue puesto a disposición del juez hasta el día siguiente; de manera totalmente ilegal, estuvo casi 12 horas en instalaciones del 93 Batallón”.
Jorge Romero, director ejecutivo de Fundar, dice que si bien las deficiencias en la integración de averiguaciones previas en el fuero común son constantes, “hay una actuación distinta cuando se presupone la participación de elementos de las fuerza armadas o de las fuerzas de seguridad pública federal: se les otorga el beneficio de la duda y se difiere la responsabilidad de la investigación ante la expectativa de ceder la jurisdicción”.
Por su parte, Ernesto López Portillo, director de Insyde, apunta que el homicidio de Bonfilio Rubio Villegas es “un caso paradigmático y preocupante; se trató del uso de armas de fuego en contra de población indefensa y desarmada. Demuestra el extremo más perverso del uso de la fuerza, que es cuando se detona un arma de fuego contra una persona que no representa riesgo alguno”.
Monitor Civil está dedicado a la defensa de civiles y policías víctimas de violaciones a derechos humanos, y a proponer reformas a la operación de las distintas corporaciones policiacas en la montaña de Guerrero. El 5 de junio pasado, el abogado de esta agrupación Romel Cain Chacán Pale fue amenazado de muerte.
José Rubio Villegas asegura que el miércoles 24 de junio, antes de sepultar a su hermano Bonfilio en la comunidad de Tlatzala, municipio de Tlapa, de la que son originarios, recibió una llamada del comandante del 93 Batallón, el coronel Antonio Melchor Ruiz, para ofrecer el pago de los gastos funerarios.
El número telefónico que marcó el coronel Melchor Ruiz estaba registrado en el teléfono celular de Bonfilio, aparato que no fue entregado a la familia con las pertenencias de la víctima.
“En ese momento, por el dolor y el coraje, le dije al coronel que no quería saber nada de los militares y los mandé… muy lejos, no quise más hablar con él y colgué. Sabemos que si recibimos el dinero así nada más nos van a pedir que retiremos la demanda y es como si vendiéramos nuestra dignidad, como si nos estuviéramos comiendo a mi hermano”, dice José.
Antes de la llamada del coronel, recuerda, tres hombres de corte militar vestidos de civil llegaron a la casa familiar, se presentaron como abogados del Centro de Derechos Humanos “Tlachinollan” y ofrecieron su mediación para cubrir gastos. Al advertir el engaño, la familia se negó a darles información.
José cuenta que “en la familia quedamos de acuerdo en que primero queremos justicia, que se castigue a los culpables, pero en el fuero civil, no en el militar. No nos negamos a lo que dicen los abogados, la reparación del daño, pero que sea conforme a la ley civil”.
Maestro normalista de profesión, José reconoce que el camino que va emprender la familia en busca de justicia es largo: “Los militares ya quieren cerrar el caso al solicitar los documentos al procurador, se quieren hacer su propia justicia, cosa que no estamos de acuerdo. Ahorita fue mi hermano, y si hoy no alzamos la voz, mañana quién será”.
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