Una vez más la corrupción y la avaricia atentan contra gente humilde de la Barra de Potosí. Primero fueron los buitres apestosos de Interad S.A. de C.V. con sus tácticas mafiosas quienes intentaron intimidar y despojar de su terreno del Cerro de Guamilule a la familia Garibo Vargas, batalla que los Garibo Vargas ganaron juridicamente. Ahora aparece otra escoria de la humanidad en la forma de José Luis Alejandro Espíndola López que pretende hacer lo mismo, aparentamente con la ayuda de un juez cuyo profesionalismo es sumamente cuestionable dados los antecedentes de este asunto. Parece que este juez prefiere ignorar las evidencias y los fallos anteriores sobre este asunto, pero el juez y el señor Espíndola López no pudieron ignorar a la gente indignada con machetes y piedras esperándoles el día jueves, 30 de junio del año en curso cuando intentaron despojar de su patrimonio a la familia Garibo Vargas. La lucha contra la corrupción está tomando lugar aquí en Zihuatanejo y en La Barra de Potosí, y tiene muchísimos militantes listos para luchar contra esta maldad.
Impide una familia con piedras y machetes su desalojo de un predio en Barra de Potosí
El Sur de Acapulco - 1 de Julio, 2011
Brenda Escobar - Barra de Potosí
Integrantes de la familia Garibo Vargas y de la Unión Campesina Democrática (UCD), con machetes y piedras impidieron que el juez segundo penal de Primera Instancia del Distrito de Azueta, diera posesión del cerro del Guamilule al presunto dueño que lo reclama como suyo, pese a que los Garibo Vargas han vivido en ese lugar desde 1961.
A finales de 2008, Isabel Garibo Vargas y su esposo Eulises Damián López fueron denunciados penalmente en la agencia del MP de Atención al Turista en Zihuatanejo por José Luis Alejandro Espíndola López, acusados por el delito de despojo del cerro del Guamilule, presuntamente propiedad del denunciante.
Desde 1961, la familia Garibo Vázquez tiene la posesión de este cerro, hecho conocido por todos los vecinos de Barra de Potosí y alrededores; a lo largo de los años, los Garibo y sus once hijos han sembrado palmeras y árboles frutales y han preparado el cerro para pastizales.
Desde julio de 2008, la familia Garibo Vargas, representada por la señora María Isabel, ha emprendido una lucha contra distintas personas, presuntos dueños de esas tierras, quienes pretenden despojarlos de las 148 hectáreas de tierra con vocación turística y privatizarla.
Uno de esos supuestos dueños son los socios que conforman la empresa Interad SA de CV, quienes para desanimar a los Garibo presuntamente les han enviado hombres que han quemado y destruido en tres ocasiones la casa que tenían en la parte más alta del cerro; la última vez, el 10 de julio de 2008.
Además de las agresiones a su patrimonio, la familia Garibo Vargas enfrentó en ese mismo año dos denuncias penales por el delito de despojo; una interpuesta por los representantes legales de la empresa Interad, y la otra, por el particular José Luis Alejandro Espíndola López, ésta última en noviembre de ese año.
El supuesto agraviado, Espíndola López, jamás ha tenido la posesión de esas tierras, amén que no es una persona conocida en la comunidad Barra de Potosí, la cual fue fundada a finales de los años 50.
En su momento, Isabel Garibo y su esposo presentaron copias certificadas de la denuncia por despojo que meses antes habían enfrentado por parte de la empresa Interad SA de CV, las cuales constan en la averiguación previa AZUE/PETA/047/2008 en la que le demostraron plenamente que desde 1961 la familia Garibo Vargas tiene la posesión del cerro.
Además, presentaron las copias certificadas de la causa penal 22/2009-2 de esa empresa, representada jurídicamente por Pedro Olea Bracamontes, en las que demostraron que el juez responsable de la causa negó la orden de aprehensión en su contra porque la empresa presuntamente agraviada –Interad SA de CV– no demostró que tiene la propiedad sobre el predio del que la familia Garibo tiene la posesión desde 1961.
También le exhibieron copias del informe que en su momento rindió el director jurídico de lo contencioso, José Arturo Monterrubio Nájera, y la subdirectora de Colonias Agrícolas y Ganaderas, ambos funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria; en el que informan que en esa dependencia no obra ningún título de propiedad del cerro, pero aún así el agente del MP que integró la denuncia determinó que había elementos para solicitar el ejercicio de la acción penal en contra de Garibo Vargas y de su esposo, por lo que consignó la denuncia al Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia en el Distrito de Azueta, cuyo juez, Carlos Meza Román, giró una orden de aprehensión en contra del matrimonio el mes de abril pasado.
Garibo y su esposo, solicitaron que el expediente 40-2/2011 fuera enviado al Tribunal de Alzada en el puerto de Acapulco, para que una instancia superior volviera a revisar el caso, toda vez que en un juicio anterior ya habían sido juzgados y exonerados por el mismo delito, “pero en el camino perdieron el expediente durante dos meses, con la finalidad de darle tiempo al juez para hacer la diligencia que quisieron llevar a cabo hoy jueves”, dijo la señora Isabel.
Ayer jueves, el juez Carlos Meza, acompañado del segundo secretario de acuerdos de su tribunal, así como por el presunto propietario del cerro del Guamilule, sus abogados y varios policías preventivos del municipio de Petatlán, intentaron llevar a cabo la diligencia en la que le daría posesión de las tierras a Espíndola López, quien además llevaba a un matrimonio que aseguró son sus huerteros (cuidadores del cerro), que han vivido ahí durante mucho tiempo.
El juez y acompañantes fueron recibidos por unos 25 integrantes de la familia Garibo Vargas así como por miembros de la UCD encabezados por Bernardo Solís Radilla, quienes machete y piedras en mano, advirtieron a los recién llegados que “aquí no van a hacer nada”, al tiempo que Isabel Garibo le mostró a Meza Román un amparo que le concedió el Juzgado Cuarto de Distrito de Guerrero contra cualquier acción que él pretendiera hacer en ese lugar.
Durante unos 10 minutos, el abogado del supuesto dueño, José Luis Delgado, y los miembros de la familia Garibo sostuvieron una conversación ríspida, “vuélveme a amenazar de muerte como lo hiciste aquella vez que fuiste a mi puesto, vuélvelo a hacer aquí delante de todos”, lo retó la señora Garibo.
Luego de leer el documento, el juez se dirigió a sus acompañantes y les dijo que ese amparo le impedía llevar a cabo la diligencia, por lo que les recomendó que lo mejor era que se retiraran y así lo hicieron.
Isabel Garibo hizo un llamado al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Martínez Garnelo, “le pido que atienda personalmente este caso, no es posible que si ya fuimos enjuiciados y juzgados por el mismo delito y se nos declaró inocentes, este juez se esté prestando a corruptelas; porque no le puedo llamar de otra manera, se preste para perjudicarnos; somos gente pobre, pero honesta, de trabajo; no es posible que ese juez no conozca las leyes y le haya dado entrada a un asunto que es meramente agrario”.
Comentó también que “aquí hemos vivido y aquí vamos a seguir viviendo, para que de una vez lo sepa el juez y toda la gente que lo acompañaron, la próxima vez no vamos a ser tan tolerantes”.
Más información sobre este nota:
Empresario pretende desalojar a una familia que vive en el cerro del Huamilule - La Voz de Zihuatanejo, 30 de Junio, 2011
Denuncia actuación irregular del juez, la familia que posee El Guamilule, en Barra del Potosí - El Sur de Acapulco, 23 de Junio, 2011
Denuncia familia hostigamiento del MP de Azueta por la posesión de un cerro en Barra de Potosí - El Sur de Acapulco, 21 de Junio, 2011
