Es inconcebible que la Sra. María Isabel Garibo Vargas y su familia siguen siendo hostigados por un despreciable empresa sucia aparentamente en contubernio con elementos corruptos del gobierno, pero una vez más las acciones del gobierno se prestan a la única conclusión lógica de que haya tráfico de influencias al mayor postor dentro del gobierno y especificamente dentro del dizque sistema de justicia.
Denuncia familia hostigamiento del MP de Azueta por la posesión de un cerro en Barra de Potosí
El Sur de Acapulco - 14 de Marzo, 2011
Brenda Escobar - Zihuatanejo
La posesionaria del Cerro del Huamilule, ubicado en la comunidad turística Barra de Potosí, María Isabel Garibo Vargas, denunció que ella y su esposo son hostigados por el Ministerio Público de Atención al Turista en Zihuatanejo y por el director general Jurídico Consultivo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quienes consignaron una denuncia en su contra, la cual fue puesta por un particular que se dice dueño del cerro.
Este domingo en conferencia de prensa en las oficinas de la Unión Campesina Democrática, en esta ciudad, Garibo Vargas, acompañada de su esposo Eulises Damián López, declararon que a finales de 2008 fueron denunciados penalmente en la Agencia del MP de Atención al Turista por José Luis Alejandro Espíndola López, por el delito de despojo del cerro del Huamilule, presuntamente propiedad del denunciante.
Desde 1961, la familia Garibo Vázquez tiene la posesión de dicho cerro, conocido por todos los vecinos de Barra de Potosí y alrededores, y los Garibo y sus 11 hijos han sembrado palmeras y árboles frutales y han preparado la zona para pastizales.
Desde julio de 2008, la familia Garibo Vargas, representada por la señora María Isabel, ha emprendido una lucha contra quienes se han ostentado como propietarios de esas tierras, quienes pretenden despojarlos de las 148 hectáreas con vocación turística.
Uno de esos supuestos dueños son los socios que conforman la empresa Interad SA de CV, quienes han enviado personas que han quemado y destruido en dos ocasiones la cabaña que tenía la familia en la parte más alta del cerro, la última vez el 10 de julio de 2008.
Además de las agresiones a su patrimonio, la familia Garibo Vargas enfrentó en ese mismo año dos denuncias penales por el delito de despojo: una interpuesta por los representantes legales de la empresa Interad, y la otra por el particular José Luis Alejandro Espíndola López, en noviembre de ese año.
Ayer domingo, en la conferencia de prensa, María Isabel Vargas dijo que junto con su esposo acudieron al MP a rendir su declaración, en la que manifestaron que el supuesto agraviado “jamás ha tenido la posesión de las tierras, nadie lo conoce en Barra de Potosí, nadie lo ha visto; sólo yo en una ocasión hace 10 años, cuando se presentó en mi local para amenazarme a que nos atuviéramos a las consecuencias porque según esas tierras eran suyas”.
Agregó que en esa ocasión, le presentaron al MP, Raúl Chacón Montañez, copias certificadas de la denuncia que meses antes habían enfrentado por parte de la empresa Interad SA de CV, las cuales constan en la averiguación previa AZUE/PETA/047/2008 en la que le demostraron que desde 1961 la familia Garibo Vargas tiene la posesión del cerro; “en esas copias también presentamos la declaración de los testigos quienes dan testimonio que desde entonces, mi familia ha ocupado el cerro”.
“También le presentamos las copias certificadas de la causa penal 22/2009-2 donde esa empresa, representada por Pedro Olea Bracamontes, en las que demostramos que el juez responsable de la causa negó la orden de aprehensión en nuestra contra porque la empresa presuntamente agraviada no demostró que tiene la propiedad sobre el predio del que nosotros tenemos la posesión”, agregó.
Además de lo anterior, también le exhibieron a Chacón Montañez copias del informe que en su momento rindió el director jurídico contencioso José Arturo Monterrubio Nájera y la subdirectora de Colonias Agrícolas y Ganaderas, ambos funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria, en el que informan que en esa dependencia no obra ningún título de propiedad del cerro.
“Todos esos documentos se los presentamos al agente del MP y aún así determinó que había elementos para solicitar el ejercicio de la acción penal en nuestra contra”, se quejó la agraviada.
“Pese a las pruebas que nosotros le presentamos y que ya habían sido desahogadas en una denuncia penal similar y que fue consignada el juez determinó que no había elementos, pero el licenciado Chacón sorpresivamente solicitó a la Dirección General Jurídico Consultiva de la PGJE que determinara, allá en Chilpancingo, que la denuncia debía de ser consignada ante el juez pidiendo el ejercicio de la acción penal”, señaló.
La mujer consideró que el agravio “es una injusticia y una clara venta de la justicia al mejor postor; no sabemos cuál es el interés del licenciado Chacón y el director jurídico para asegurar que nosotros cometemos un delito cuando ya nos juzgaron por lo mismo y no nos encontraron culpables. Esas pruebas que le presentamos no les importaron, lo que nos hace pensar es que recibieron dinero”.
“Nosotros le hacemos un llamado al juez que vaya a recibir nuestro caso que considere las pruebas que nosotros estamos aportando; son copias certificadas de la denuncia que puso en contra nuestra la empresa Interad y que perdió porque somos nosotros los legalmente posesionarios del cerro; le pedimos que no se preste a corruptelas ni se preste a contubernios turbios por encima de la justicia”, pidió.
